La Junta de Andalucía complica el indulto a Griñán y pide ser resarcida antes por los ERE
La Audiencia de Sevilla solicita al letrado de la Junta que se pronuncie sobre la petición del expresidente andaluz
Griñán acude a un juicio del caso ERE en 2018. | Eduardo Briones (Europa Press)
Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía ultiman el informe sobre el indulto a José Antonio Griñán. La Audiencia Provincial de Sevilla ha pedido a la institución que, como parte perjudicada, emita su parecer sobre la medida de gracia que han solicitado el expresidente regional y otros siete condenados por el caso ERE. El letrado tiene previsto presentar este lunes sus conclusiones, en las que explicará que la administración autonómica aún no ha sido resarcida con los 680 millones de euros que, según la sentencia, se sustrajeron a las arcas públicas.
Griñán, de 77 años, fue condenado por la Audiencia de Sevilla a seis años de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos en noviembre de 2019 en el caso ERE. El Tribunal Supremo ratificó la sanción en julio de 2022. El expresidente andaluz reveló ese diciembre que padecía un cáncer de próstata diagnosticado «de alto riesgo», lo que le impedía tratarse en la cárcel. Es el único condenado que no ha ingresado en prisión, ya que el tribunal sancionador decidió en junio suspender la pena durante cinco años.
Para entonces, el exdirigente socialista ya había solicitado el indulto. Como parte del trámite, la Audiencia de Sevilla pide ahora al letrado de la Junta de Andalucía a través de una providencia que exprese su opinión sobre la medida de gracia que han solicitado Griñán y otros siete antiguos altos cargos condenados por los ERE fraudulentos. Los servicios jurídicos responderán en las próximas horas al tribunal sancionador, que debe remitir sus conclusiones al Ministerio de Justicia, a quien compete la decisión.
Griñán elude la cárcel
La línea argumental de los informes, que no son vinculantes, será que la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, no ha sido resarcida aún, lo que complicaría el escenario para indultar a Griñán y al resto de demandantes. El gobierno regional presentó un proceso de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas para recuperar el dinero, aunque de momento solo ha podido rescatar una ínfima parte del dinero esquilmado.
«Tenemos que seguir peleando hasta el último euro», aseguró el viernes el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. Señalaba así el camino que seguirán los servicios jurídicos, aunque la decisión final pertenece al letrado. El dirigente popular reiteró que la petición que hace la Audiencia de Sevilla es «un tema estrictamente jurídico y debe ser contestado como tal», descartando que se trate de un asunto político. En su opinión, hay una cosa «evidente», y es que los andaluces sufrieron «una pérdida económica muy importante» que aún no han recuperado.
Sanz quiso aclarar que otorgar el indulto a Griñán y al resto de condenados por el caso ERE no le compete a la Junta de Andalucía. De hecho, la providencia que recibieron la semana pasada no incluye el expediente del indulto ni el informe de la Fiscalía. El lugarteniente de Juan Manuel Moreno Bonilla afirmó que el letrado solo se posicionará dentro de sus competencias y como única perjudicada de las actividades ilícitas que se realizaron bajo gobiernos socialistas entre 2000 y 2009.
«Lo único que podemos confirmar claramente es que no hemos sido resarcidos del daño, por lo tanto, seguimos pidiendo que se depuren responsabilidades», insistió Sanz. La sentencia eleva a 680 millones de euros el agujero que sufrió esta región por las ayudas concedidas de forma fraudulenta a diversas empresas por sus expedientes de regulación de empleo. Una vez que se pronuncie el letrado de la Junta de Andalucía, la Audiencia de Sevilla elaborará un informe y lo remitirá al Ministerio de Justicia.
La versión de 2016
La fórmula que idean los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía contradice la versión que dieron en 2016, cuando aún gobernaba el PSOE. Entonces, afirmaron que no existió una trama criminal ni se creó un procedimiento específico para eludir controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE. Desaconsejaba, por tanto, acusar a Griñán, Manuel Chaves (su predecesor), y al resto de antiguos altos cargos procesados, para los que la Fiscalía solicitaba penas de prisión e inhabilitación.
Griñán solicitó la medida de gracias después de que el Supremo ratificara la sentencia en julio de 2022. Era un requisito necesario para comenzar los trámites. El Gobierno reconoció el pasado octubre que tramitaba el indulto para el exdirigente socialista y otros ocho condenados por el caso ERE, pero advirtió de que hacerlo no significaba que se fuese a conceder, ya que era el trámite habitual. El departamento que entonces lideraba Pilar Llop dirigió nueve oficios a la Audiencia de Sevilla para solicitarle un informe sobre la petición.
La ley de 18 de junio de 1870 reconoce el indulto como un derecho de gracia que tienen todos los reos en España tras ser condenados por sentencia firme, siempre que no sean reincidentes en el mismo delito. Puede solicitarlo cualquier persona. Lo concede el Rey a petición del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. La medida es individualizada, no implica la desaparición del delito y es discrecional, por lo que no tiene que estar motivada.
El artículo 25 de la ley de indulto establece que el tribunal sancionador debe concluir si es conveniente. Lo hace constar a través de un informe, como el que ahora solicita la Audiencia Provincial. El documento debe incluir los datos del condenado, sus méritos y antecedentes y si cumplió la pena. Además, debe añadir las circunstancias agravantes o atenuantes, el tiempo de prisión preventiva y, especialmente, las pruebas o indicios de su arrepentimiento, si hay o no parte ofendida, si la medida perjudica a un tercero y si resarció a la parte perjudicada.
