Los fiscales del 'procés' se apartarán si García Ortiz impone su criterio sobre la amnistía
Entregan un documento en el que se niegan a perdonar los delitos de malversación cometidos
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en marzo. | Ricardo Rubio (Europa Press)
Los fiscales del procés dan la espalda a la amnistía. Los cuatro representantes que ejercieron la acusación contra los líderes independentistas en el juicio del Tribunal Supremo en 2019 entregaron este miércoles un informe en el que desafían a Álvaro García Ortiz. El documento insiste en que no se puede perdonar el delito de malversación de los condenados y huidos por ser «improcedente y contrario a las leyes». Subrayan que, en el caso de que el Ministerio Público les insista en aplicar la norma, se apartarán de la causa, ya que se niegan a cambiar su criterio. La pelota ahora está en el tejado del fiscal general del Estado.
«Si [el fiscal general del Estado] considera que debe aplicarse en todo caso la ley [de amnistía], prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos en los informes (…) deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada y, a continuación, proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF)», sostienen en su informe.
La Fiscalía es un órgano jerárquico, por lo que todos los representantes del Ministerio Público están obligados a seguir el criterio de su superior. El EOMF prevé en su artículo 27 un mecanismo para solventar las discrepancias. Los fiscales del procés invocarán en caso de que García Ortiz les pida defender la aplicación de la amnistía ante el Supremo, algo que no están dispuestos a hacer, tal y como le avanzaron al fiscal general en una reunión el pasado 30 de mayo.
Exclusiones de la amnistía
El precepto establece que el fiscal que reciba una orden que considere contraria a las leyes o improcedente se lo hará saber a su superior mediante informe razonado. Si este considera insatistactorias las razones alegadas, podrá plantear la cuestión a la Junta de Fiscales y, una vez que esta se manifieste, la resolverá, bien ratificándola o reconsiderándola.
Si la opinión de García Ortiz no se corresponde, por tanto, con la de sus subordinados, tiene la posibilidad convocar a los fiscales jefes de todos los órganos judiciales para escuchar su postura, aunque la decisión final le corresponde a él. En ese caso, debería dictar un decreto motivado en el que se acuerde la avocación de la causa, como establece el artículo 25 del EOMF. Desde la Fiscalía explican a THE OBJECTIVE que su máximo dirigente debe decidir ahora si comparte o no la tesis de los fiscales del procés. Debe darse prisa, ya que el Supremo ha dado un plazo de cinco días.
Otras fuentes fiscales consultadas por este diario avanzan que la decisión de García Ortiz no coincidirá con la de sus subordinados. Apuntan a que podría derivar la cuestión a su número dos, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que ya se encargó de elaborar el informe del caso Tsunami después de la polémica suscitada en una junta de fiscales del Alto Tribunal. De momento, el fiscal general ha descartado opinar públicamente sobre el alcance de la amnistía, aunque ha valorado la cuestión como «compleja».
El escrito de los fiscales del procés, de nueve páginas, responde a la petición que realizó García Ortiz el pasado martes, cuando el Supremo dio cinco días para que la Fiscalía informara si debía aplicar la amnistía a cuatro exconsejeros de la Generalitat que siguen teniendo pendiente una pena de inhabilitación por malversación y otros cuatro procesados que huyeron de la justicia, entre ellos el expresident Carles Puigdemont.
Aumento de patrimonio
El artículo 2 de la ley de amnistía establece una serie de exclusiones entre las que destacan «los actos tipificados como delitos que afectaran a los intereses financieros de la UE». La norma permite perdonar la malversación de fondos públicos vinculada al procés siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento, entendido este como «beneficio personal de carácter patrimonial». La redacción trata de evitar lo que ocurrió con la reforma del Código Penal, cuando se intentó rebajar las penas por este delito y el Supremo rechazó aplicarlo al desvío de fondos vinculados al 1-O.
En el documento, los fiscales del procés subrayan que es «indudable» que Puigdemont y el resto de procesados y condenados «sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) un proyecto inconstitucional de desintegración de España». Los afectados defienden que no existe ningún elemento que pruebe que el desvío de fondos haya provocado un aumento del patrimonio de los encausados.
Los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno opinan lo contrario. Insisten en que esos fondos «no han sido restituidos», motivo por el que se oponen a amnistiar la malversación atribuida a los encausados. «Su aplicación en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma», sostiene en el texto.
En caso de que García Ortiz desoiga su criterio, los cuatro fiscales del procés solicitan elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). La intención es que este se pronuncie sobre posibles choques entre la legislación comunitaria y la ley de amnistía. El Tribunal de Cuentas ha sido el primer órgano que ha planteado elevar la cuestión a Luxemburgo. El órgano fiscalizador investiga el supuesto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O. Sociedad Civil Catalana reclama el reintegro de 5,3 millones a sus 35 encausados. La Fiscalía rebaja la cifra a 3,1 millones.
