García-Castellón pide a los fiscales el informe que sitúa a Puigdemont como líder de 'Tsunami'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de investigar a ‘Tsunami Democràtic’, ha pedido el informe de los fiscales del Tribunal Supremo que se mostraron a favor de investigar al expresidente catalán y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, por terrorismo, y en el que le señalan como el líder «absoluto» de ‘Tsunami Democrátic’ por su «patrocinio intelectual y ético».

En una providencia de este mismo miércoles, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 solicita «la remisión de una copia de dicho escrito para su unión a la documentación que se remitirá a las autoridades suizas con la mayor brevedad posible».

El magistrado anuncia de esta forma su intención de enviar a las autoridades del país helvético ese informe el mismo día en que, en un auto diferente, ha respondido a Suiza que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial con base en motivos políticos en causas donde se investigan delitos de terrorismo.

En concreto, el instructor considera «inadmisible» que las autoridades helvéticas soliciten explicaciones sobre la ley de amnistía al tiempo que recuerda que la labor de los jueces «es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».

El magistrado considera «llamativa» la solicitud de explicación que figura en la comunicación suiza en relación con las posibles consecuencias de una ley de amnistía en relación con los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic y con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, investigada en la causa.

Cabe recordar que fue este mismo martes cuando trascendió la misiva en la que Suiza se negaba a prestar auxilio judicial al juez porque entendía que antes debía decidir si había un carácter político en la petición en la que requería información sobre Rovira. Ese documento estaba fechado el pasado mes de diciembre, pero fue ayer cuando el mismo fue recibido por el magistrado.

El informe del TS

En lo relativo al informe elaborado por el fiscal Fidel Cadena, el mismo recoge el sentir de los fiscales de la sección primera de lo penal del Supremo que el pasado 6 de febrero votaron a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo en la causa que hasta ahora instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

En aquella junta de fiscales, 15 de sus miembros apreciaron, por 11 votos frente a 4, que había indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y contra el diputado del Parlament por ERC Ruben Wagensberg –ambos aforados– y, por 12 a 3, que puede haber delitos de terrorismo.

De esta forma, tumbaron el informe redactado por el fiscal del TS Álvaro Redondo, que por contra entendió que no hay indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont y Wagensberg, y tampoco apreció delitos de terrorismo, sino de desórdenes públicos graves, falsedad documental, coacciones y daños.

Sin embargo, los dos presidentes de la sección primera, Fidel Cadena –uno de los cuatro fiscales del juicio del ‘procés’– y Joaquín Sánchez-Covisa, mostraron posturas enfrentadas. El primero en contra del informe de Redondo y el segundo a favor, lo que ha propiciado que sea su superior jerárquica, la teniente fiscal del Supremo María Ángeles Sánchez-Conde, quien deba resolver el conflicto unificando el criterio de la Fiscalía en este asunto.

Cadena, que ha redactado el texto a petición de Sánchez-Conde, defiende que la mayoría de la junta de fiscales ve una «pluralidad de indicios» que acreditan el «liderazgo absoluto» y la «autoría intelectual» de Puigdemont.

El fiscal sostiene, además, que la mayoría de la junta aprecia, «delitos graves de detención ilegal terrorista», falsificaciones masivas y continuadas, uso público de especial gravedad y con utilización de sustancias pirotécnicas inflamables».

«Animó» las acciones violentas

A su juicio, el expresidente catalán «hubiera podido evitar la lesión del bien jurídico» retirando su «apoyo carismático», pero «lejos de eso animó a seguir en las acciones violentas que se desarrollaron con su conocimiento y consentimiento».

Los firmantes defienden que de la exposición razonada del juez Manuel García Castellón «se desprende la existencia de una pluralidad de ilícitos penales cometidos por el movimiento ‘Tsunami Democràtic’».

En este sentido, insisten en que «desde el principio Puigdemont estuvo informado de la constitución del grupo organizado animado por fines de subversión del orden constitucional y desestabilización grave de las instituciones democráticas impidiendo a los poderes públicos cumplir sus resoluciones».

Hacen referencia al hecho de que el líder catalán estuvo presente en reuniones relativas a ‘Tsunami’ y que «también aparece directamente implicado en el lanzamiento de la campaña» de la plataforma. Destacan a su vez como «indicio relevante» una conversación entre el empresario Josep Campmajó — también investigado– y Puigdemont en la que se hace «alusión directa» a ‘Tsunami» como «herramienta para la consecución de la independencia».

Los fiscales recalcan que en el escrito del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se advierte además de que todas las actuaciones de la plataforma independentista estuvieron «orientadas, aprobadas y favorecidas por las directrices, apoyo público y privado, y patrocinio intelectual y ético del señor Puigdemont».

Insisten en el terrorismo

Asimismo, apuntan que la finalidad de dichas actuaciones «no era otra que desestabilizar gravemente las estructuras políticas y económicas de España, alterando gravemente la paz pública al impedir a los poderes públicos y en concreto al Tribunal Supremo el cumplimiento y ejecución de sus sentencias firmes».

A su juicio, las conductas descritas y atribuidas a Puigdemont pueden considerarse, «al menos en este momento procesal», como «ilícito penal y concretamente como delitos de terrorismo». Así las cosas, entienden que el Supremo debería asumir la investigación.

Respecto a Wagensberg –que se encuentra ahora en Suiza–, los fiscales consideran que el alto tribunal es el competente para investigarle al entender que de la exposición razonada que presentó el juez García Castellón se infiere que el parlamentario catalán guarda «relación» con «diversas actuaciones» de ‘Tsunami Democràtic’.

«Se aprecian indicios suficientes en este momento procesal sobre la participación del mismo en la organización», apuntan los fiscales sobre el dirigente de ERC.