El fiscal Stampa: «Dolores Delgado me sometió a una investigación ilegal, arbitraria e injusta»

Ignacio Stampa ajusta cuentas con Dolores Delgado en El Complot (Esfera de los Libros), que sale a la venta este miércoles. El primer fiscal del caso Villarejo, también llamado Tándem, relata en sus 400 páginas como su labor quedó bajo sospecha tras unas filtraciones que le señalaban por facilitar información de la causa a Podemos, algo que luego se demostró falso. El Ministerio Público inició una investigación que le impidió aspirar a una plaza en la Fiscalía Anticorrupción, donde se encontraba en comisión de servicios. Si la causa se hubiese cerrado antes, como pedía el instructor, habría cambiado la película.

Apunta como responsable a la que fue fiscal general del Estado entre febrero de 2020 y julio de 2022. Stampa (Madrid, 1973) acusa a la exministra socialista de desviación de poder, aunque a través de órdenes encubiertas que ejecutaba su número dos, Álvaro García Ortiz, que fue quien relevó a Delgado en el cargo. Meses después aprobó una circular sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal que, según el autor de El Complot, ampara la persecución que sufrió y abre la puerta a que pueda repetirse con otras personas, no solo fiscales.

La circular llegó el mismo día en que Stampa cumplía 49 años. Él no cree en la casualidades, que son abundantes en el libro (el primero y el último que espera escribir en su vida). Tres años después de lo ocurrido, sigue pleiteando para esclarecer los hechos. Demanda documentos de su propia investigación para demostrar que hubo una mano negra que, de forma «ilegal, arbitraria e injusta» le apartó del caso Villarejo y le privó de una plaza en la Fiscalía Anticorrupción. Su obra es un gesto «de absoluta sinceridad y transparencia». El mismo que, asegura, faltó con Delgado y García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado.

PREGUNTA.- ¿Por qué era necesario escribir este libro?

RESPUESTA.- Para lograr una paz interior que yo necesitaba desde hace varios años. Y porque estaba viendo que se difundían noticias que, o eran incompletas o eran falsas, y no quería seguir contribuyendo como encubridor a los provocadores de esas noticias. Si yo no contaba la verdad iba a seguir amparando a todos los que hicieron y cometieron las ilegalidades que se cometieron conmigo. En segundo lugar, porque creo que ninguna otra persona se merece lo que yo pasé.

P.- Continúe.

R.- Actualmente, el ordenamiento jurídico que regula las diligencias de investigación de los fiscales ampara todo lo que me hicieron a mí. Por tanto, ningún otro fiscal ni ningún otro ciudadano se puede ver sometido a una investigación como la que yo sufrí. Eso es lo que pongo de manifiesto, que las normas se han cambiado cuando se ha visto que reaccioné ante determinadas ilegalidades y que estoy acudiendo a los tribunales para que se declare la desviación de poder en la que se incurrió al investigarme.

P.- ¿Por qué tardó tanto tiempo en romper su silencio?

R.- En los siete años que transcurren desde que se empieza a investigar el caso Villarejo hasta hoy he hablado dos veces. Una para una entrevista que se difunde en febrero del 2023. Pasan 38 meses desde que comienzo a investigar hasta que empiezan los ataques y se me conoce públicamente. Es verdad que algunos podían saber qué fiscales llevaban el procedimiento, pero no salíamos en los medios. Cuando se me empieza a atacar y se me niega la plaza en Anticorrupción y pasan todos aquellos acontecimientos tardo otros 32 meses en volver a hablar. ¿Por qué estoy callado? Porque mi responsabilidad es la de estar callado, aunque el primer impulso es salir a contestar.

P.- Pero no lo hace.

R.- Salir en caliente tiene peligro. Además, es una reacción que va a hacer poco efecto porque la tormenta con la que podía enfrentarme en aquel momento era mucho más poderosa que ahora. Entonces procuré tener sosiego, tener calma e ir acumulando información. Y sobre todo, no podía hablar hasta que no se dictara la primera sentencia del caso Villarejo, que eso es una condición que me puse.

P.- ¿Y qué denuncia?

