Una asociación de fiscales recurre al Supremo el nombramiento de García Ortiz

El fiscal general del Estado está en el ojo del huracán. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el nombramiento de Álvaro García Ortiz, que fue renovado en el cargo en diciembre por el Gobierno. La organización argumenta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no lo consideró idóneo para el puesto después de que el alto tribunal le condenara por incurrir en «desviación de poder» cuando promocionó a la máxima categoría de la carrera fiscal a la ex ministra socialista Dolores Delgado, su antecesora en el cargo.

APIF interpuso el recurso ante el Supremo este jueves, según lo acordado en el congreso que celebró en Las Palmas en noviembre. En ese cónclave, la primera de las conclusiones aprobadas señalaba a García Ortiz por haberse mostrado «descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno». En una nota de prensa, la organización considera que «no reúne las cualidades necesarias para ser nombrado» y reprocha diferentes actuaciones desde que fue elegido para el cargo en junio de 2022 (y renovado el pasado diciembre).

El comunicado al que ha accedido THE OBJECTIVE menciona la anulación de nombramientos de fiscales de Sala por desviación de poder, como en el caso de Delgado. También incide en que una vez que fue renovado por el Ejecutivo como fiscal general, decidió «privar» al Consejo Fiscal de la posibilidad de hacer el informe que le había pedido el Senado sobre la proposición de ley de amnistía. «A nuestro juicio no hace más que reafirmarnos en la urgente y necesaria interposición de este recurso», asegura APIF.

Sentencia del Supremo

La asociación que preside Miguel Pallarés desde noviembre hace hincapié en que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal exige en su artículo 29 que el candidato a fiscal general debe ser jurista de reconocido prestigio. Según APIF, si en García Ortiz hubiese concurrido tal requisito «decae desde el momento que ha sido condenado por el Supremo como autoridad que actúa con desviación de poder, utilizando sus potestades con finalidad distinta de la establecida por el ordenamiento». Considera, por tanto, que el nombramiento «no es conforme a ley».

A finales de noviembre, el alto tribunal estimó parcialmente el recurso presentado por otro candidato a fiscal de la Sala de lo Militar al entender que apreciaba «desviación de poder» en la propuesta que realizó García Ortiz en «el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico». La sentencia concluye que la designación de Delgado no atendió a razones de mérito, por lo que ordenaba la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la propuesta.

APIF subraya que la Fiscalía se configura como una institución esencial dentro del Poder Judicial, por lo que «no puede trasladarse a la ciudadanía, con el nombramiento del fiscal general del Estado, cúspide del Ministerio Público, queda dentro o en la órbita del Gobierno». Además, señala que coincide con el CGPJ, al no considerarlo idóneo para el cargo que desempeña.

García Ortiz se ha convertido en la diana de las críticas de sus compañeros en los últimos días por el polémico informe fiscal sobre la decisión de imputar a Carles Puigdemont por terrorismo en Tsunami Democràtic. El fiscal encargado, Álvaro Redondo, solo observó desórdenes públicos en las protestas que organizó la plataforma tras la sentencia del procés. Una conclusión que fue enmendada por la junta de fiscales del Supremo.

El polémico informe

Al existir discrepancias entre los dos fiscales jefe, la decisión final se elevó a la superior jerárquica. Miembros del Ministerio Fiscal acusan al fiscal general de reinterpretar el reglamento por ello.

La polémica comenzó realmente días antes, cuando una información periodística reveló que Redondo preparó dos informes distintos y que optó por dar un giro a sus planteamientos tras reunirse con el fiscal general. Según El Mundo, el fiscal del Supremo aseguraba en un primer informe que las actuaciones de Tsunami tenían encaje como delito de terrorismo. 

El encargado del informe se retractó apenas 72 horas después, tras una reunión con García Ortiz el día 30. Ambos protagonistas descartan que se realizaran recomendaciones o que el fiscal general diese instrucciones. «Reitero: no recibí, no ya una instrucción, sino siquiera una mínima sugerencia por parte del fiscal general del Estado sobre la postura jurídica que debía asumir, como ponente, ante la junta de fiscales del Tribunal Supremo», insistió Redondo en una carta enviada los medios de comunicación.