Un error de la Audiencia Nacional pone en riesgo una causa contra 18 narcotraficantes

La Audiencia Nacional se ha visto obligada a admitir y rectificar un error que, según juristas independientes, puede poner en riesgo el juicio contra una organización de 18 presuntos narcotraficantes, en su mayoría holandeses, detenidos en la Costa del Sol hace cuatro años tras la incautación de un camión que iba cargado con casi 6.300 kilos de cocaína. Un problema que salpica al juez Santiago Pedraz y al nuevo ‘número dos’ de la Fiscalía Antidroga, Ignacio de Lucas, aunque oficialmente la culpa se atribuye a una letrada de la administración y a una funcionaria del Juzgado Central de Instrucción Número 5, que han asumido la responsabilidad de lo ocurrido.

El problema radica en un e-mail que, según fuentes judiciales, «se coló por error» en la segunda página de una providencia firmada por Pedraz el pasado 2 de marzo, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En el texto se daban instrucciones precisas a la funcionaria encargada de redactar la providencia dirigida a la Sala Tercera de lo Penal, presidida por el juez Alfonso Guevara, para pedir a Países Bajos información sobre la extradición de dos de los encausados detenidos en ese país, Mohamed Lazaar y Patrick Sarantellis, ante el temor a que su entrega dilatase la celebración del juicio.

Según fuentes cercanas a los acusados, de ese escrito se podría desprender que, para lograr su objetivo, el fiscal De Lucas habría «hablado» con ambos jueces a espaldas de los abogados de los 18 procesados. Una presunta organización liderada por conocidos criminales holandeses asentados en la Costa del Sol, principalmente en Benalmádena (Málaga), especializados en introducir en España y Países Bajos grandes cantidades de clorhidrato de cocaína.

«He vuelto a hablar con el fiscal, me dice que cree que podemos intentar la elevación de Lazaar… (y ha hablado con Guevara y explicado la situación de Sarantellis y de este, cree que lo aceptarán)», empezaba el mensaje que ahora podría provocar la petición de nulidad de las actuaciones por parte de los 18 acusados de presuntos delitos de organización criminal y narcotráfico. Podrían alegar un incumplimiento del principio de igualdad de armas entre las partes y acusar por presunta prevaricación a la funcionaria, según fuentes jurídicas independientes y un exmagistrado del Tribunal Supremo consultado por este diario. «Poner esto más o menos y elevar la pieza… Si nos la devuelven, bueno, pero De Lucas cree que se la quedarán. Lo intentamos», indicaba el mensaje adjunto a la providencia firmada por Pedraz.

Rectificación del error

Según fuentes de la Audiencia Nacional, el mensaje antes mencionado no fue enviado por Pedraz sino por la letrada de la Administración del Juzgado de Instrucción número 5, Ana Esther Sánchez. Se lo remitió por correo electrónico a una funcionaria encargada de redactar la providencia firmada por el magistrado Pedraz, según fuentes del juzgado.

De acuerdo a la versión oficial ofrecida a este medio, el e-mail se coló por un descuido en la segunda página del escrito, notificado a los abogados de Lazaar y Sarantellis. En él, se solicitaba a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por Guevara, que se comunicase con las autoridades holandesas para preguntar por la situación procesal de Lazaar, detenido y a la espera de juicio en Países Bajos por otros delitos.

Unos 15 días después del escrito elevado por Pedraz, la sala presidida por Guevara dictó una providencia en la que se informaba que las autoridades holandesas habían expresado que la entrega de Lazaar está «a la espera de ser enjuiciado en causa penal neerlandesa el 9 de junio de 2022».

«En vista de que, previsiblemente, no dará tiempo a celebrar juicio oral en la presenta causa ante esta, la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, entes del enjuiciamiento del procesado por parte de las autoridades judiciales holandesas, se solicitará la entrega con posterioridad al juicio en Países Bajos», añadía la providencia dictada por la Sección que preside el juez Guevara. El escrito, al que ha tenido acceso este diario, acordaba además preguntar a las autoridades neerlandesas «sobre la posible duración del enjuiciamiento en Holanda».

