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Tribunales

Archivan la querella de Vox contra altos cargos del Gobierno por compras contra la covid-19

El juez considera que la actuación del Ejecutivo fue «acorde con la situación de emergencia sanitaria mundial»

El líder de Vox, Santiago Abascal, durante una rueda de prensa | Jesús Hellín (Europa Press)

Un juzgado de Madrid archivado la querella que interpuso Vox en 2020 contra tres altos cargos del Gobierno por la tramitación de emergencia de varios contratos de compra de material sanitario en plena pandemia de coronavirus, al considerar su actuación «acorde con la situación de emergencia sanitaria mundial».

La titular del Juzgado de Instrucción número 26 rechaza que haya indicios de delito en la actuación aquellos días del director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y las directoras generales de Racionalización y Centralización de la Contratación y de Cartera Común del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

Considera que tanto su actuación como la forma en la que se negociaron los contratos por los que se querelló Vox fue «ajustada a derecho», de modo que decreta el sobreseimiento de la causa.

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Vox pidió al juzgado investigar la «contratación irregular» que estimaba que se había realizado desde Ingesa y el Ministerio de Sanidad en relación a 13 contratos de compra de material sanitario como mascarillas, guantes, equipos de protección o respiradores artificiales que se firmaron para hacer frente a la pandemia de coronavirus entre marzo y abril de 2020.

Entendía el partido liderado por Santiago Abascal que los contratos prescindían de los principios rectores que en la contratación pública, entre otras cosas por deficiencias en publicidad. Argumento que rechaza la jueza Concepción Jerez, que avala la tramitación de emergencia de los contratos y recuerda que la Organización Mundial de la Salud declaró en enero de 2020 que la situación suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional.

La magistrada alude a un informe del Tribunal de Cuentas, que analizó la mayoría de los contratos a los que se refería la querella de Vox y que constató que el objeto de los mismos estuvo «directamente» vinculado a la adopción de medidas para hacer frente a la covid-19.