Marlaska restituirá a Pérez de los Cobos pero volverá a destituirle por «pérdida de confianza»
El ministro del Interior está determinado a hacer cumplir la sentencia que le obliga a restituirle en su puesto, pero de forma temporal
El ministro del Interior. | EP
La sentencia del Tribunal Supremo sobre el cese ilegal del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, no pone punto y final al escándalo que desde hace tres años persigue al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el ministro del Interior está plenamente determinado a hacer cumplir la sentencia que le obliga a restituirle en su puesto en la comandancia de Madrid, pero de forma temporal. La intención de Marlaska, para la que cuenta con el apoyo cerrado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es devolverle a su puesto, justificar al tribunal sentenciador las razones de su cese y volverlo a cesar por razones de confianza.
Fuentes gubernamentales confirman que Sánchez apoyará sin fisuras a Marlaska en esta decisión, «como siempre lo ha hecho», porque, a juicio del Gobierno, el cese por razones de confianza es una potestad gubernativa que no se puede socavar, y el titular de Interior no puede sostener en un puesto de la relevancia de la comandancia de Madrid a alguien de quien no sólo desconfía, sino que «amenaza con querellarse contra el ministro». Precisamente por ello, Marlaska señaló este jueves, en una entrevista a Radio Nacional: «Sigo manteniendo que la pérdida de confianza existió y existe en esos términos», y que «el concepto de pérdida de confianza es suficiente. La cuestión es esgrimir la causa de esa pérdida de confianza».
Según explican desde el Gobierno, de lo que se trata ahora es de «solucionar las formas» en las que se argumentó el cese, pero en ningún caso se plantea admitir a Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de Madrid hasta el final de la legislatura. El Gobierno no teme que se reabra el escándalo y duda sobre la amenaza del mismo de querellarse contra Marlaska: «Si un coronel de la época de la Kitchen nos pone una querella en campaña electoral, nos hace un favor», sostienen fuentes gubernamentales. En cualquier caso, «el ministro tiene el respaldo del presidente porque hace bien su trabajo», y le respaldará cuando ejecute la decisión. El Gobierno admite que «éste ya no llegará a general», porque la decisión sobre la promoción de la cúpula del cuerpo recae directamente sobre el ministro del Interior.
Bandazos en las versiones
La cuestión es esgrimir de una manera «más clara y concreta» la justificación para que no aporte «confusión». Y eso es lo que el Gobierno admite: que la justificación aportada en su día por la ya exdirectora de la Guardia Civil, María Gámez, fue errática porque vinculó el cese a que el coronel no le comunicó la investigación de la policía judicial sobre las manifestaciones del 8-M en Madrid, algo que era ilegal en su deber de custodia de la investigación que instruía un juzgado de Madrid sobre la convocatoria de actos multitudinarios como la manifestación del 8-M, justo antes de decretarse el estado de alarma. Posteriormente, se varió la versión diciendo que el informe que «ocultó» Pérez de los Cobos «carecía de neutralidad política».
Las modificaciones sobre el motivo del cese ha seguido en los últimos días. El miércoles Marlaska vinculó el cese en mayo del 2020 a los fondos reservados en el caso Kitchen en la sesión de control del Congreso. A las 24 horas, el titular de Interior matizó sus palabras diciendo que no hizo «ninguna imputación», sino simplemente la afirmación de que estos fondos «podían haberse gestionado mejor». Lo que justificó como el motivo principal de la destitución del jefe de la comandancia de Madrid fue que éste filtró a los medios de comunicación el informe sobre el 8-M y que no lo comunicó a sus superiores en el Gobierno.
Varapalo del Supremo
El fallo del Alto Tribunal, sin embargo, es bastante claro, y ha supuesto un duro varapalo para la gestión del departamento dirigido por Grande-Marlaska. El TS censura la actuación del Ministerio del Interior que, a su juicio, fue «confusa y redundante». Si se esperaba del mando que informase sobre las pesquisas policiales, era «obvio que era con con fines de conocimiento, es decir, para conocer algo que se desconocía y que apareció en la prensa», señala la Sala.
Por otro lado, los magistrados exponen que si bien en lo orgánico la Unidad de Policía Judicial (UOPJ) está encuadrada en la Administración, el artículo 126 de la Constitución la sitúa bajo la dependencia de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal «en la averiguación de delitos como garantía de la independencia y la eficacia de la Justicia». De forma que lo dictaminado por el tribunal —que ha tumbado el cese por ser contrario a derecho—, «alcanza a la comprensión de esta garantía», indica el Supremo.
En este caso, la UOPJ estaba a las órdenes de la magistrada que dirigía la instrucción por la celebración del 8-M contra el entonces delegado del Gobierno en Madrid. Por lo que, según critica el TS, «no es admisible injerencia gubernativa y menos si la magistrada había ordenado absoluta reserva y que solo se le informase a ella». Por lo que, culmina la Sala, «no cabe cesar a quien no formaba parte de esa Unidad y pretextar para ello ‘no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento’».