R.- Lo que yo pongo de manifiesto es una desviación de poder constante de Dolores Delgado. Como no puede aparecer en la investigación por los vínculos personales que tiene con el procedimiento, utiliza su mano derecha, que en aquel momento era el jefe de la Secretaría Técnica y actual fiscal general del Estado (Álvaro García Ortiz), para llevar a cabo toda esa desviación de poder. Lo que hacen es perseguirme. Me someten a una investigación ilegal, arbitraria e injusta.

P.- ¿Qué le convertía a usted en alguien tan peligroso?

R.- No lo sé. Yo era funcionario. No era peligroso ni dejaba de serlo. Me parece más peligroso mi compañero, mucho más experto, mucho más veterano de lo que podía ser yo (El fiscal Miguel Serrano). Simplemente estábamos avanzando en nuestras investigaciones y todavía no sé cuáles son los motivos concretos por los que me someten a semejante humillación pública y a un procedimiento penal totalmente arbitrario.

«Se atacó y vilipendió mi imagen personal y profesional, la de un funcionario que estaba discretamente investigando un caso de corrupción»

P.- ¿Se quería obstaculizar el procedimiento?

R.- No sé cuáles son las razones concretas para que me pasara eso, porque el caso ha seguido investigándose. Yo no seguí, pero siguió Serrano y otros tres compañeros para hacer la parte de trabajo que hacía yo. Como yo tampoco le hice nada a ninguna de las personas que me hostigaron, pues no sé cuáles son realmente sus motivaciones.

P.- Usted quedó fuera de la Fiscalía Anticorrupción y esas personas que señala usted en el libro fueron premiadas.

R.- ¿Premiadas porque Delgado asciende a fiscal de Sala y García Ortiz a fiscal general? Bueno, a veces hay determinadas partes de la historia que se escriben así, pero el tiempo pone todas las cosas en su sitio. A lo mejor.

P.- Su libro revela actuaciones de personas que ostentan cargos relevantes que rayan las formas de la mafia.

R.- Bueno, se utilizan las maniobras de intoxicación informativa que presuntamente vendían los proyectos de gestión de crisis del comisario Villarejo a sus clientes. Se ataca y se vilipendia la imagen personal y profesional de un funcionario que está discretamente investigando un caso de corrupción.

P.- ¿Por qué se lo encargan usted, un recién llegado?

R.- No lo sé. Manuel Moix confía en mí. Objetivamente era el más joven, el más novato y el más inexperto en esa Fiscalía. Eso está fuera de toda duda. No sé si se me encargó a mí por turno de reparto. No lo sé exactamente.

P.- Fue desplazado de la Fiscalía Anticorrupción y lleva seis pleitos de los que ha ganado dos para demostrar su inocencia. ¿Hasta dónde va a llegar o le van a dejar llegar?

R.- Me tienen que dejar. O sea, yo tengo la libertad para ejercer acciones judiciales en todos los órdenes. Otra cosa es cuánta documentación voy a contar para poder intentar defenderme. Por eso hay tantos procedimientos judiciales en marcha, porque la mayoría son para obtener documentos para otros procedimientos que son más importantes. ¿Hasta dónde voy a llegar? Pues hasta que los termine, si algún día me dejan terminarlos.

P.- ¿Qué necesita?

R.- Todo sería mucho más sencillo si me dieran la documentación. Pero mire, le puedo decir una cosa: en nuestra profesión sabemos que los que ocultan las pruebas son los que han hecho algo malo. Entonces, no sé por qué hay tanto interés en ocultar las pruebas de todo lo que está relacionado conmigo y con su actuación.

P.- ¿Qué documentos le ocultan?

R.- Por ejemplo, las razones por las que Luis Navajas (teniente fiscal del Tribunal Supremo en ese momento) no está presente en el Consejo Fiscal en el que se rechaza mi candidatura a la plaza de la Fiscalía Anticorrupción. Lo he pedido en varias ocasiones y la Fiscalía General del Estado, por orden de García Ortiz, no me quiere dar las razones por las cuales están en blanco los huecos relacionados con la ausencia de Navajas. Tengo derecho a saber porque una de las personas que tenía que votar de forma preceptiva, aunque no fuera vinculante, no estuvo. Sobre todo cuando concurren dos circunstancias. La primera, que Delgado sostuvo que no me pudo proponer para el puesto porque nadie me votó (es necesario obtener al menos un voto). Y la segunda, que Navajas ya había dicho que me iba a votar. Por eso es tan extraño que no me quieran dar las razones por las que se ausentó de aquel Consejo Fiscal. Todo es un poquito sospechoso.

