La Justicia admite un recurso contra el decreto del Govern que margina el español en las aulas
El Ejecutivo en funciones aprobó un decreto para blindar a las direcciones de escuelas ante posibles demandas judiciales
Pere Aragonès.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite un recurso contra el Decreto Lingüístico que el Gobierno de Pere Aragonès en funciones aprobó el pasado 14 de mayo, dos días después de las elecciones y sin posibilidades de que ERC mantuviera la presidencia. El Ejecutivo autonómico eludió de esta forma el debate y la tramitación parlamentaria sobre el nuevo régimen lingüístico del sistema de enseñanza pública. El decreto pretende blindar a las direcciones de las escuelas e institutos ante posibles demandas judiciales.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad presidida por Ana Losada, ha interpuesto este recurso contencioso-administrativo por «vulneración de derechos fundamentales» contra el Decreto 91/2024, de 14 de mayo, del régimen lingüístico del sistema educativo no universitario. Uno de los flecos que quedaban por resolver por parte del Gobierno catalán en el blindaje del sistema de inmersión era la actuación de las direcciones escolares.
Si el equipo directivo vulneraba la legalidad al no asumir el 25% de horas lectivas en castellano impuesto por los tribunales se arriesgaban a ser inhabilitados por un delito de desobediencia. El principio de indemnidad al que tienen derecho todos los funcionarios no abarca decisiones que contravienen la justicia y los profesores habían transmitido sus inquietudes al Govern respecto a este punto.
Aprobado con el Govern en funciones
Según sostiene la entidad, el decreto del Govern «vulnera derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución como son el derecho a la no discriminación (Art. 14 ) y el derecho a la educación (Art. 27)», además de suponer una «infracción del ordenamiento jurídico por haber sido aprobado por un gobierno en funciones más allá de lo que permite el art. 27 de la Ley catalana 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno».
En el decreto, el idioma castellano no está reconocido como lengua oficial ni como lengua propia, algo que contradice la Carta Magna. La AEB considera que «la consecuencia de esa declaración es que no disfruta de la condición de lengua de la enseñanza ni de la Administración educativa» y, en consecuencia, solicita la nulidad del Decreto y que se adopten medidas cautelares que impidan su entrada en vigor antes de la sentencia.
En un comunicado, la entidad manifiesta su «indignación ante el reiterado desamparo de los ciudadanos catalanes a las prácticas sectarias en el ámbito lingüístico de la Generalitat».
Pasividad del Gobierno central
Asimismo denuncian la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez: «El Gobierno de España no ha criticado ni ha actuado ante la aprobación y entrada en vigor de este Decreto el pasado miércoles 5 de junio. De nuevo son los ciudadanos los que han de recurrir a los tribunales para impedir la vulneración de derechos lingüísticos en Cataluña e intentar reemplazar la dejadez de funciones de los responsables políticos».
No es la primera vez que el Ejecutivo central actúa así. Como informó THE OBJECTIVE, dejaron correr el plazo legal para impugnar ante el Tribunal Constitucional el decreto educativo 6/22 del Govern de la Generalitat que evitaba dar condición de lengua vehicular al castellano en las escuelas públicas de Cataluña.
Este último decreto aprobado por el Govern se ampara precisamente en el marco legal creado en 2022 con dos normas para blindar el modelo de inmersión lingüística frente a la sentencia judicial firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, desde enero, obligaba a impartir un mínimo del 25% de castellano.