Los jueces de la Sección Tercera dictarían meses después, el pasado 24 de mayo, otra providencia pidiendo a Países Bajos información «sobre la FECHA CONCRETA respecto de la que podrá tener lugar la entrega temporal para su enjuiciamiento en España de los procesados». En ese texto, se recuerda que en marzo «ya se anticipó la opción de solicitar su entrega temporal efectiva» de Mohamed Lazaar y también de Patrick Sarantellis Jr., que está a la espera de ser juzgado en Países Bajos el próximo 18 de agosto por un presunto delito contra la libertad sexual.

La letrada corrige el «error involuntario»

Las fuentes judiciales consultadas por este diario descartan que el contenido del mensaje que se coló «por error» en la providencia de Pedraz el 2 de marzo pueda poner en riesgo el juicio. No obstante, y a pesar de que habían pasado tres meses desde el supuesto error, tan solo un día después de que THE OBJECTIVE consultase a la Audiencia Nacional sobre este tema, la propia letrada de la administración de la Justicia dictó el pasado jueves, 2 de junio, una diligencia de constancia y ordenación en la que achaca lo ocurrido a un «error involuntario».

Por ese motivo, añade la letrada Ana Esther Sánchez García, «procede por tanto anular informáticamente tal acontecimiento (la segunda página de la providencia firmada el 2 de marzo por Pedraz) creando otro acontecimiento que contenga exclusivamente el texto de la resolución judicial». Es decir, la letrada de la administración de la justicia (y no el juez) ordena que se elimine del procedimiento el mail que se coló por error y que solo se tenga en cuenta la primera página donde venía la providencia firmada por Pedraz y enviada a la Sección Tercera que preside Guevara.

Al ser notificadas sobre esta rectificación, fuentes jurídicas aseguran que los abogados defensores de los 18 procesados pedirán la nulidad completa de las actuaciones por vulneración al derecho a un juez imparcial y a la igualdad de armas entre las partes. Otro abogado ajeno a la causa y un exmagistrado del Tribunal Supremo, a preguntas de este diario, coinciden en que se podrán haber vulnerado ambos derechos y el procedimiento podría estar en peligro. Además, creen que la rectificación puede poner en la picota a la letrada de la administración de la Justicia, quien podría ser acusada de un posible delito de prevaricación por su actuación en este caso.

Las mismas fuentes independientes añaden que «los abogados defensores podrían poner en conocimiento del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo que ha ocurrido en dicho proceso». «Aparte de la prevaricación de libro de la Letrada de la administración de la Justicia, puede terminar en nulidad de las actuaciones. Para tapar un error, cometen otro mayor», asevera el exmagistrado del Tribunal Supremo consultado por este diario.

Explicaciones del juzgado y del fiscal

Por el contrario, fuentes de la Audiencia Nacional cercanas al caso niegan que el fiscal haya actuado a espaldas de los abogados defensores a pesar de que en el mail que se coló en la providencia firmada por Pedraz se decía que De Lucas había «hablado» con al menos uno de los jueces. Las mismas fuentes explican que se trató de una imprecisión en la redacción del mail enviado por la letrada de la administración de Justicia, quien ha asumido el error y la responsabilidad en la providencia notificada el pasado jueves 2 de junio. Además, desde el juzgado explican que cuando decía que el fiscal había «hablado con Guevara», en realidad, se refería a que había enviado en enero dos escritos a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que preside ese magistrado.