«En nuestra profesión sabemos que los que ocultan las pruebas son los que han hecho algo malo»

P.- ¿Ha tenido alguna posibilidad de hablar con Delgado o García Ortiz?

R.- No tengo ninguna posibilidad de relación ni les he visto en mi vida. Les vi una vez en la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2o20 porque fueron a hacer una visita, pero no les había visto antes. Un fiscal normal de la Fiscalía de Madrid no tiene esa relación directa con un fiscal general del Estado.

P.- Después de su caso, la Fiscalía cambió algunas normas de funcionamiento.

R.-En mi caso se pone una denuncia en la Fiscalía y por tanto lo investiga la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid por razón de mi aforamiento como fiscal de Madrid. La primera ilegalidad que se produce es que solamente se me investiga a mí y no al fiscal Miguel Serrano, que también es denunciado. Pero eso no forma parte de los cambios normativos. El cambio normativo que se produce es que cuando los fiscales de Madrid, que son los competentes, le informan a la Fiscalía General del Estado de que lo quieren archivar, no les dejan y reciben la instrucción verbal de la fiscal general materializada por escrito a través de una fórmula llamada sugerencia, absolutamente inaudita, del jefe de la Secretaría Técnica, en virtud de la cual le dicen que no puede cerrar el caso y que siga practicando diligencias.

P.- ¿Y entonces?

R.- Esa sugerencia se atiende hasta que vuelven a pedir cerrar el caso una segunda vez antes de la fecha para el concurso. Se da cuenta otra vez de que se ha decidido archivar, pero tampoco se les deja. Entonces la dación de cuenta era obligatoria, y lo sigue siendo en un caso de trascendencia como el mío, pero no la orden de que eso no se puede hacer. Ahora en una investigación de trascendencia no se puede tomar ninguna decisión sin que antes lo autorice el fiscal general del Estado. Eso no estaba escrito antes. Como eso es lo que hicieron conmigo a través de órdenes verbales para que no aparecieran nunca el fiscal general del Estado, para validar retroactivamente lo que me hacen a mí y para defenderse de los procedimientos judiciales míos, ahora han dicho que ningún fiscal que investiga a una persona en un asunto trascendencia puede tomar ninguna decisión si no se lo autorizan.

P.- El principio de jerarquía obliga.

R.- Cualquier orden de fiscal general de Estado debe cumplirse, salvo que sea ilegal o improcedente. Y la segunda gran modificación normativa que se produce es que esas comunicaciones que hay entre la Fiscalía que investiga y la Fiscalía General del Estado no se pueden incorporar al procedimiento, como hicieron conmigo en garantía de mi derecho de defensa, sino que se va a mantener de forma reservada y secreta entre las fiscalías, al margen de que lo conozca el investigado y su abogado. Por tanto, se puede dar el caso, como me ocurrió a mí, de que quien dirige la investigación no es el fiscal que te investiga, sino que es un superior jerárquico y no te enteras de por qué se están tomando determinadas decisiones. No se trata de una cuestión de cooperación entre funcionarios ni una cuestión burocrática, es que se está dirigiendo la instrucción o la investigación por parte de otro órgano y eso entiendo que lo tiene que saber el investigado.

P.- Pero Delgado era fiscal general del Estado.

R.- Tenía capacidad para dar órdenes, instrucciones concretas, pero si fueran legales. Las da verbales porque no puede aparecer por esos vínculos personales que tiene.

P.- ¿Y eso cómo lo puede demostrar?

R.- Porque han dejado rastro, han dejado muchos rastros en el procedimiento. La participación de Delgado en la investigación es cristalina. Lo que pasa que se intenta ocultar, obviamente, porque es ilegal. Dejaron muchas pruebas. Hasta el punto de que sacaron todas esas pruebas del procedimiento y a mí me advirtieron de que no podía difundir y no podía hacer uso de todo lo que sabía y de guardar reserva de todo ello cuando yo era el investigado, era un ciudadano normal que por ser fiscal estaba aforado ante ese órgano. Las pruebas de que intervino Delgado son constantes.

