El Supremo declara ilegal el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática
La decisión supone un nuevo varapalo de la Justicia para el fiscal general del Estado, Álvaro García
Dolores Delgado y Álvaro García.
Nuevo varapalo para el fiscal general del Estado, Álvaro García. La sección cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado ilegal el nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos, según ha podido saber THE OBJECTIVE.
Uno de los puntos que han debatido los magistrados, según ha podido saber este periódico, es que el fiscal general del Estado, Álvaro García, «se apoyó en el hecho de que ostentaba la máxima categoría de la carrera para nombrarla fiscal de Memoria Democrática». Una característica que la diferenciaba del resto de los candidatos. Sin embargo, estos mismos jueces anularon en noviembre de 2023 el ascenso al apreciar «desviación de poder» por parte de Álvaro García en el nombramiento.
En una dura sentencia, los magistrados ya achacaron a García «el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico». Y es que el fiscal general tenía como objetivo ascender a su exjefa después de que el PSOE, debido a la presión pública, se viese obligado a retirar una enmienda incluida en a la Ley Concursal, que garantizaba a los fiscales generales del Estado ascender de manera inmediata a la máxima categoría de la carrera fiscal una vez culminado su mandato.
Otro de los asuntos que han abordado es su idoneidad para el cargo, debido a la posible causa de incompatibilidad porque su actual marido, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, está especializado en dicha materia y ejercerá acciones en asuntos de derechos humanos sobre los que Delgado, como fiscal de Memoria Democrática, deberá pronunciarse.
Asimismo, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) –que recurrieron este nombramiento junto a la Asociación de Fiscales (AF) y al fiscal antidroga Luis Ibáñez– también argumentó en su demanda que el proceso estuvo plagado de «importantes irregularidades» que «revisten una gravedad suficiente para dar lugar a su anulación».
Para la APIF, la primera irregularidad fue adelantar del 19 al 8 de junio el Pleno del Consejo Fiscal para asignar la plaza. A su juicio, García Ortiz «tenía prisa» por nombrar a Delgado, «su anterior jefa», «mentora» y «amiga», debido al adelanto electoral al 23 de julio, una cita con las urnas «que podría haber frustrado sus intenciones» si hubiera propiciado cambios en la Fiscalía General del Estado y en el Consejo Fiscal.
Además, los recurrentes recuerdan que el proceso «está viciado» y, por ende, no es válido al haberse realizado sin el informe del Consejo Fiscal, pues siete vocales se negaron a emitirlo ante la negativa del fiscal general a debatir con carácter previo esa posible incompatibilidad para el cargo de Delgado por su relación con Garzón. Asimismo, sostienen que «Álvaro García debería haberse abstenido en la designación debido a la estrecha relación que mantiene con la entonces candidata».
Otros candidatos
Hay que recordar que otros candidatos que optaron al puesto tenían «mejores currículos» y estaban «más especializados en el cargo en cuestión» que la exministra socialista Dolores Delgado, según fuentes judiciales consultadas. Estos eran Carlos Castresana, Juan Calparsoro y Luis Ibáñez.
La trayectoria profesional de Castresana (Madrid, 1957) es muy conocida porque sus denuncias abrieron algunas de las causas más mediáticas de la historia de España, como la investigación por corrupción al expresidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, Jesús Gil. También investigó las causas alrededor del narcotraficante gallego Laureano Oubiña, el expresidente italiano Silvio Berlusconi y el dictador chileno Augusto Pinochet. Sus compañeros de carrera recuerdan su labor con rango de subsecretario general de la ONU en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. «Se jugó la vida y estuvo amenazado por grupos criminales», inciden. Tiene varios doctorados honoris causa y reconocimientos como la Legión de Honor y la Orden del Mérito Civil. Y ha sido fiscal destinado en Madrid y Barcelona, en las Fiscalías Antidroga y Anticorrupción y Tribunal Supremo.
Calparsoro es el actual fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa. Ingresó en la carrera fiscal en 1986. Estuvo destinado en su ciudad natal, San Sebastián, hasta el año 2004, donde ostentó el cargo de teniente fiscal desde 1998. Ha sido Fiscal Superior de la comunidad autónoma de La Rioja y, posteriormente, del País Vasco. Destaca su amplia experiencia en el territorio y en las funciones de jefatura, su solvente proyecto de actuación y su visión de la Fiscalía como verdadero servicio público cercano a la ciudadanía, con una especial sensibilidad hacia las personas y los colectivos más vulnerables.
Ibáñez está destinado en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. Tiene una amplia trayectoria profesional de 25 años ininterrumpidos. Ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1988 y fue fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz entre 1989 y 1991. Desde 1991 hasta 2006, desempeñó el cargo de fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. En octubre de ese año fue nombrado fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga hasta julio de 2013, que fue nombrado fiscal jefe de la provincia de Toledo en la Audiencia Provincial. Por ello, otra de las cuestiones que se debatirán es si Delgado era la candidata más capacitada para dicho cargo.
