Los fiscales progresistas piden no usar a la Fiscalía en la «lucha político-mediática»
La UPF estima que la información que aportó la Fiscalía de Madrid es «aséptica, objetiva, respetuosa con los derechos de la defensa»
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado este viernes su «rotundo apoyo» a la Fiscalía de Madrid tras la polémica abierta en torno a la denuncia a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y han pedido no «instrumentalizar» a la institución en la «lucha político-mediática».
Esta asociación de fiscales ha salido en defensa de la actuación de la Fiscalía de Madrid, que ayer aclaró en una nota de prensa la secuencia de acontecimientos en torno al pacto de conformidad que propuso la defensa de Alberto González Amador respecto a los dos posibles delitos fiscales que detectó Hacienda y denunció el ministerio público.
Una polémica que ha motivado que este viernes el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reuniese con el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega.
Al respecto, y después de que el Colegio de la Abogacía de Madrid sacase su propio comunicado catalogando de «extrema gravedad la revelación de datos por parte de la Fiscalía Provincial de conversaciones» del abogado de Alberto González Amador con el fiscal, la Unión Progresista de Fiscales ha mostrado su apoyo al ministerio fiscal.
En un comunicado difundido en X la UPF estima que la información que aportó la Fiscalía de Madrid es «aséptica, objetiva, respetuosa con los derechos de la defensa y dirigida a defender el principio de imparcialidad» de la institución.
No divulgó, prosigue información reservada, sino que intentó «aclarar informaciones inexactas de determinados medios de comunicación» sobre el papel que desempeñó y «aclarar los pasos seguidos en un asunto» en el que, dice, «existe un claro intento de intoxicación informativa» y hay interés público al respecto.
Una postura distinta a la que ayer defendió la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que considera que la nota de prensa de la Fiscalía excedió «en » su obligación de informar y causó un «perjuicio evidente» a la pareja de Ayuso.
Desde esta asociación sostienen que las propuestas «no ratificadas» por una defensa «no pueden ser desveladas» por la Fiscalía y solicitan a Álvaro García Ortiz que ordenase a todas las Fiscalías «guardar el deber de sigilo que legalmente está impuesto».
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, no se ha pronunciado al respecto.
En aquella nota de prensa, la Fiscalía explicaba que el pacto de conformidad fue propuesto por González Amador el 2 de febrero. Días más tarde, el fiscal tomó nota de la voluntad del investigado y ya en marzo remitió a su abogado la denuncia que había interpuesto en el juzgado contra él y cuatro personas «para facilitarle el derecho de defensa».
El ministerio público pidió investigar a Alberto González Amador y otras cuatro personas por supuestos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental, según la cual se habrían defraudado 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021.
La denuncia ha recaído en el juzgado de instrucción 19 de Madrid, que todavía no ha adoptado ninguna decisión sobre su admisión.