P. ¿Cuál fue el papel del fiscal que le investigó, Carlos Ruiz Alegría?

R.- Propone el archivo. Lo que pasa es que el jefe estaba de acuerdo pero el fiscal general no. Llega un momento en que, como están constantemente negando ese cierre y pidiendo más cosas, ese fiscal instructor dice que no hace nada más, porque todo está muy claro, y se ratifica en su propuesta de archivo. Como no cumple las sugerencias, que no es una orden formal, no puede utilizar los mecanismos que tenemos los fiscales para oponernos al cumplimiento de una orden ilegal o improcedente, que es convocar una junta de fiscales y que el debate sea público entre todos los miembros de la plantilla. Aquí el principio básico era mantenerlo oculto lo que estaban haciendo. Por tanto, cuando se dan sugerencias no se puede articular ese mecanismo de autodefensa del fiscal.

P.- ¿Por qué?

R.- La Fiscalía General del Estado no puede hacer público lo que me están haciendo porque entonces se demostraría que era Dolores Delgado la que intervenía directamente y la que lo dirigía. Lo que ocurre es que es el fiscal superior el que ya no solamente decide, sino que va a instruir también la investigación contra mí. Él mismo fiscal investiga y resuelve, pero sigue pidiendo siempre autorización al fiscal general del Estado para hacer lo que lo que haya que hacer. Propone dos veces más el archivo y, al final, se firma con un cambio absolutamente adulterado en sus conclusiones.

P.- Y eso supone un punto de inflexión.

R.- Hasta aquel momento, febrero de 2021, a mí me exoneran absolutamente de cualquier irregularidad. Las conclusiones eran muy contundente, no había el menor indicio. Incluían también a Serrano en la ecuación. Por lo tanto, se hablaba de dos fiscales denunciados y se ensalzaba nuestro trabajo. Al final, por la intervención de la fiscal general y de García Ortiz, se contamina y se queda como una nebulosa. Dicen que no se ha podido demostrar la participación del fiscal denunciado en los hechos sin ningún cambio respecto a todas las veces anteriores en las que habían dicho que no había el menor indicio. Es otro cambio en perjuicio mío arbitrario y absolutamente ilegal.

P.- En noviembre una sentencia del Tribunal Supremo señaló a García Ortiz por desvío de poder en una decisión controvertida sobre su predecesora, a la que aupó al máximo escalafón fiscal.

R.- Lo condena por desviación de poder, que es algo muy serio. Es decir, para que en vía administrativa se reconozca jurídicamente que se ha incurrido en desviación de poder, tiene que haber mucho. Esa sentencia define un acto concreto de García Ortiz de desviación de poder, con Delgado, con un tráfico de favores y con esa forma de actuar que tenían los dos, y que yo puedo acreditar porque lo que hacen conmigo es eso: García Ortiz haciéndole los favores a Delgado porque ella dirigía una instrucción, una investigación de forma clandestina, dando órdenes, pero no asumiendo la responsabilidad porque no aparece. Lo que pasa es que luego lo hacen de forma torpe y sí aparece. Cuando dimite Delgado, aparece García Ortiz como fiscal general del Estado y en su toma de posesión dice que lo es gracias a su generosidad.

P.- ¿Ambas cuestiones están relacionadas?

R.- El Tribunal Supremo ha dicho que García Ortiz incurrió en desviación de poder al nombrar a Delgado porque su finalidad no era cumplir con elementos jurídicos sino hacerla fiscal de Sala porque era lo que se merecía. Él es fiscal general gracias a Delgado, según sus propias palabras. Algo puede tener que ver con todo el trabajo que ha hecho como mano derecha de Delgado, porque el jefe de la Secretaría Técnica es nombrado directamente por el fiscal general. Entiendo que algo tendrá que ver un asunto tan espinoso como mi investigación. Él se hartó de negar su participación para protegerla. Asumió una responsabilidad que supongo que ahora negará. En segundo lugar, lo negó en el Consejo Fiscal, engañándolo. Y lo ha negado ante un tribunal de justicia por escrito en de los procedimientos que tengo contra ellos.

P.- En los últimos días García Ortiz ha estado en el ojo de huracán por presuntas presiones a otro fiscal sobre Tsunami, aunque lo niega.

