La Fiscalía rechaza que se impute a Rajoy en Andorra por apreciar «finalidad política»
La justicia andorrana investiga si durante su gobierno se maniobró de forma ilegal para obtener información de Pujol
Mariano Rajoy en un acto contra la amnistía en Madrid. | Jesús Hellín (Europa Press)
La Fiscalía rechaza que Mariano Rajoy sea imputado en Andorra. El Ministerio Público ha presentado un informe ante el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid donde pide que se descarte la reclamación andorrana porque no tiene competencia jurisdiccional y, además, aprecia «una clara finalidad política». La justicia de ese país investiga si, desde el Ministerio del Interior en su etapa como presidente del Gobierno, la Policía y el Gobierno realizaron maniobras ilegales para obtener información bancaria de la familia de Jordi Pujol para contrarrestar el procés.
En un informe que ha presentado la Fiscalía Provincial de Madrid solicita al juzgado de la capital que dio curso a la petición de colaboración judicial remitida desde Andorra, que rechacé imputar a Rajoy. El escrito, adelantado por ABC y confirmado por este diario, está firmado por la fiscal delegada de Cooperación Internacional de Madrid.
En sus 16 páginas, la fiscal sostiene que se debe descartar la comisión rogatoria admitida en junio de 2022 sin más trámite ni control de legalidad. Además, incide en «la carencia de elementos probatorios suficientes para colaborar judicialmente en la imputación de ciudadanos españoles a partir de querellas». La representantes del Ministerio Público sostiene que, aunque esas han sido presentadas por entidades andorranas, «es público y notorio que guardan estrecha relación con asociaciones catalanas».
Los ministros de Rajoy
La fiscal considera que en este caso la jurisdicción andorrana no tiene competencia para conocer de los delitos que se mencionan en la comisión rogatoria o para investigar a ciudadanos españoles con residencia permanente en España «por cuanto no se describe ninguna actuación que haya tenido lugar en el territorio de Andorra». También afea que la autoridad andorrana no haya justificado su propia competencia para este procedimiento.
La comisión rogatoria señala a Rajoy y a dos de sus ministros, Cristóbal Montoro (Hacienda) y Jorge Fernández Díaz (Interior) en la conocida como Operación Catalunya por delitos de chantaje, extorsión, falsedad documental y coacción a los órganos constitucionales andorranos. La causa se inició hace más de seis años, tras una denuncia de presentada por lnstitut de Drets Humans d’Andorra (IDHA), el colectivo de juristas Drets y el que fuese máximo accionista de la Banca Privada d’Andorra (BPA), Higini Cierco.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya dio la razón a Rajoy y sus ministros en diciembre de 2022, cuando acordó paralizar la solicitud de la justicia andorrana. De esa manera, corregía una decisión que había adoptado apenas dos meses antes. En tres autos diferentes, los magistrados estimaron los recursos de los antiguos miembros del Gobierno y suspendieron la decisión que adopto el departamento que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska, que daba curso a la comisión rogatoria.
Los magistrados defendieron entonces esa medida porque la ejecución de la comisión rogatoria «conllevaría perjuicios de difícil o imposible reparación al interesado». Las defensas de Rajoy, Montoro y Fernández Díaz habían alegado que se habían visto vulnerados sus derechos porque el juzgado en cuestión, al dar trámite a la citada rogatoria, no realizó el «previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional».
Contrarrestar el procés
Los hechos denunciados están relacionados con presuntas extorsiones, coacciones y chantaje desde 2014 por parte de agentes de la Policía Nacional a responsables de la BPA para conocer «mediante vías ilegales» una información bancaria secreta protegida por la legislación andorrana de varios gobernantes de Cataluña y sus familiares, entre ellos Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras.
En estos momentos, la de Andorra es la única causa judicial abierta por la operación parapolicial con la que, presuntamente, Interior intentó contrarrestar el proceso soberanista de Cataluña. Los demandantes sostienen que se activó un plan de forma prospectiva y sin control judicial pagado con fondos públicos durante la etapa de Rajoy. Unas revelaciones que llevaron a la Fiscalía a abrir una investigación que continúa abierta.
