Fiscales progresistas critican el «uso partidista» del Senado por pedir la dimisión de García Ortiz
El PP aprueba una moción que pide cesar al fiscal general con la abstención de los socios habituales del Gobierno
García Ortiz charla con la ministra Ana Redondo el pasado marzo. | Eduardo Parra (Europa Press)
El PP toca a rebato contra el fiscal general del Estado. Tan solo 24 horas después de que el Tribunal Supremo haya asestado un nuevo revés a Álvaro García Ortiz, los populares han pedido su destitución en el Senado, donde tienen mayoría absoluta. La iniciativa, que no es vinculante, ha salido adelante con la abstención de Junts, PNV, ERC y Bildu, socios habituales del Gobierno. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reprochado a la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo que utilice las instituciones de forma partidista.
La UPF ha tildado la iniciativa del Senado como «un gravísimo e intolerable ataque a la autonomía del Ministerio Fiscal». En su opinión, la petición inmediata para que el Gobierno destituya a García Ortiz supone «el más execrable ejemplo de utilización partidista de las instituciones, degradando a la Cámara de representación territorial de las Cortes Generales a mero instrumento al servicio del principal partido de la oposición [en referencia al PP], con evidentes fines propagandísticos y electoralistas».
«El citado acuerdo no solo supone la absoluta degradación de la propia institución que lo adopta, sino que, como efecto colateral posiblemente deseado, viene a incidir en el desprestigio de la institución a la que no solo el fiscal general del Estado, sino más de 2.700 profesionales servimos con absoluta dedicación y en el fiel cumplimiento de la sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad que nos impone el artículo 124 de la Constitución Española», insiste la asociación en un comunicado.
El papel de García Ortiz
La UPF recuerda que la autonomía del fiscal general del Estado fue reforzada en 2007 mediante la reforma del artículo 31 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En dicho precepto se establecen los motivos del cese, que deben ser «tasados», esto es, que se pueda «afirmar con rigor y fuera de valoraciones partidistas e interesadas» los incumplimientos graves en los que haya incurrido. La asociación pide a los senadores «más respeto» por la democracia y las instituciones.
García Ortiz ya afirmó el martes, durante una entrevista en la televisión pública, que su figura está «blindada». El mandato del fiscal general tiene una duración de cuatro años y solo puede ser cesado por causas tasadas en la ley, que serán apreciadas, en su caso, por el Consejo de Ministros. En todo caso, cesa con el Gobierno que lo haya propuesto.
La iniciativa registrada por el PP en el Senado insta al Gobierno a proponer el relevo de García Ortiz «por el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo». La moción demanda al Ejecutivo que designe a un nuevo fiscal general del Estado «que cumpla con los requisitos legales para su elección, y que garantice la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida para el ejercicio del cargo».
El Supremo tumbó este martes el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Los magistrados entienden que existe incompatibilidad en las tareas que iba a desarrollar, ya que el despacho de su pareja, Baltasar Garzón, ejerce actividades en ese ámbito. La decisión es fruto de un recurso presentado por dos asociaciones de fiscales. El alto tribunal ya había anulado en noviembre su ascenso a la máxima categoría fiscal y acusado a García Ortiz de «desviación de poder» por promocionar a dedo a su antecesora.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también recurrió en febrero ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el nombramiento de García Ortiz, que fue renovado en el cargo por el Gobierno el pasado diciembre.
La organización argumenta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no lo consideró idóneo para el puesto después de que fuese condenado por incurrir en «desviación de poder». Este miércoles, el fiscal general ha solicitado recusar a los miembros del alto tribunal que deben decidir si sigue en el cargo al considerar que son los mismos de la sentencia anterior y pueden no ser objetivos.
