La amnistía permitirá recuperar 16 millones a la asociación que avaló las causas del 'procés'
Caixa de Solidaritat devolverá el dinero que depositaron los donantes para combatir los procesos judiciales
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. | Ilustración de Alejandra Svriz
Caixa de Solidaritat ya se frota las manos. Con la aplicación de la amnistía recuperará buena parte de los 16 millones de euros que canalizó a través de donaciones para avalar los gastos jurídicos del procés. Sus dirigentes reconocen que no rescatarán todo el dinero, ya que han tenido que pagar abogados, multas y responsabilidades contables como las del 9-N, de las que no exime la norma. Desde la asociación explican que los tribunales deben reintegrar la cantidad consignada de oficio una vez que los jueces acepten las peticiones de los encausados. Cuando suceda, estudiarán cómo devolver las aportaciones.
La asociación, impulsada por entidades soberanistas hace seis años, ha aportado fianzas para el procés que superan los 16 millones de euros. Las dos últimas, por valor de 7,2 millones. La mitad de ese dinero fue destinado al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y, la otra mitad, al Tribunal de Cuentas, que depura responsabilidades contables. Ambos órganos pidieron la misma garantía a pesar de que Caixa de Solidaritat advirtió de que las cantidades estaban duplicadas, por lo que solicitó su reintegro.
Los inicios de la asociación están vinculados a las actividades del procés, aunque se retrotraen a la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. El Tribunal de Cuentas condenó en 2018 al expresidente catalán Artur Mas y a otros antiguos altos cargos de la Generalitat de Cataluña a devolver casi cinco millones de euros invertidos para celebrar la consulta celebrada hace una década. La responsabilidad la cubrió Caixa de Solidaritat mediante miles de transferencias de particulares y entidades.
Excepciones de la amnistía
«La mayor parte de las fianzas se han ido recuperando y se han usado para depositar otras», admite el abogado Pep Cruanyes, presidente de Caixa de Solidaritat. En estos momentos continúan abiertos varios pleitos. Son especialmente relevantes los del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y el del Tribunal de Cuentas, los dos por el supuesto desvío de fondos en el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del Govern. En ambas causas se enjuicia a una treintena de dirigentes, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
Cruanyes explica que Caixa de Solidaritat no va a presentar ningún escrito a los juzgados para recuperar las cantidades consignadas. Subraya que ese trabajo deben hacerlo los encausados y los tribunales, que desde que entró la ley de amnistía en vigor el pasado martes han presentado peticiones para su aplicación en masa. El presidente de la asociación asegura que una vez que los jueces decidan aplicarla, los juzgados les devolverán las fianzas.
«Tenemos constancia de la cantidad que ha puesto cada persona. Hicieron transferencias y quedó constancia», reconoce Cruanyes. Sostiene que Caixa de Solidaritat está en condiciones de restituir el dinero que aportó cada donante, ya que «no se puede dedicar a otra cosa». No obstante, admite que estos no van a poder recuperar todo el montante porque durante estos años han tenido que pagar abogados, aunque no precisa las cantidades. Otra cuantía que no recuperarán es aquella que se destinó a abonar las responsabilidades del 9-N.
El artículo 1 de la ley de amnistía incluye los actos cometidos con la intención de convocar, promover o procurar la celebración de las consultas ilegales que tuvieron lugar en Cataluña en 2014 y 2017. El artículo 8 extingue las responsabilidades civiles y contables derivadas de los actos descritos en el primer precepto, «incluidas las que estén siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas», pero no aquellas que ya cuentan con sentencia firme, como es el caso de la consulta ilegal de hace una década.
La consulta del 9-N
El órgano fiscalizador condenó en 2018 al expresidente catalán Artur Mas y a otros antiguos dirigentes a reintegrar 4,9 millones de euros que fueron indebidamente utilizados para la consulta del 9-N. El Tribunal de Cuentas confirmó un año más tarde la sentencia. El resto del dinero retornará a Caixa de Solidaritat, que publicará anuncios en medios de comunicación para los despistados.
Cruanyes revela que el reparto no será «inminente» y que habrá que idear una fórmula para que los donantes recuperen el dinero de forma «proporcional», ya que no será posible recobrar su totalidad. La organización se encargó de abonar, entre otras, las fianzas de los encausados por el desvío de fondos del 1-O y de la acción exterior del Govern tanto en un juzgado de Barcelona como en el Tribunal de Cuentas. En total 7,2 millones.
La similitud de las cifras les llevó a realizar un estudio que puso de manifiesto la duplicidad en los depósitos. Caixa de Solidaritat pidió recuperar las fianzas de las partidas repetidas, aunque sin éxito. Sus responsables sostienen que esa práctica vulnera el principio de non bis in idem, por el que nadie puede ser sancionado dos veces por los mismos hechos. Cruanyes lo enmarca en la «animadversión» que existe en los tribunales españoles a la causa catalana.
