La Audiencia Nacional exige al juez Pedraz que ordene el arresto del hijo de Obiang
También pide una orden de detención contra el director de la Seguridad Presidencial, Isaac Ngema
Fachada de la Audiencia Nacional. | Eduardo Parra (Europa Press)
La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que dicte órdenes nacionales e internacionales de detención contra Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang, y otros dos altos cargos del país. La sección segunda de lo Penal ha estimado un recurso interpuesto por familiares de varios opositores al considerar «procedente» el arresto de estos altos cargos, contra quienes el juez Pedraz dirige una causa por el presunto secuestro y torturas de cuatro opositores en noviembre de 2019.
Además del hijo de Obiang, actual secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial, la decisión afecta al director de la Seguridad Presidencia, Isaac Nguema, y al ministro de Estado, Nicolás Obama, contra los que se dirigió la querella que dio origen al procedimiento, nacido en 2020, por el presunto secuestro y torturas de cuatro opositores -uno de ellos ya fallecido- en noviembre de 2019.
El juez acordó el envío de este procedimiento a Guinea Ecuatorial, si bien esta decisión todavía no es firme, ya que tanto la Fiscalía como la acusación particular la recurrieron ante la Sala de lo Penal, que todavía no se ha pronunciado. Pese a que la Sala especifica que su auto no resuelve nada acerca de la competencia o no de la Audiencia Nacional, sí desliza en su argumentación que existen resoluciones del juez que «explican con claridad los motivos por los que indiciariamente sería competente la jurisdicción española».
En el auto conocido este jueves, fechado el 19 de febrero, el tribunal revoca la decisión del magistrado -recurrida también por la Fiscalía- de rechazar el arresto del hijo de Obiang y de Isaac Nguema, quienes, «resulta evidente» que están en «situación de rebeldía» en una causa, añade, que «ha aportado datos bastantes que apuntan» a su «posible implicación» en los hechos que se investigan.
El tribunal se remite a las diligencias policiales y a los seguimientos de los investigados, «cuya presencia en España ha quedado constatada», así como la posible relación con la agencia de detectives implicada en los seguimientos a las víctimas, y recuerda las pesquisas en torno a «transferencias de importantes cantidades de dinero en entidades bancarias españolas, metálico cuya relación con los hechos ha sido asimismo objeto de investigación».
Cuestiona que el juez Santiago Pedraz no diese «ningún motivo» que justificase «de forma razonada» su rechazo a dictar órdenes de arresto contra el hijo de Obiang y Nguema, quienes han «desoído los llamamientos de comparecencia realizados» por el juez, «pese a habérseles facilitado incluso la posibilidad de comparecer a través de videoconferencia».
Sucedió, explican los magistrados, cuando el juez citó a los querellados a declarar el año pasado y les permitió hacerlo de forma telemática desde Guinea Ecuatorial, si bien todos se negaron a comparecer.
La Sala subraya que, pese a que fueron «adecuadamente citados» y que incluso se les ofreció la posibilidad de declarar por videoconferencia, algo que ya de por sí impedía «la inmediata adopción de medidas cautelares,» rechazaron comparecer. Y en ese momento «no existía conflicto alguno de jurisdicción que supusiera la pérdida de competencia» de la Audiencia Nacional, como ellos alegaron.
El tribunal, que critica en su auto la «actitud obstativa» que han tenido los investigados, recuerda, por tanto, a Pedraz que hasta que no haya decisión firme sobre la competencia de la causa «puede continuar la tramitación» de la misma con la práctica de diligencias, entre ellas la declaración de los querellados y el «libramiento de las órdenes de busca y captura interesadas».
