El supuesto cerebro del 'caso Koldo' dice ante el juez que las comisiones «eran las habituales»

Juan Carlos Cueto, supuesto cerebro del caso Koldo, niega haber pagado mordidas por las adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia que recibió Soluciones de Gestión. El empresario, que ha comparecido este miércoles en la Audiencia Nacional, solo ha respondido a las preguntas de su abogado. Ha asegurado que las comisiones que recibieron por la compra de los tapabocas «eran las habituales», detallando que el beneficio de las operaciones «fue de entre un 10 y un 13%», según ha podido saber THE OBJECTIVE por fuentes jurídicas. El juez ha decidido dejarle en libertad provisional, ya que deberá solicitar autorización para salir de España, tal y como había pedido la Fiscalía.

El empresario es el quinto involucrado en el caso Koldo que pasa por la Audiencia Nacional. La semana pasado ya lo hicieron el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos; su hermano Joseba García y los empresarios Íñigo Rotaeche Lachiondo y Víctor de Aldama, al que el Ministerio Público apunta como otro de los posibles cerebros de la operación que benefició a Soluciones de Gestión con 53 millones de euros. Cueto se encontraba entonces fuera de España, por lo que no pudo ser llamado a declarar.

Durante los 25 minutos que ha durado su comparencia ante el juez, Cueto ha subrayado que «los precios (de las mascarillas) eran acorde al mercado». A preguntas de su abogado ha precisado que las comisiones oscilaban entre un 10 y un 13%, la misma cifra que señala la Fiscalía y que, según el empresario, era lo habitual. Detrás de las operaciones, ha asegurado al juez, existía ánimo de ayudar a los españoles. Ha insistido en que hacerlo requirió «operaciones costosas» para las que necesitaron hacer «muchos viajes a China».

Vínculo con Koldo

Cueto ha revelado al magistrado Ismael Moreno, que instruye el caso, que existe un informe de auditoría elaborado por la consultora KPMG que respaldaría su tesis. Tras el interrogatorio, la Fiscalía ha solicitado como medida cautelar que se le prohíba salir de España. Para hacerlo a partir de ahora tendrá que solicitarlo, extremo al que no se ha opuesto su abogado. Las acusaciones populares, ejercidas por PP y Vox, se han adherido a la petición del Ministerio Público.

Durante su comparecencia, Cueto no ha mencionado en ningún momento ninguno de los nombres que se relacionan con el caso. La empresa que dirigía en la sombra, Soluciones de Gestión, recibió nueve contratos para la compra de mascarillas de administraciones públicas gobernadas por los socialistas. Los investigadores apuntan a que el entramado empresarial matriz de todo era Grupo Cueto.

La Audiencia Nacional investiga tres contratos en concreto, uno por valor de 20 millones de euros de la entidad pública Puertos del Estado, en cuyo Consejo Rector se sentaba Koldo García; otro de 12,5 millones de euros adjudicado por Adif (ambos organismos dependiente del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos) y un tercero por 3,5 millones suscrito con el Ministerio del Interior.

En una conversación interceptada por la Guardia Civil el pasado 4 de diciembre, Cueto y otro de los empresarios vinculado a Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, hablan de «un favor» que le habría pedido Koldo y su «exjefe», aunque no especifica de qué ni de quién se trata. Los investigadores sospechan que podría tratarse del exministro Ábalos. Anticorrupción asegura que la empresa con sede en Zaragoza habría sido empleada como «una instrumental en un proyecto común» entre Aldama y Cueto y que, a pesar de «no figurar documentalmente, habrían sido los responsables» de los contratos sobre los que indaga el juez.

Citar a Ábalos

La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha confirmado que su formación ha sido aceptada como acusación popular, aunque de momento no ha tenido acceso a la documentación. Cuando lo haga estudiará todas las líneas de investigación y no descarta pedir la citación de Ábalos. La dirigente de la formación verde ha puesto el foco en las empresas que accedieron a los contratos que se investigan pese a que «ni siquiera estaban calificadas para la contratación pública», por lo que no reunirían los requisitos mínimos.

Cueto también está imputado en el caso Defex, en la que la Audiencia Nacional investiga la venta de armas que realizó esta empresa semipública en el extranjero. La Fiscalía pidió en marzo de 2019 más de 50 años de cárcel para el empresario. El juez José de la Mata investiga los contratos firmados por la UTE Cueto-Defex y el comando general de Policía Nacional de Angola, firmado el 12 de junio de 2008, de suministro de equipamientos y material policial, por importe superior a los 152 millones de euros, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones (38,6%) y el beneficio obtenido de casi 9,4 millones (61,3%).