El Gobierno de Aragón anuncia que recurrirá la ley de amnistía al Tribunal Constitucional
La portavoz del Ejecutivo autonómico ha indicado que este dictamen deriva de un acuerdo del Consejo de Gobierno
Los vicepresidentes del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco y Mar Vaquero | Fabian Simon
En rueda de prensa, Vaquero ha subrayado que deben defender los intereses de todos los aragoneses, que se ven «conculcados» con esta ley, y ha dicho que «ojalá» hagan lo mismo otras Comunidades Autónomas para defender «la democracia, el Estado de derecho y la igualdad de todos los españoles». «Cuántas más se sumen, mayor defensa de la unidad de la nación», ha expresado, a la vez que ha recordado que otros presidentes regionales han manifestado públicamente su intención de recurrir al TC.
La portavoz del Ejecutivo autonómico ha indicado que este dictamen deriva de un acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 20 de marzo, en el que se aprueba solicitar al Consejo Consultivo un informe sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía para justificar un posible recurso al TC.
A este respecto, ha asegurado que el dictamen ha resultado «claro y contundente» y que ha determinado que tanto el Gobierno autonómico como las Cortes de Aragón están legitimados para interponer este recurso de inconstitucional, extensivo a otras Comunidades Autónomas «que integran el pluralismo de nuestra nación» y que también tienen un «legítimo interés».
Un interés, ha continuado, especialmente para Aragón por razones de carácter cultural, histórico, económico y social, porque «el Reino de Aragón y Cataluña formaban parte de la Corona de Aragón», por una vecindad que ha fomentado siempre «unas relaciones comerciales intensas» y por la «clara relación de convivencia», que hace que muchos aragoneses tengan en la comunidad vecina su segunda residencia.
Aragón, «Un escudo político»
«Vamos a ser un escudo político y perseguiremos por todos los cauces legales cualquier menoscabo que se quiera hacer a los intereses de todos los aragoneses. Y este, sin duda, es uno de ellos», ha remarcado la vicepresidenta segunda.
Así, ha advertido de que Aragón «no va a tolerar» ningún intento para «romper nuestro país» ni para «aceptar como normal» el «trato de favor» a unos «delincuentes» por el «mercadeo» de unos votos en el Congreso de los Diputados. «Cualquier gobernante debe saber que no está por encima del pueblo al que gobierna», ha añadido Vaquero, quien ha insistido en que en la ley de amnistía ve «un claro ataque a la Constitución, al Estado de derecho, a la libertad y a la democracia».
«Nunca antes se había puesto tan en peligro nuestro Estado de derecho», ha apostillado, y ha avisado de que van a perseguir a todos aquellos que, «vengan de donde vengan», impliquen «un ataque a nuestro sistema político».
Un «traje a medida»
Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (VOX) ha dicho que el dictamen del Consejo Consultivo es «demoledor» ya que considera que la ley de amnistía vulnera el principio de separación de poderes y supone un ataque contra la Constitución, todo ello para elaborar «un traje a medida» para que Pedro Sánchez contara con el apoyo de los independentistas en su investidura.
Asimismo, ha destacado que, una vez concluya su tramitación de ne Senado, la amnistía beneficiará a 372 personas vinculadas con las consultas «inconstitucionales» del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017, incluidos miembros de los CDR, Tsunami Democrático y dirigentes de Junts y ERC. A su juicio, los delitos que se pretenden amnistiar afectan a España en su conjunto como Estado, por lo que Aragón tiene «todas las razones fundadas» para interponer el recurso ante el TC.
Del mismo modo, citando el dictamen, Nolasco ha señalado que incluso el preámbulo de la ley admite que exime de responsabilidades a personas que cometieron «ciertos hechos en un periodo de tiempo concreto», lo que genera una situación de «arbitrariedad» que vulnera el «mismo trato hacia la Justicia» que merecen todos los españoles.
La normalización se consiguió con el 155
Ha achacado, por tanto, que la aprobación de esta norma se debe a la exigencia de los independentistas para otorgar sus votos a Sánchez en su investidura como presidente del Gobierno, por lo que la causa eficiente de la amnistía no es «ni la pacificación social, ni la justicia, ni el asentamiento de la democracia ni la reconducción de las aspiraciones secesionistas dentro de la legalidad constitucional» y supone «un caso de desviación de poder».
A ello ha sumado que el trato diferenciado que otorga a algunas personas afecta al principio de seguridad jurídica porque «la ley deja de ser igual para todos». Además, Nolasco ha subrayado que se amnistían «varios delitos de alteración grave del funcionamiento de las instituciones en Cataluña» y que la normalización institucional en esta Comunidad Autónoma fue posible gracias a la aplicación del artículo 155, con lo que es «incongruente» apelar a ello porque es algo que «ya se ha conseguido».
El vicepresidente aragonés ha reiterado que es una ley que afecta a toda España y que responde sólamente al «interés particular» de los partidos independentistas catalanes y de sus líderes, uno de ellos, huido de la justicia, en referencia a Carles Puigdemont. Ha rechazado también que haya habido «una supuesta represión emprendida por el Estado» y ha recordado que ningún tribunal internacional ha condenado a ningún tribunal español por vulneración de derechos fundamentales.
Por último, Nolasco ha recordado las «mentiras» y los «cambios de opinión» de Sánchez al respecto, y que a la amnistía se han sumado otras decisiones como la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña o el taspado de Rodalies, que son «nuevas discriminaciones contra los aragoneses».
También, han «regalado» el Ayuntamiento de Pamplona a «los proetarras», en referencia a Bildu, y el Gobierno de España ha «comprometido» la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco. «Lucharemos con todas las vías legales a nuestro alcance para evitar que este atropello se produzca», ha concluido.
Elecciones catalanas
Con respecto a las elecciones autonómicas catalanas del pasado 12 de mayo, la vicepresidenta Vaquero ha remarcado que su partido, el PP, ha sido «muy claro para hacer valor que son la primera fuerza constitucionalista» y, por tanto, no van a apoyar «nunca» a un gobierno que vaya en contra de estos principios y pueda a su vez apoyar a otros partidos que ataquen estos principios.
En este sentido, ha mencionado que «todo lo que le ha pedido Puigdemont, –Sánchez– se lo ha concedido», al tiempo que ha lamentado la inestabilidad política que deja el panorama actual ya que el presidente del Gobierno depende de los independentistas en el Congreso de los Diputados.
Sobre los socialistas, ha dicho que, aunque «se autoproclaman constitucionalistas», han impulsado leyes como la amnistía que atacan principios constitucionales fundamentales como la separación de poderes. En cuanto a la dimisión del presidente catalán en funciones y candidato de ERC, Pere Aragonès, se ha limitado a expresar que es una decisión personal ante un «fracaso político» y que la ve «coherente».
Por su parte, el vicepresidente Nolasco ha asegurado que VOX no va a facilitar ninguna investidura del candidato socialista, Salvador Illa, porque «el PSOE es parte del problema, no de la solución». De hecho, se ha referido al PSC como «el partido separatista catalán» y ha insistido en que «tiene mucha culpa de lo que está pasando».
