La Eurocámara niega a Ponsatí la inmunidad que utilizó para plantar al juez Llarena
La Comisión de Asuntos Jurídicos archiva su petición para recuperar el privilegio que perdió en 2021
Clara Ponsatí durante su visita a Barcelona en julio. | Lorena Sopêna (Europa Press)
Clara Ponsatí vuelve a darse de bruces con el Parlamento Europeo. La Eurocámara le ha denegado la inmunidad que solicitó tras ser detenida el año pasado en Barcelona. La misma que alegó para no acudir a declarar al Tribunal Supremo ante el juez Pablo Llarena el 24 de abril. La Comisión de Asuntos Jurídicos ha determinado que su petición es «inadmisible» y recordado que tiene restringido ese privilegio desde marzo de 2021, cuando la institución atendió el suplicatorio del alto tribunal español contra ella, Carles Puigdemont y Antoni Comín. Los perjudicados recurrieron ante la justicia comunitaria, que sigue sin pronunciarse.
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo decidió el pasado martes, en una reunión que se celebra a puerta cerrada, no atender la solicitud de inmunidad de Ponsatí. Sus miembros aprobaron por unanimidad cerrar el expediente, del que es ponente el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki. A continuación, el presidente de la comisión, Adrián Vázquez (Ciudadanos), remitió una carta a la presidenta de la Eurocámara para informarle de las conclusiones y pedirle que lleve el asunto a Pleno.
La misiva, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, explica a Roberta Metsola que la demanda de defensa que solicitó Ponsatí se refiere «a los mismos hechos y procedimientos» por los que el Supremo solicitó a la Eurocámara la suspensión de su inmunidad parlamentaria mediante una carta en febrero de 2020. Razón por la que la comisión que preside Vázquez ha decidido archivar el expediente. Sostienen que la solicitud es «inadmisible» según el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento interno del Parlamento Europeo.
Ponsatí en Barcelona
El precepto al que aluden establece que la solicitud de amparo de los privilegios de un diputado, establecidos en el artículo 343 del Tratado de Funcionamiento de la UE, no es admisible cuando se haya recibido un suplicatorio de suspensión (como es el caso) o una solicitud de amparo de la inmunidad en relación con los mismos hechos, con independencia de que ya se haya adoptado una decisión respecto al suplicatorio.
El Pleno del Parlamento Europeo decidió suspender la inmunidad de Ponsatí (también la de Puigdemont y Comín) en marzo de 2021, después de que Llarena, instructor del procés en el Supremo, enviara un suplicatorio. La votación salió adelante con el voto favorable del PPE, los socialistas y los liberales. Los suplicatorios son habituales en la vida parlamentaria de Bruselas. De hecho, en la pasada legislatura hubo más de 70 peticiones y se aceptaron la mayoría.
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) mantuvo en julio la decisión de la Eurocámara de retirar la inmunidad a Ponsatí, Puigdemont y Comín, que huyeron a Bélgica para eludir la justicia española. Dicho tribunal echó por tierra sus alegaciones, en particular las quejas de que el Parlamento Europeo no tuvo en cuenta que el proceso judicial tras el 1-O se puso en marcha para dañarles. Los dirigentes independentistas recurrieron el fallo ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que aún no se ha pronunciado.
Llarena dejó sin efecto las euroórdenes de detención hace un año, a la espera de que se resolviera la cuestión de la inmunidad. Puigdemont ya fue detenido en Alemania, Bélgica e Italia, pero las autoridades locales rechazaron su entrega a España hasta que no exista una resolución firme de la justicia comunitaria. Ponsatí ha sido detenida en las dos ocasiones en las que ha visitado Barcelona, lo que ha servido para que el juez instructor haya cerrado la investigación y trasladado su causa para juzgarla.
Rechazar un suplicatorio
El Parlamento Europeo recibió la solicitud de inmunidad de Ponsatí el 28 de marzo, tras ser detenida en Barcelona. La dirigente independentista volvió a la Ciudad Condal cinco años después de huir de España para eludir la justicia. Tras pasar por el Pleno, el asunto se remitió a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Esta mantuvo debates sobre el asunto en mayo y junio del año pasado, pero sin llegar a ninguna conclusión. Algo que sucedió en la reunión del pasado martes.
La comisión que preside Vázquez emite informes sobre los casos de inmunidad, aunque no son vinculantes. Las normas establecen que solo se puede rechazar un suplicatorio si se considera que se pretende juzgar a un diputado por sus opiniones o acciones parlamentarias. España reclamó levantar la inmunidad de Ponsatí y sus dos colegas con la intención de procesarles por un asunto que ocurrió antes de que obtuvieran escaño en la Eurocámara.
El primer arresto de Ponsatí en Barcelona se produjo tras una rueda de prensa en la que retó al Supremo a hacer efectiva la orden para forzar su comparecencia. «Si me detiene, tendrá que atenerse a las consecuencias», afirmó la exconsejera catalana convencida de que se encontraba protegida por la inmunidad que le brindaba su acta de eurodiputada. La dirigente independentista pasó cinco horas detenida.
Llarena ordenó su puesta en libertad y la citó a declarar el 24 de abril en el Supremo por un delito de desobediencia. Ponsatí plantó al magistrado alegando que tenía trabajo en la Eurocámara y, a continuación, que estaba amparada por su inmunidad como eurodiputada. El juez volvió a dictar una orden de busca y captura nacional para comunicarle su procesamiento por desobediencia, así que la dirigente de Junts volvió a ser detenida cuando regresó en julio a Barcelona.
El juez no pudo mantenerla en prisión provisional ya que la reforma del Código Penal que entró en vigor en enero derogó el delito de sedición que se le atribuía, penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación. La desobediencia, en cambio, solo está castigada con una multa de tres a 12 meses de prisión e inhabilitación de seis meses a dos años. Tras ese nuevo arresto, Ponsatí volvió a Bruselas a la espera de que se fije juicio oral contra ella, aunque la ley de amnistía que se tramita podría eximirla.
