El Tribunal de Cuentas plantea llevar la amnistía al TJUE y retrasa el fallo por los gastos del 1-O
La consejera pide a las partes que se pronuncien en 10 días sobre si procede plantear una cuestión prejudicial
Carles Puigdemont valora en Argelès los resultados de las últimas elecciones en Cataluña. | Glòria Sánchez (Europa Press)
El Tribunal de Cuentas plantea llevar la ley amnistía a Europa. La consejera encargada del supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O ha dictado este martes una providencia en la que pide a las partes (acusaciones y defensas) que se pronuncien en un plazo de 10 días sobre la procedencia de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Mientras eso sucede, Elena Hernáez ha decidido suspender la sentencia por los gastos que ocasionó la consulta celebrada en 2017 y la acción exterior del Govern durante el procés. El procedimiento cuenta con 35 encausados, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont y otros 34 antiguos cargos de Cataluña.
La consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento considera que diversos preceptos de la amnistía podrían oponerse a la interpretación que hace el TJUE de determinadas normas de la UE. La malversación y el terrorismo son delitos particularmente sensibles en la UE, por lo que la amnistía podría entrar en conflicto con la legislación comunitaria.
Hernáez se refiere en concreto en la providencia a los artículos 1, 2e, 8.3, 10 y 13.3 de la ley de amnistía. Son los relativos a la lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE, al principio de cooperación leal, de igualdad y no discriminación, los de seguridad jurídica y confianza legítima y el del Estado de Derecho.
Amnistía y malversación
El plazo para dictar sentencia, que se antojaba inminente según las fuentes consultadas por THE OJBJECTIVE, ha quedado en suspenso hasta que se resuelva definitivamente sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial al TJUE por la ley de amnistía. Así lo ha informado el propio Tribunal de Cuentas en una nota de prensa. El órgano fiscalizador solo puede ejercer una función fiscalizadora y enjuiciar la responsabilidad contable de los cargos públicos, pero no tiene jurisdicción penal.
Con este procedimiento, el Tribunal de Cuentas busca recuperar el dinero utilizado en el supuesto desvío de fondos para financiar el procés. Sociedad Civil Catalana reclama el reintegro de 5,3 millones de euros, mientras que la Fiscalía rebaja la cifra a 3,1 millones, aunque inicialmente llegó a demandar 9,5 millones. En cualquier caso, la cantidad deberían pagar lade forma conjunta y solidaria la treintena de encausados, entre los que se encuentran Puigdemont, Junqueras y Artur Mas.
Mas ya fue condenado por el Tribunal de Cuentas en 2019 a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero.
También están encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Entre ellos, el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.
Suspender el procedimiento
ERC ya solicitó suspender la causa por la tramitación de la ley de amnistía, cuya vista se celebró el 17 de noviembre. Sin embargo, el órgano fiscalizador lo rechazó en enero al considerar que ese motivo era insuficiente para aplazar el procedimiento. La consejera Elena Hernáez argumentó que entonces se desconocía los términos de la ley pendiente de aprobación (lo hizo de forma definitiva el pasado 30 de enero en el Congreso).
El Tribunal Supremo también está valorando la posibilidad de acudir al TJUE. Mientras tanto, el juez instructor del procés, Pablo Llarena, ha preguntado a los fiscales de la causa si la malversación que se le atribuye a Puigdemont afecta a los intereses financieros de la UE y, por ende, quedaría excluida de la amnistía. Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso este diario en la que acuerda mantener la orden nacional de detención que pesa contra el expresidente catalán, los exconsejeros Antoni Comín y Lluis Puig, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