R.- No lo sé, voy leyendo un poco las noticias, pero es verdad que tengo que reconocer que tengo cierta cautela respecto a todo lo que leo. En el libro tuvieron un papel prioritario los medios de comunicación y por tanto, no es que no me fíe de unos y de otros, pero todo lo leo con cautela. En segundo lugar, el asunto no es mío. De fondo no he tenido acceso a los informes, con lo cual no los puedo valorar. Lo lleva un compañero del Tribunal Supremo. Y aunque fuese mío tampoco lo podría valorar.

«García Ortiz se hartó de negar la participación de Delgado para protegerla. Asumió una responsabilidad que supongo, ahora negará»

P.- ¿Ha podido haber cambio de criterio?

R.- Los fiscales somos un cuerpo jerarquizado. Para garantizar el principio de unidad de actuación todos tenemos que hacer lo mismo. Por eso tenemos jefes provinciales, jefes autonómicos y el fiscal general, que es el que imparte las instrucciones particulares o generales. Cualquier fiscal que reciba una orden o instrucción de un jefe tiene que cumplirla. Se puede debatir, se puede discutir y, si se considera ilegal o improcedente, se somete a la junta de fiscales, es decir, a toda la plantilla de la Fiscalía correspondiente. Creo que cambios de criterio hay en todas las profesiones del mundo y no tienen que sorprendernos. Cualquier juez puede cambiar de criterio como consecuencia de un recurso que se interponga. Y mientras esas cuestiones no sean ilegales o improcedentes, no nos deben extrañar.

P.- En los últimos tiempos se ha puesto de moda la palabra lawfare. ¿Usted lo sufrió?

R.- Tengo que confesar que todavía no sé exactamente qué es lawfare ni quién la ha definido. En mi caso concreto no intervino tampoco ningún juez. Lo mío fue una investigación preprocesal de la Fiscalía. Lo que sí le puedo decir es que en mi caso, todos los principales partidos políticos intervinieron de alguna forma.

P.- ¿De qué manera?

R.- Si lawfare es algo parecido a instrumentalizar la justicia en interés partidista, entonces le podría contestar que Podemos, y lo dejamos por escrito a los fiscales, intentó instrumentalizar el procedimiento para sus intereses políticos. Vox denunció a los fiscales por connivencia con Podemos. La fiscal general, nombrada a propuesta del PSOE. La única persona que dijo que se debía respetar mi presunción de inocencia fue el ministro de Justicia de entonces, Juan Carlos Campo. «Vamos a alcanzar el final de la escalera después de subir todos los peldaños». Fue la frase que dijo y yo la reproduzco en el libro. Fue la única persona institucional que puso un poco de cordura en aquel momento.

P.- Continúe.

R.- Quien más me atacó en el Parlamento y en declaraciones públicas no fue el partido que me denunció, sino fue el PP. Ciudadanos también preguntó al fiscal general del Estado en la comisión de Justicia del Congreso si era idóneo. Le preguntó por mi caso. Aparte de todo eso, Vox, que luego cambió de criterio, pidió que yo compareciera en una comisión de investigación. Y en el Parlamento Europeo, al comisario de Justicia, Didier Reynders, se le preguntó si el caso Stampa formaba parte del funcionamiento normal de la Fiscalía General de Estado. He estado en boca de todos los grupos políticos nacionales. No sé si lo han utilizado o no lo han utilizado, pero desde luego a todos les importó de alguna forma.

P.- Todo por encargarse del caso Villarejo. ¿Por qué cree que tiene tanto poder el comisario jubilado?

R.- Hemos registrado la celda de Villarejo una vez y su casa, dos veces. No por eso le conozco más. Sí que le he interrogado muchas veces y he podido aprender un poco a interpretarle y a anticiparme a lo que va a hacer. Cuando Villarejo nos ha amenazado lo hemos visto venir y luego se ha cumplido. El poder que tiene es única y simplemente el poder que da la información. Tiene información de mucha gente y de gente muy importante. A mí me protegieron las fuerzas de seguridad porque tenía información. Se podía pensar que había riesgo suficiente porque llevábamos un procedimiento, porque teníamos información y porque teníamos unas atribuciones procesales que nos hacían pedir cosas.

P.- Villarejo podría estar detrás de alguna conversación que pudo ponerlo a usted en el foco.