Después de pedir una aclaración a la Audiencia Nacional sobre lo ocurrido, este diario ha conseguido tener acceso a los escritos del fiscal mencionados. Ninguno de ellos contiene firma manuscrita o electrónica, ni tampoco refleja qué número de folio ocupan en el sumario. El primero de los escritos firmados por De Lucas está fechado 13 de enero. En él, el fiscal expresaba su conformidad con la conclusión del sumario y solicitaba la apertura de juicio oral contra un total de 18 acusados. De ellos, 16 fueron detenidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la Costa del Sol -13 holandeses, un francés, un esloveno y un español, considerado uno de los distribuidores más conocido de la zona-. Además, el fiscal Antidrogas solicitaba juzgar a otras dos personas, Lazaar y Sarantellis Jr., a pesar de que ninguno de ellos se encontraba en España.

Unos días después, el propio De Lucas se vio obligado a enviar otro escrito a la Sala de lo Penal el 17 de enero. El juez Guevara, que tiene una contrastada fama de ser uno de los magistrados más garantistas de la Audiencia Nacional, le pidió que explicara por qué razones había solicitado procesar a Lazaar y Sarantellis Jr., si ninguno de ellos estaba bajo custodia de las autoridades españolas y además estaban a la espera de juicio en Países Bajos. En ambos casos, el fiscal contestó que «a requerimiento de las autoridades neerlandesas se informó favorablemente de la posibilidad de que en caso de ser condenados, pudieran cumplir la pena allí».

Al anunciar su detención en octubre de 2018, el entonces comisario principal de la Udyco de la Policía Nacional, Santos Bernal, aseguraba haber desarticulado una organización de narcotraficantes liderada por conocidos criminales holandeses asentados en la Costa del Sol, principalmente en Benalmádena, especializados en introducir en España y Holanda grandes cantidades de clorhidrato de cocaína. El operativo culminó con la incautación en un polígono industrial de Málaga de más de 6.300 kilos de cocaína ocultos en el interior de un camión que transportaba un cargamento de plátanos de Costa Rica, alrededor de 300.000 euros en efectivo, cuatro armas de fuego y munición, y vehículos de alta gama, según informó la agencia EFE.

El ascenso del teniente de la Fiscalía Antidroga

Aunque por ahora la responsabilidad de este error judicial la ha asumido la letrada de la administración de Jutsicia Ana Esther Sánchez, el caso salpica al juez Pedraz y podría comprometer también a un fiscal al que se considera próximo a Dolores Delgado, según fuentes de la carrera fiscal. Como ya contó este diario, en marzo De Lucas fue designado por la fiscal general del Estado como teniente de la Fiscalía Antidroga a pesar de que ocupaba el número 847 en el escalafón general, un baremo objetivo que le situaba en la undécima posición de entre un total de 13 candidatos que optaban a ese puesto.

Su nombramiento suscitó suspicacias debido a que es hermano del senador del PSOE Francisco Javier de Lucas, representante por la Comunidad Valenciana en la Cámara Alta desde el año 2019, y miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía Delgado. Una situación que, unida a que su posición en el escalafón, causó malestar entre ciertos sectores de la carrera fiscal.

Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por este diario destacan los méritos y trayectoria de De Lucas, así como su «perfil honesto que nadie cuestiona» entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además de ser actualmente el ‘número dos’ de la Fiscalía Antidroga, de la que forma parte desde 2007, tiene una amplia experiencia en el plano internacional. Ha sido coordinador de la Red de Fiscales Contra el Crimen Organizado (REFCO) en Centroamérica de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También que es experto en el proyecto EU-ACT en la lucha contra las rutas de la heroína y el crimen organizado, asesor del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del FMI en evaluaciones mutuas en materia de blanqueo de capitales, lavado de activos y financiación del terrorismo.

Es el fiscal que llevó la investigación alrededor del narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón le procesó a él y a otras 45 personas en diciembre de 2020. Además de ocuparse de la investigación a Miñanco y su entramado criminal, también acabó procesado por presunto blanqueo de capitales su abogado, Gonzalo Boye. «Es un fiscal que ha sido muy valiente procesando a Gonzalo Boye precisamente cuando igual políticamente no convenía», indican fuentes judiciales de la Audiencia Nacional.