Un 'error' del fiscal europeo del 'caso Koldo' pone en peligro una macrocausa contra narcos
Un baile de fechas en un informe elaborado por Ignacio de Lucas puede acabar declarando nulo el procedimiento
Ignacio de Lucas, a la derecha, durante su etapa como fiscal Antidroga. | Fiscalía
Un baile de fechas en un informe fiscal pone en riesgo una macrocausa contra unos presuntos narcotraficantes. La Policía solicitó autorización al juez para una serie de entradas y registros a finales de 2018 y trasladó la cuestión al Ministerio Público para que se pronunciase. El escrito de Ignacio de Lucas, que ahora supervisa el caso Koldo como fiscal europeo, aparece en varias partes del procedimiento, pero con distinta fecha, por lo que la operación policial podría acabar declarándose nula de pleno derecho. Como ha desvelado THE OBJECTIVE, no se trataría del primer error en la instrucción de la causa, en la que están imputadas 18 personas.
Los presuntos narcotraficantes, la mayoría de nacionalidad holandesa, fueron detenidos en la Costa del Sol en 2018. En la operación se incautaron al menos 4.800 kilos de cocaína, además de fusiles de asalto y otras armas de fuego. La Fiscalía solicita para cada uno de los procesados penas que varían entre los 11 y los 40 años de prisión y una multa total de 67.320 millones de euros, cifra que equivale al 5,2% del PIB de España. Están acusados de narcotráfico, depósito de armas y falsedad documental.
Tras los arrestos, la Policía pidió autorización al fiscal para una serie de entradas y registros en diversos domicilios el 23 de octubre de 2018. El juez Santiago Pedraz acordó darle traslado urgente al fiscal para que se pronunciase, como era obligatorio por estar secreta la causa. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, De Lucas cumplió con su obligación, pero la fecha de los escritos que aparecen en el procedimiento no coinciden.
Informe del fiscal
La solicitud policial, en el tomo 1 del procedimiento, aparece desde el folio 24 al 73, ambos incluidos. El número 74 contiene la providencia por la cual la secretaria judicial da cuenta de la recepción del informe policial y da traslado al fiscal para que emita su informe el mismo 23 de octubre. A continuación aparecen dos páginas sin numerar que contienen el informe firmado por De Lucas mostrándose partidario de las entradas y registros. Sin embargo, ese escrito está fechado el día 24.
«En fecha 23/10/2018 se dictó providencia dando traslado al fiscal para informe, que ha sido evacuado el mismo día 23.10.2018», asegura el auto de Pedraz incluido en el tomo 1. Sin embargo, en el escrito de De Lucas aparece la fecha del día posterior. Un presumible error que vuelve a aparecer en el tomo 2 (folios 255 y 256), aunque en esta ocasión está firmado e incluye el sello del registro a fecha de 24 de octubre. Eso supondría que el texto fue presentado por el fiscal un día después de que se acordasen los registros y de que estos se hubiesen practicado.
La defensa de los presuntos narcos holandeses está valorando solicitar la nulidad del procedimiento, o al menos la parte que afecta a esas entradas y registros. Los expertos consultados por THE OBJECTIVE sostienen que, en Derecho penal, el baile de fechas de los informes podría considerarse «elementos o requisitos de carácter esencial» y, por tanto, podría afirmarse «que el documento es falso», aunque «no tiene por qué tratarse necesariamente de una falsificación».
El artículo 390 de Código Penal establece penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial de entre dos y seis años a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, pudiera cometer falsedad alterando un documento «en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial» o que induzca a error sobre su autenticidad. Los especialistas sostienen que el baile de fechas en los informes podría incurrir en estos supuestos.
Comparecencia en el Congreso
De Lucas dejó el caso, ya que en julio del año pasado fue nombrado fiscal europeo por designación del Gobierno. De hecho, es el encargado de coordinar las investigaciones del caso Koldo, comisión a la que ha sido citado en el Congreso tras demandarlo Bildu y Junts, a pesar de que el PSOE quiere evitar la comparecencia de fiscales.
Los 18 investigados siguen pendiente de juicio. Este diario ha revelado diversos errores judiciales durante la fase de instrucción. Entre ellos, uno del propio De Lucas que, en este mismo procedimiento, pero en la pieza separada de blanqueo, se le pasó la fecha para pedir la prórroga de la instrucción, por lo que el asunto tuvo que ser sobreseído por Pedraz cuando se investigaban bienes y dinero por valor de más de 65 millones.
A pocos meses de que algunos de los arrestados cumplieran cuatro años en prisión preventiva, la Audiencia Nacional no tuvo más remedio que «dar por concluida» una pieza separada por blanqueo de capitales contra los cabecillas de esta trama de narcotráfico. Los magistrados entendieron que, en su último escrito solicitando otros seis meses de prórroga, De Lucas, entonces fiscal Antidroga a cargo del caso, no indicó «las causas por las que transcurridos 18 meses desde su incoación no se han practicado las diligencias de investigación necesarias y tampoco se indican qué diligencias han de practicarse».
Después de que la Sala de lo Penal decretara la conclusión de la investigación, varios de los investigados solicitaron el sobreseimiento y archivo de esas actuaciones por blanqueo de capitales. La defensa ya había solicitado la nulidad completa de las actuaciones realizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 y la Fiscalía Antidroga por vulneración al derecho a un juez imparcial y a la igualdad de armas entre las partes tras conocerse el contenido de un email que, según fuentes judiciales, «se coló por error» en una providencia firmada por Pedraz. El fallo fue corregido después de advertirse.
Extradiciones
El mensaje, según estas fuentes judiciales, fue escrito por la letrada de la administración de Justicia y no por el magistrado. En el texto se daban instrucciones precisas a la funcionaria encargada de redactar esa providencia, dirigida a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Alfonso Guevara, para pedir a Países Bajos información sobre la extradición de dos encausados que entonces se encontraban detenidos en ese país por temor a que su entrega dilatase la celebración del juicio.
Fuentes cercanas a los acusados explican que de ese escrito se podría desprender que, para lograr su objetivo, De Lucas habría «hablado» con algún juez a espaldas de los abogados de los 18 procesados. «He vuelto a hablar con el fiscal, me dice que cree que podemos intentar la elevación de Lazaar… (y ha hablado con Guevara y explicado la situación de Sarantellis y de este, cree que lo aceptarán)», empezaba el mensaje. «Poner esto más o menos y elevar la pieza… Si nos la devuelven, bueno, pero De Lucas cree que se la quedarán. Lo intentamos», añadía el email que se habría colado por error en la providencia de Pedraz.
La Audiencia Nacional se ha visto obligada a liberar a los presuntos narcos tras vencer el plazo de cuatro años en prisión preventiva. No obstante, el órgano judicial fijó una batería de medidas cautelares para evitar su fuga. Entre las personas que se encuentran en libertad provisional están dos de los supuestos cabecillas de la trama. La cocaína no era su único negocio, ya que se dedicaba a traer desde China precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas. Además, según la Fiscalía, habría «hecho acopio de numerosas armas de fuego» para contrarrestar «un eventual episodio de violencia».