R.-Pensamos que fue él. No lo puedo acreditar porque no está probado ni lo ha confesado nunca. Tiene lógica pensar que algunas de las publicaciones de material que no estaba en el sumario o que está encriptado, es decir material al que no hemos accedido los profesionales, es lógico pensar que lo filtra él, pero no lo puedo afirmar.

P.- ¿Qué encontró en la casa de Villarejo?

R.- Un museo de la grabación en todos los formatos. Un búnker de seguridad. Eso se lo digo porque se publicó. Encontramos mucha más información de la que esperábamos encontrar, que esperamos encontrar mucha.

P.- De gente que ni imaginamos.

R.-No me imaginaba encontrarme a nadie en concreto. Tampoco sé si tiene mucho sentido, porque la mayoría de las cosas están en formatos que no puedes ver quién es. Solo en las microcasetes se podía leer algún nombre, pero el resto son pendrives, discos o CD’s que hasta que no los metes en un ordenador no sabes lo que es.

P.- No sé si le sorprendió más ese registro o la del socio de Villarejo, el policía Enrique García Castaño, cuyo abogado era Baltasar Garzón (pareja sentimental de Dolores Delgado).

R.- No me sorprende porque ese registro se produce el 11 de julio del 2018 y nosotros sabemos que es cliente de Garzón desde el 28 de mayo, que es cuando se presenta en la Fiscalía para decir que no le detengamos. O sea, no nos sorprende absolutamente nada. En una actuación tan grave como es un registro o una detención es normal que el director del despacho de abogados participe de forma directa y así se hizo constar.

P.- Que fuese el abogado de García Castaño, ¿le perjudicó en su relación con Delgado?

R.- No, en aquel momento no teníamos ningún problema con ella, era ministra. Si nos preocupó, es evidente. Y nos preocupó más cuando la nombran fiscal general del Estado, porque ya nuestro puesto depende directamente de ella. Garzón hizo varios comunicados en contra de nosotros. Es una situación bastante delicada. Lo que yo no me esperaba era descubrir después que con todos esos vínculos y todos esos avances que se publicaban y con todas esas conexiones, Delgado participara en mi concurso y dirigiera la investigación. Eso sí que lo que no me podía imaginar.

«El poder que tiene Villarejo es única y simplemente el poder que da la información. Tiene información de mucha gente y de gente muy importante»

P.- ¿Esas relaciones no le llamaron la atención?

R.- Uno tiene relaciones con mucha gente y si algunas de las personas con las que te relacionas están siendo investigadas qué vas a hacer. No por eso tienes que estar tú contaminado, pero sí que estás concernido en determinados asuntos o para determinados actos administrativos. Eso es lo que a mí me sorprendió. A mí que tengan relaciones de amistad me parece estupendo. Pero lo que no puede ser es tomar decisiones que afectaban a intereses directos procesales de ellos.

P.- ¿Delgado debió apartarse entonces de la investigación?

R.- Yo entiendo que sí. Pero lo hace de forma ilegal. Yo no sé si beneficia su pareja, pero lo hace de forma ilegal. Y lo hace tan ilegal que lo hace de forma encubierta y de forma verbal para que no quede constancia. Sobre todo cuando tiene un número dos que se va a encargar de decir repetidamente que ella no interviene. Las razones de por qué interviene todavía no las sé, pero que no podía intervenir, lo tengo clarísimo. Y de que interviene, también.

P.- ¿Ha temido alguna vez por su integridad física o su carrera como fiscal?

R.- Por mi integridad física, nunca. Por mi carrera profesional cuando Villarejo me dice si todavía no me habían echado entiendo que se refería a que todavía no me habían echado del asunto. El comisario se sorprendió de que le registraran la celda, pero alucinó cuando me vio a mí. Fue muy gráfico y eso lo vieron 1o funcionarios. Alucinó tanto que exclamó: «Todavía no te han echado. Qué acojonada debéis tener a mi amiga Lola (Dolores Delgado)». Pensé que era él quien la debía tener acojonada, pero no se lo dije.

P.- Para apartarlo usaron todo tipo de métodos. Incluso una relación sentimental con una abogada de Podemos, a la que usted le estaría filtrando información.

