La Audiencia Nacional suspende el bloqueo de Telegram
El juez Santiago Pedraz pide aclarar «la incidencia» que podría «tener sobre los usuarios dicha suspensión temporal»
El logo de Telegram en un ordenador. | Reuters
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado una providencia en la que acuerda, con carácter previo a la suspensión temporal de los recursos asociados a Telegram, solicitar a la Comisaría General de información un informe sobre la Plataforma Telegram. El magistrado pide información sobre sus características así como sobre la incidencia que pueda tener sobre los usuarios la suspensión temporal que acordó en su auto del pasado viernes y cuya ejecución queda en suspenso.
En una providencia, recogida por Europa Press y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 insta al servicio de inteligencia a que le aporten datos sobre las características de la plataforma «así como la incidencia que pueda tener sobre los usuarios dicha suspensión temporal».
Cabe recordar que fue el pasado viernes cuando el magistrado acordó bloquear Telegram a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor.
Un día después, el sábado, el juez dio tres horas a las operadoras españolas para que, desde la recepción de su comunicación, procediesen a la suspensión de los recursos asociados a la aplicación. Fuentes jurídicas han explicado que, sin embargo, el magistrado no llegó a ejecutar ese requerimiento, y que el mismo queda a la espera del requerido informe.
El juez consideraba la medida del bloqueo como necesaria, idónea y proporcional para la que no existía alternativa que pudiera detener la reiteración de los hechos denunciados, toda vez que las autoridades de las Islas Vírgenes no han colaborado con la comisión rogatoria enviada con el fin de que Telegram informase de determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual.
La decisión judicial ha sido criticada desde diversos ámbitos profesionales y políticos, desde el Consejo de Ingenieros Informáticos hasta la organización de consumidores Facua, Vox y Podemos, así como por expertos del sector digital.
