Una juez interroga a policías y periodistas para saber quién filtró la identidad de Borja Villacís
Los comunicadores se han acogido al secreto profesional, que garantiza la confidencialidad de las fuentes
Borja Villacís y la juez Carmen Rodríguez-Medel. | Ilustración de Alejandra Svriz
Esclarecer quién filtró la identidad de Borja Villacís tras su asesinato. Ese es el cometido que se ha impuesto la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel. La juez que investigó el caso máster ha pedido a la Policía que tome declaración a agentes, sanitarios y periodistas de varios medios de comunicación y distintos organismos públicos para dilucidar de dónde partió la revelación. Ya han declarado una veintena de personas. Según ha podido conocer THE OBJECTIVE, todos los comunicadores se han acogido al secreto profesional, un derecho que garantiza la confidencialidad de las fuentes de información.
Borja Villacís, de 43 años, fue asesinado el pasado 4 de junio en la carretera de Fuencarral-El Pardo, al norte de Madrid. El hermano de la exvicealcaldesa recibió varios disparos en la cabeza en las inmediaciones de un restaurante. Los autores se dieron a la fuga, pero fueron grabados mientras cambiaban las placas de la matrícula y, posteriormente, identificados. La Policía Nacional detuvo apenas unas horas más tarde a una mujer de 52 años, María José Estopa, en una gasolinera, en el sur de Madrid. Una pista que llevó hasta su hijo Kevin Pastor, presunto autor de los disparos, y otro familiar, que fueron arrestados en Yuncos (Toledo).
La identidad de la víctima trascendió de inmediato. Minutos después del crimen, saltó a los medios de comunicación que la persona asesinada era el hermano de Begoña Villacís, exdirigente de Ciudadanos. Apenas unos días después, Rodríguez-Medel abrió diligencias para conocer el origen de esa información. En caso de tratarse de un funcionario público, podría suponer un delito de revelación de secretos, castigado con la pena de uno a tres años de cárcel y multa de seis a 12 meses, según el artículo 199 del Código Penal.
El hermano de Villacís
La Policía Nacional ha tomado declaración a diversos agentes del Grupo V de Homicidios, la unidad encargada de la investigación. También han pasado por sus dependencias miembros de la Policía Municipal de Madrid y trabajadores del Summa y del Samur, que han afirmado que se limitaron a informar de lo sucedido, como es habitual, sin revelar datos personales. Entre los citados se encuentran varios periodistas de distintos medios que han mostrado a este diario su sorpresa por las citaciones, ya que nunca se habían visto en esa tesitura a pesar de llevar décadas informando sobre sucesos.
«Me acogí al secreto profesional. Dije que no me interesaba que el fallecido fuese hermano de Begoña Villacís, sino su actividad criminal», explica a este diario uno de los periodistas que han declarado. En su opinión, lo sorprendente es que hasta su asesinato no hubiese trascendido que la víctima estaba siendo investigada por la Audiencia Nacional en la Operación Águila Frazen por narcotráfico desde 2018.
Otro de los periodistas citados por la juez ha insistido a este diario que en su declaración ha buscado «proteger a la fuente». Asegura que el hecho de que sea hermano de la antigua vicealcaldesa de la capital no es tan importante como sus actividades delictivas, ya que Borja Villacís contaba con un largo historial de antecedentes policiales.
El periodista subraya que la víctima era una persona muy cercana a la cúpula de Ultras Sur, los seguidores más radicales del Real Madrid. De hecho, según reveló este diario, mantenía fuertes vínculos con uno de sus miembros más destacados, Antonio M., conocido como Niño Skin. «Borja Villacís fue condenado junto a Antonio M. en 2004 por dar una paliza», insiste el comunicador.
La juez del ‘caso máster’
Esa relación le llevó años después a integrar una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales, según ha acreditado la Guardia Civil en diversos informes. El hermano Villacís estaba siendo investigado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tras un aviso de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos. Gracias a esa advertencia, el grupo de delitos telemáticos y económicos del Instituto Armado de Madrid consiguió desarticular la organización que lideraba Niño Skin, incautarse de 239 kilos de cocaína y bloquear 36 inmuebles y 76 vehículos con los que la red había conseguido blanquear el dinero obtenido.
«La juez está decidida a descubrir la persona que dio el nombre de Borja Villacís», insiste otra de las personas que han sido citadas a declarar. La magistrada Rodríguez-Medel tiene fama de minuciosa y trabajadora entre sus colegas. Se trata de la magistrada que acordó el sobreseimiento provisional de la causa contra el entonces delegado del Gobierno en Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa en el denominado caso 8-M. Su instrucción provocó un cisma entre la cúpula de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior que acabó con el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.
Rodríguez-Medel también llevó las pesquisas del caso máster, que acabó con el procesamiento de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la remisión al Tribunal Supremo de una comisión rogatoria contra Pablo Casado, que lideraba el PP. La causa fue archivada. La magistrada sonó como candidata para dirigir Guardia Civil gracias a su relación con Fernando Grande-Marlaska, con quien coincidió en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando el ahora ministro era vocal a propuesta del PP.
Los investigadores consideran que el asesinato de Borja Villacís se debió a un ajuste de cuentas. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. El hermano de la exdirigente de Ciudadanos había acudido a la zona con la intención de mediar entre sus supuestos asesinos y un amigo, que resultó herido. Este se había negado el año pasado a dejarle un coche a Kevin Pastor, uno de los detenidos. Como represalia, se lo quemó, pero le advirtió de que no denunciara. Como lo hizo, primero le envió unos matones a su casa y luego intentó acabar con su vida con la excusa de reunirse para dirimir diferencias.
