La Abogacía Española pide investigar la filtración entre la Fiscalía y la pareja de Ayuso
«Es imprescindible que dichos extremos sean objeto de investigación», ha recalcado la agrupación que reúne a todos los colegios
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido este viernes investigar la filtración de comunicaciones entre el Ministerio Fiscal y el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para determinar su autoría e «iniciar las acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda».
Así lo reclama en una declaración institucional «en defensa del respeto a la confidencialidad de las comunicaciones en los protocolos de actuación para juicios de conformidad».
Reunido en Pleno, el Consejo General de la Abogacía Española considera que la difusión del contenido concreto de comunicaciones, en este caso correos electrónicos, intercambiadas entre el Ministerio Fiscal y la defensa de un investigado «supone una clara vulneración de la garantía de confidencialidad en las comunicaciones entre las partes que este Pleno rechaza y condena».
«Es imprescindible que dichos extremos sean objeto de investigación para determinar su autoría e iniciar las acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda», añade, a la vez que considera «legítimo que el Ministerio Fiscal, en el uso de las facultades que le atribuye su Estatuto Orgánico, informe en relación con hechos aparecidos en medios de comunicación en los que se cuestione su actuación».
Sin embargo, para el Consejo de la Abogacía, dichas comunicaciones «no pueden, en ningún caso, exceder de las facultades de información que atribuye a la Fiscalía el citado Estatuto en el artículo 4.5, sino que deben realizarse en el marco de la Instrucción de la Fiscalía 3/2005 de 7 de abril sobre relaciones del Ministerio Fiscal con medios de comunicación y respetar, en todo caso, el Protocolo de conformidades suscrito entre el Consejo General de la Abogacía y el Ministerio Fiscal, para impedir que se puedan rebelar datos que pueden perjudicar la posición del investigado en el proceso».
Por ello, reclama «el máximo respeto a la confidencialidad de las comunicaciones entre las partes como garantía del Estado de Derecho», «que se adopten las medidas oportunas para evitar que se produzcan este tipo de actuaciones y se garanticen el respeto debido a la confidencialidad en los procesos de esta naturaleza», así como «la inmediata constitución de una Comisión Mixta Fiscalía General del Estado-Consejo General de la Abogacía Española, para la revisión y actualización del Protocolo de actuación para juicios de conformidad».