R.- Es propio de esa forma de actuar. Hemos dicho que el poder es la información, pero no tiene por qué ser siempre delictiva, puede ser deshonesta. Y una de las cosas que más buscaban era información deshonesta. Lo que se pretendían era machacar mi credibilidad profesional al revelar secretos, pero tenían que poner un gancho que creara morbo y que atrajera la atención y facilitará la difusión de ese mensaje. Lo cuento en el capítulo 19 del libro, y no por estudios estadísticos, sino porque la neurociencia demuestra porque nos gusta más creernos el morbo y por qué lo difundimos más.

P.- O sea, formaba parte de una estrategia.

R.- Esa factoría Villarejo era lo que él siempre buscaba. Si recuerda la grabación de la comida del Riantxo que se difunde, hablan de eso, que él tiene chicas que obtienen información y es cuando Delgado dice «información vaginal, éxito asegurado». Para que la gente se pudiera creer que Miguel Serrano y yo divulgábamos información se tienen que inventar algo más. No se lo inventan de la nada. Manipulan una información también averiada que va dando José Manuel Calvente, que es un abogado expulsado Podemos, que no solamente se quiere vengar del partido, sino también de una compañera del equipo jurídico que es esta letrada que le ha denunciado a él por acoso sexual.

P.- Y entonces lo meten a usted por medio.

R.- Lo hacen cuando lo único que hay sobre mí es un chat entre ellos. Ella le dice que le he preguntado por la edad de sus hijos. Eso es absolutamente cierto, porque me acuerdo de ese detalle, pero como si se lo pregunto a usted y no quiero tener ningún tipo de relación. En horas de pasillo hablas, comentas. Si recupera la hemeroteca, es lo único que había, y no es una palabra mía, sino que es una conversación entre ellos. Con eso justificaron que tenía una relación íntima con la abogada de Podemos.

P.- ¿De qué manera afectan esas filtraciones en vuestra labor en el caso Tándem?

R.- Cuando empezamos a comprobar que hay un ataque al procedimiento externo a través de la difusión de material no controlado, lo que procuramos es que a primera hora el jefe tenga la explicación del escándalo que se ha publicado. Los fiscales tenemos una norma: hay que informar al jefe de todo lo importante. Un jefe no debe enterarse por la prensa de nada, sino que son los fiscales los que tienen que dar cuenta de todo lo que pasa.

P.- ¿Cómo torpedean vuestro trabajo?

R.- Publicando escándalos, porque no se publicaba ninguna cosa inocua, sino que eran escándalos varios, como lo de Corinna Larsen. Entonces tienes que decirle al jefe si ya sabemos lo que es. Es lo primero que va a preguntar. Intentábamos mirar la prensa desde primera hora. Ya teníamos localizados los medios digitales que los publicaban. Nos íbamos directamente a mirar ahí. La jornada de trabajo no empezaba en el despacho, empezaba al despertarnos viendo la prensa digital. Así, durante varios años.

P.- Por lo que sugiere en libro ha sufrido el ataque de una mafia, aunque no utilice la palabra.

R.- He sufrido el ataque de dos organizaciones presuntamente criminales, porque son así definidas en la Audiencia Nacional, de la que muchos aprovecharon. Pero bueno, es una cuestión profesional. Hay que relativizarlo. Hay muchas cosas mucho peores. Yo tengo salud y mi familia tiene salud. Pasé un sufrimiento personal que viví en aquel momento como un drama, pero fue lo mejor que me pudo pasar.

P.- ¿Qué cosa?

R.- Salir de aquella Fiscalía. No de esa manera, pero me dio la fuerza para ir como Pulgarcito encontrando cosas y recogiendo las migas para juntarlas y ver en retrospectiva qué fue lo que pasó. Al final creo que se puede sacar la conclusión de que tenemos que impedir que esto le vuelva a pasar a otro compañero, porque lo que están haciendo es precisamente lo contrario: intentar tapar lo que pasó y validar que esto le pueda pasar a cualquier persona. Incluido usted si alguna vez es sometido a una investigación de trascendencia por parte de la Fiscalía. Que sepa que el fiscal que la investigue no podrá tomar ninguna decisión si no lo autoriza el fiscal general. Es que es muy escandaloso. Eso es lo que hicieron conmigo cuando estaba prohibido. Y ahora lo han autorizado.