La amnistía obligará a una asociación 'indepe' a devolver 16 millones de euros a sus donantes

La judicialización del procés puso a prueba la fraternidad de los catalanes. Para combatir los procesos judiciales y hacer frente a las fianzas de los encausados, las entidades soberanistas idearon Caixa de Solidaritat, que canaliza las donaciones otorgadas por cientos de particulares y entidades. En estos seis años se han recaudado casi 16 millones de euros, según cálculos de la propia asociación. En caso de que se apruebe una ley de amnistía, que dejaría sin efecto los delitos cometidos, devolverán el dinero a sus donantes. La organización asegura estar en condiciones de hacerlo, aunque reconoce que hay una parte que no podrá reintegrar a sus legítimos dueños: los honorarios que han cobrado los abogados.

«Si se aprueba la amnistía deja de existir delito. No solo afecta a los juzgados, también a los que están pendientes de juicio, por lo que la causa se cierra. Entendemos que, en ese caso, nos deben devolver las fianzas de los procesos en ciernes y también de lo juzgado», explica Pep Cruanyes, presidente de Caixa de Solidaritat.

En una conversación telefónica con THE OBJECTIVE, este abogado catalán afirma tener claro que, en caso de aprobarse una ley de amnistía, la organización que lidera debe reintegrar el dinero a sus donantes. «Lo hemos recibido para hacer frente a situaciones de represión. Lo propio es devolverlo a la gente que lo ha otorgado. No se puede dedicar a otra cosa».

Pendientes de la amnistía

Cruanyes reconoce que Caixa de Solidaritat está en condiciones de restituir las cantidades aportadas, salvo aquellas que es imposible recuperar, como los pagos a los abogados que han llevado los procesos judiciales tanto de la consulta de 2014 como la de hace seis años. Sin embargo, no precisa la cantidad usada en sus honorarios.

«Las donaciones son transferencias de personas físicas o de organismos a través de cuenta corriente. La mayor parte se podría devolver porque hay constancia de quien las ha depositado, aunque no tengamos la referencia de localización», admite Cruanyes. Si se aprueba la ley de amnistía, toda persona o entidad que haya realizado una aportación solo tendrá que reclamar su parte con el resguardo que recibió.

Para los despistados, Caixa de Solidaritat publicará anuncios en medios de comunicación. En su página web afirma ser una entidad que permite hacer frente a los gastos jurídicos y/o responsabilidades económicas de aquellas personas que participaron en el procés a través de acciones cívicas, pacíficas, no violentas y democráticas. «Estas actuaciones deben responder a iniciativas de entidades y/o partidos soberanistas o bien para seguir el mandato de las urnas y los acuerdos del Parlamento de Cataluña y de la Generalitat en favor del proceso independentista».

La lucha actual de Caixa de Solidaritat transcurre por otros derroteros. Hasta que llegue la ley de amnistía, la asociación mantiene su compromiso con los encausados del procés, que cuentan con procesos abiertos en dos órganos, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y el Tribunal de Cuentas, que este mes juzgará a una treintena de antiguos cargos de la Generalitat por los gastos del 1-O.

Partidas duplicadas

La organización que preside Cruanyes, que avaló las fianzas de los investigados, va a solicitar el reintegro de unas cantidades duplicadas, que estima en 3,6 millones de euros. Caixa de Solidaritat ha tenido que aportar ese montante en cada uno de los tribunales, en total 7,2 millones. La similitud de las cifras les llevó a realizar un estudio, al que ha tenido acceso este diario, que pone de manifiesto la duplicidad en los depósitos del procés.

Los responsables de la asociación sostienen que se está vulnerando el principio de non bis in idem, por el que nadie puede ser sancionado dos veces por los mismos hechos. «No hay casualidades. Ambos órganos pidieron la misma consignación a pesar de que nuestros abogados hicieron constar que existían duplicidades», subraya Cruanyes. En su opinión, en los tribunales españoles hay «animadversión» a la causa catalana.

«Cuando existe represión política, se dan otros dos aspectos: la represión judicial y la económica», insiste Cruanyes. La asociación que lidera ha aportado más de 17 millones desde la consulta ilegal de noviembre de 2014 para apoyar económicamente a los encausados del procés. El Tribunal de Cuentas ya condenó en febrero de 2019 al expresidente catalán Artur Mas y a otros antiguos altos cargos de la Generalitat de Cataluña a devolver casi cinco millones de euros invertidos para celebrar la consulta celebrada hace casi una década.

El próximo 17 de noviembre el órgano fiscalizador de las cuentas públicas celebrará un procedimiento de reintegro por el supuesto desvío de fondos del 1-O. El Tribunal de Cuentas enjuicia la responsabilidad contable de aquellas personas que, como Carles Puigdemont, gestionaban fondos públicos. El objetivo es recuperar el dinero utilizado de forma indebida, pero no tiene capacidad de sancionar ni inhabilitar. Se trata, por tanto, de un procedimiento complementario a la vía civil o penal.

Sociedad Civil Catalana reclama el reintegro de 5,3 millones de euros, mientras que la Fiscalía rebaja la cifra a 3,1 millones que deberían pagar de forma conjunta y solidaria una treintena de exdirigentes de la Generalitat, entre los que se encuentran Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas. Su presunta responsabilidad la avaló Caixa de Solidaritat. El registro de una proposición de ley sobre la amnistía en el Congreso no tendría incidencia sobre el juicio, sobre el que planea la suspensión, que debería solicitar algunas de las partes y aceptada por la consejera encargada.