El CGPJ demanda que las intervenciones parlamentarias aseguren el respeto a los jueces
El Pleno del Consejo aprueba por unanimidad una declaración institucional tras los últimos ataques en el Congreso
Imagen de archivo de un pleno presidido por Vicente Guilarte. | CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advierte a los diputados: «La inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad» a sus ataques contra los miembros de la judicatura. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces, reunido con carácter extraordinario este lunes, ha aprobado por unanimidad una declaración institucional tras las acusaciones de lanzadas por los portavoces de varias formaciones el pasado 30 de enero en el Congreso, durante del debate de la amnistía. Los vocales demandan que las intervenciones en las Cámaras aseguren el respeto a la independencia del Poder Judicial.
El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, convocó el pasado miércoles un pleno extraordinario, tal y como solicitaban los nueve vocales del sector conservador. En su escrito reclamaban «un pronunciamiento» contra las declaraciones de diversos diputados y «la aquiescencia y mutismo» de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol.
La declaración, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE,, sostiene que las manifestaciones realizadas por los diputados «en el libre desarrollo plural de una sesión plenaria» no resta gravedad a sus palabras, aunque «se encuentren especialmente protegidos por la inviolabilidad parlamentaria». El texto se queja de que en el debate parlamentario se vienen profiriendo acusaciones de lawfare contra miembros del Poder Judicial, un asunto sobre el que ya se pronunciaron en el Pleno del 21 de diciembre.
El CGPJ pide respeto
La reunión, que se ha extendido durante tres horas, ha terminado en fumata blanca. Para ello, el sector conservador ha tenido que rebajar la redacción en varias ocasiones. El objetivo era alcanzar un acuerdo de mínimos al que se sumaran los vocales del ala progresista. Estos ya habían anunciado que no respaldarían una declaración que incluyese críticas a Armengol, como se hizo en la petición de la convocatoria del pleno.
El escrito consta de cuatro puntos y rechaza «con toda firmeza» determinadas manifestaciones y comportamientos de los diputados. Asegura que los miembros del CGPJ seguirán defendiendo la independencia de los jueces, pero reconoce que en el curso de las intervenciones parlamentarias debería asegurarse «el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial».
Los vocales recuerdan que el respeto institucional debe presidir las relaciones entre todos los Poderes del Estado, tal y como señaló el Consejo Consultivo de Jueces Europeos en 2015. «Ante una injerencia inadecuada, los poderes del Estado deben cooperar con lealtad para restablecer el equilibrio y, con ello, la confianza de la sociedad en el buen funcionamiento de las instituciones públicas», aseguró el citado órgano en un dictamen.
Los miembros del CGPJ insisten en que las críticas deben formularse en «un clima de respeto mutuo» ya que «existe una clara diferencia entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y presiones inadecuadas hacia el poder judicial, por otra parte». Los vocales del Consejo se quejan de los ataques que lanzaron diputados de Junts, ERC, Bildu y Sumar el pasado lunes, durante el debate de la ley de amnistía.
«Movimientos oscuros»
Los parlamentarios aludieron al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó y condenó el procés; al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga Tsunami Democràtic; y al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que indaga el caso Voloh.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, habló de «jueces prevaricadores» y mencionó a los tres togados, mientras que la diputada morada Martina Velarde advirtió sobre «una ofensiva judicial salvaje» contra la futura amnistía apuntando al «sector reaccionario judicial» y, en concreto, a García-Castellón. Gerardo Pisarello, de Sumar, también lo señaló al hablar de «un juez de la Audiencia Nacional cercano a Aznar que no vio implicación de María Dolores de Cospedal» en Kitchen.
Los diputados de ERC Pilar Vallugera y de EH Bildu Jon Iñarritu no se refirieron a jueces concretos, pero sí al Poder Judicial. El parlamentario vasco, por ejemplo, alertó sobre «movimientos oscuros» procedentes del ámbito judicial. Durante la sesión plenaria, la diputada de Vox María José Rodríguez de Millán exigió a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, que llamara al orden a sus señorías, solicitud que no atendió, aunque pidió que guardaran «el debido decoro».
No era la primera vez un diputado señalaba al Poder Judicial. A mediados de diciembre, Nogueras ya soliviantó los ánimos de la judicatura tras acusar a jueces y periodistas de actuar contra el independentismo. La dirigente de Junts atacó a varios magistrados con nombre y apellidos y les tildó de «indecentes». E insistió: «En un país normal serían cesados y juzgados de inmediato». Una postura que mantuvo días más tarde en una nueva intervención.
La Comisión Permanente
El presidente del CGPJ salió al paso de los ataques y los tildó de «inadmisibles». Días más tarde el Pleno del Consejo instó por unanimidad al Congreso y al Senado a no citar a jueces para declarar sobre hechos conocidos en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional. Guilarte también criticó la semana pasada las declaraciones contra el Poder Judicial y pidió a los representantes públicos que dejasen de cuestionar la imparcialidad de los jueces ya que su «proceder se guía por el principio de legalidad».
La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ya emitió una declaración unánime el 19 de enero expresando su «rotundo rechazo» a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, que consideró que la forma de proceder de García-Castellón era «contrarias» al «deber de respeto a la independencia judicial». Precisamente, el Pleno también ha rechazado sustituir a Pilar Sepúlveda (vocal propuesta por el PSOE) por Enrique Lucas (por el PNV).
