Vox pide personarse en el 'caso Pegasus' que investiga el espionaje a Sánchez y sus ministros

Vox ha pedido personarse en el caso Pegasus. La formación que lidera Santiago Abascal solicitó el pasado lunes formar parte de la causa que instruye la Audiencia Nacional en calidad de acusación popular. La investigación trata de dilucidar un supuesto espionaje a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los terminales de tres de sus ministros a través de un software israelí. El juez José Luis Calama archivó las pesquisas de forma provisional en julio por falta de cooperación de las autoridades jurídicas del país hebreo, pero las reabrió hace un mes tras recibir nueva información de Francia.

La formación verde reclama ser admitida en el caso Pegasus conforme a lo establecido en los artículos 125 de la Constitución y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Vox también alude a la sentencia que emitió el Tribunal Supremo en abril de 2013, que sostiene que el legislador, tratándose de delito público, «no ha limitado la acción popular al derecho de pedir la incoación del proceso penal mediante querella, sino que ha permitido ejercitarla en las causas ya iniciadas personándose en los términos prevenidos en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

La resolución del Supremo subraya la posibilidad de adherirse a una causa en nombre de la ciudadanía «sin dejar condicionada la eficacia de la acción penal a la formulación de querella. La existencia de fianza, impuesta por el artículo 280, constituye requisito de admisibilidad de la querella cuando esta es medio de iniciación del proceso penal, pero cuando el ejercicio de la acción popular se realiza en un proceso en curso, la necesidad de tal requisito no parece razonable». No obstante, Vox ofrece la oportuna fianza en el texto registrado «aun no siendo necesaria».

La fianza de Vox

El origen del caso Pegasus se remonta a abril de 2022, cuando un laboratorio de la Universidad de Toronto denunció el espionaje de al menos 65 teléfonos pertenecientes a figuras políticas catalanas, sus familiares, abogados, representantes de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales vinculadas al independentismo catalán. El espionaje se habría realizado de forma ilícita entre 2017 y 2020 a través de un software israelí, una herramienta destinada a vigilar a personas sospechosas de terrorismo.

Más tarde se descubrió que también habían sido espiados activistas, entre ellos varios defensores de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. El Gobierno reveló en mayo de 2022 que el Centro Criptológico Nacional había detectado indicios de un posible espionaje a los teléfonos del presidente Sánchez y tres ministros: Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura).

El Gobierno presentó una querella ante la Audiencia Nacional, que comenzó a investigar el supuesto espionaje con Pegasus. Calama archivó el caso de forma provisional en julio del año pasado por la «absoluta» falta de cooperación jurídica de Israel. El magistrado afeó al país hebreo que no respondiera las comisiones rogatorias que había enviado y estimó que la única forma de desatascar la investigación era que el Gobierno abriera «una eventual vía diplomática».

Una opción cada vez más lejana, especialmente después de que Benjamin Netanyahu haya llamado a consultas a su embajadora en Madrid tras el anuncio de Sánchez de reconocer al Estado de Palestina este martes. A pesar de las trabas, Calama reabrió la causa en abril, tras recibir nueva información de las autoridades francesas. La documentación incorpora una investigación llevada a cabo por el país vecino en 2021 con la colaboración de Israel y Estados Unidos tras registrarse numerosas infecciones en teléfonos de periodistas, abogados y políticos galos.

Víctimas de un chantaje

El Congreso aprobó en diciembre de la creación de una comisión de investigación. La ministra de Defensa, Margarita Robles, compareció ante ella el pasado lunes. Aseguró que la información sustraída (aún no se sabe por quién) de los móviles del presidente y otros miembros del Gobierno no afectaron a la seguridad nacional, ya que no contenían información clasificada como reservada o secreta. En cambio, reconoció que sí podría haberse afectado la intimidad.

Robles insistió que el Gobierno es «el primer interesado en saber quién está detrás de la infección» y aseguró que por eso «colabora» con la justicia. La ministra de Defensa rechazó las conjeturas que señalan a Marruecos como autor del espionaje, ya que los ataques coincidieron con el momento de mayor tensión con Rabat en los últimos años, con la entrada irregular en Ceuta de más de 10.000 migrantes. «No puedo especular, ni quiero, ni debo», zanjó la cuestión. No obstante, el diputado de Vox Alberto Asarta le requirió que «la sociedad española tiene derecho a saber si el Gobierno o Sánchez están siendo víctimas de un chantaje».

La ministra también desvinculó este caso de espionaje con los seguimientos que realizó el CNI con el programa Pegasus entre 2018 y 2019 a los independentistas catalanes, ya que se hizo «con control y autorización judicial». Un extremo que rechazan los afectados, que mantienen causas abiertas en diferentes juzgados de Madrid y Barcelona. Entre ellos el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès.

Vox abandonó en 2022 la comisión de investigación del caso Pegasus en el Parlament porque consideró que se trataba de «un circo que hace perder tiempo y dinero a los catalanes». El Gobierno, que se ha negado a desclasificar los informes del CNI al respecto, destituyó en mayo de 2022 a su directora, Paz Esteban. Su cese fue una exigencia de ERC. El Defensor del Pueblo cerró la polémica ese mismo mes. Concluyó que el CNI actuó conforme a la ley «en las intervenciones de las comunicaciones que se han producido sobre una parte (18 dirigentes independentistas) de las personas aludidas».