El presidente del CGPJ pide a los políticos que no cuestionen la imparcialidad de los jueces
La mayoría conservadora del órgano pide una reunión tras los últimos ataques de varios diputados
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respondido los últimos ataques a los jueces en el Congreso. Vicente Guilarte ha pedido este miércoles a los políticos que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial. Lo hace poco después de que la mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces le haya solicitado que convoque un Pleno extraordinario después de que varios diputados volvieran a verter graves descalificaciones contra los magistrados durante el debate de la ley de amnistía en el Congreso.
«Hago de nuevo un baldío pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, cuyo proceder se guía por el principio de legalidad», ha afirmado Guilarte durante su intervención en el acto de inauguración del curso 2024-2025 de la Escuela Judicial en Barcelona.
Durante el debate de la ley de amnistía del pasado lunes, diputados de Junts, ERC, Bildu y Sumar aludieron al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó y condenó el procés; al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga Tsunami Democràtic; y al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga el caso Voloh.
El CGPJ contra los ataques
«Permitidme que una vez más, y lamento ser cansino pero más lo son ellos, haga referencia a lo sucedido en el Congreso. Amén del sainete y en lo que nos afecta, volvimos a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la Carrera Judicial. Salió al paso inequívocamente de todo ello el titular de Justicia, lo cual celebro y secundo desde mi accidentada posición al frente del CGPJ», ha manifestado Guilarte durante su intervención.
El presidente interino del órgano de gobierno de los jueces recordad que estos diputados «que nos insultan» son parte del Poder Legislativo de «un Estado que los acoge y les brinda su tribuna». Y ha insistido: «La lealtad institucional debiera llevarles al respeto de la independencia judicial y de separación de poderes que yo intento preservar desde lo nuestro frente a lo suyo, pero sin que me sea posible ante sus constantes injerencias».
Guilarte considera que algunos representantes públicos «utilizan desviadamente» la tribuna para «cuestionar desde el insulto al Poder Judicial». No es la primera vez que sucede. A mediados de diciembre, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, soliviantó los ánimos de la judicatura tras acusar a jueces y periodistas de actuar contra el independentismo. La dirigente independentista llegó a atacar a varios magistrados con nombre y apellidos y les tildó de «indecentes».
«En un país normal serían cesados y juzgados de inmediato», insistió Nogueras. Una postura que mantuvo días más tarde en una nueva intervención. Incluso llegó más lejos al cargar contra Guilarte por «la injerencia de la cúpula judicial» en el Poder Legislativo. La portavoz de Junts también pidió al presidente, Pedro Sánchez, que frenara «la judicialización de la política». El presidente del CGPJ salió al paso de los ataques y los tildó de «inadmisibles».
Citar a jueces por lawfare
La intervención de Nogueras también tuvo reacción por parte del presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán. El magistrado también canceló una reunión con Félix Bolaños ante el enfado de muchos jueces con el Gobierno, que consideraron que no les defendió. El Consejo Fiscal también decidió amparar a los compañeros que actuaron o actúan en los procedimientos derivados del procés tras los ataques por lawfare.
A finales de diciembre, el Pleno del CGPJ ya acordó instar al Congreso y al Senado a que se abstuvieran de citar a jueces y magistrados para declarar ante las comisiones de investigación, ya que no tienen la obligación de acudir. El propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que los miembros del Poder Judicial no pueden declarar en las comisiones parlamentarias.