García Ortiz recusa a los magistrados del Supremo que deben decidir si sigue en el cargo
Considera que los jueces podrían no ser objetivos al ser los mismos que anularon el nombramiento de Delgado
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz el pasado verano. | A. Martínez Vélez (Europa Press)
Maniobra de Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado ha recusado a todos los magistrados del Tribunal Supremo que deben resolver su continuidad tras el recurso contra su nombramiento que presentó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en febrero. Considera que esos jueces podrían no ser objetivos. La organización que preside Miguel Pallarés llevó el asunto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo argumentando que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no lo consideró idóneo para el puesto después de que el alto tribunal le condenara por incurrir en «desviación de poder» por promocionar a la máxima categoría a Dolores Delgado, su antecesora en el cargo.
Fuentes fiscales informan a THE OBJECTIVE de que García Ortiz ha presentado un incidente de recusación contra cuatro magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo (una quinta se jubiló). Estos jueces que tienen pendiente resolver el recurso de APIF contra su designación al frente de la Fiscalía General del Estado son los mismos que advirtieron su «desviación de poder». Los fiscales consultados por este diario sostienen que el objetivo es dilatar los plazos.
Los jueces que recusa García Ortiz son los mismos que en noviembre dictaron una sentencia que tumbó el nombramiento de Delgado como fiscal togada del Supremo. Le acusaron de «desviación de poder», ya que «su finalidad fue asegurar a Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal».
García Ortiz, al ataque
El fiscal general del Estado considera que dicha sentencia puede influir en la objetividad de los magistrados. Entiende que estos magistrados podrían no ser objetivos para determinar su continuidad al frente de la institución, una vez que el CGPJ le consideró «inidóneo» para el puesto precisamente por, entre otras cuestiones, aquella sentencia del Supremo. Este martes, el alto tribunal volvió a darle un revés al anular el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática al considerar que García Ortiz se apoyó en el hecho de que ostentaba la máxima categoría.
García Ortiz añade en su escrito referencias como el caso del magistrado José Luis Requero, quien al día siguiente de aquella sentencia contra Delgado firmó un artículo en La Razón en el que dijo que «basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados». Ante este escenario, pide que su caso sea revisado por otros magistrados que no tengan pronunciamientos o referencias contra él. La cuestión será resuelta por la Sala Especial del 61 del Supremo.
Se trata de una sala especial del Supremo cuyo nombre proviene del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge su creación. Entre sus competencias figura la de estudiar, como dice la propia ley, «los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala», como sucede en este caso.
La Sala del 61 está formada por el presidente del Supremo, Francisco Marín Castán, cada uno de los presidentes de las cinco salas del alto tribunal y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas. La APIF interpuso en febrero un recurso contencioso-administrativo en el Supremo contra la designación de García Ortiz, al considerar que su actuación y su «parcialidad» en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley.
Denuncian que García Ortiz «se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias». Consideran que «no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno».
Apenas unas horas de hacerse pública la última resolución contra Delgado, García Ortiz señaló en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE que el Supremo había modificado su doctrina sobre estos nombramientos discrecionales al anular en dos ocasiones los ascenso de su antecesora. Además, aseguró que su figura como fiscal general «está blindada». Fuentes de la carrera reconocen a este diario que el Gobierno solo puede cesarlo por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, tal y como determina el artículo 31.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
