La principal asociación de fiscales acusa a García Ortiz de «servilismo» con el Gobierno
La organización, a lo largo de una misiva, se expresa en términos muy severos contra el fiscal general del Estado
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. | Europa Press
La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, lanza un duro alegato contra el aval de la Junta de Fiscales de Sala de incluir la malversación en la ley de amnistía. En un comunicado compartido este miércoles, la asociación acusa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de perseguir «la normalización de la injerencia de este [en referencia al Gobierno] en las decisiones del Ministerio Público». Asimismo, reprocha que su actitud ahonda en el «servilismo» de la Fiscalía con el Ejecutivo.
«La indolencia ante tanto destrozo es un medio más para ahondar en el servilismo al que reduce al Ministerio Público todos los días», recoge la nota de la Asociación de Fiscales, que lanza al fiscal el siguiente recado: «Habrá un día después de usted, el día que señalará el inicio de un esforzado camino para recuperar al Ministerio Fiscal para el Estado de derecho y para la ciudadanía».
A lo largo de la misiva, la asociación se expresa en términos muy severos contra Álvaro García Ortiz. Acusan al fiscal general de actuar como un ingenuo cuando los fiscales de procés quisieron dar traslado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que evaluase si la ley de amnistía recogía el delito de malversación con fines lucrativos, motivo por el cual no podrían ser amnistiados los líderes independentistas.
El hecho de que el fiscal general protestase porque los fiscales activaron el mecanismo antes de conocer lo que él iba a dictar sobre la ley, levanta ampollas entre los miembros de la asociación que le «matizan» a García Ortiz que «el contenido de la orden la conocía todo el país desde hace meses, se ha encargado usted de que llegue con nitidez a todos los rincones del territorio nacional la certeza de que la orden sería la que es, la que el Gobierno esperaba».
Los fiscales insisten en que su negativa a dar una explicación sobre la ley de amnistía, pese a haber sido requerido para ello tanto por el Senado como por los vocales del Consejo Fiscal «en repetidas ocasiones», es solo otra muestra que «no dejaba duda alguna sobre el contenido de la Orden que se le requirió». «Bastaban los dones adivinatorios de cualquier aprendiz de mago para establecer con precisión las tres frases a que se reduce su imperativo», subrayan con vehemencia.
«Ahora vendrá la decisión del Tribunal Supremo, y arreciarán las críticas contra los Magistrados cualquiera que sea su sentido si no es coincidente con el criterio impuesto por su imperativa decisión, esto, Sr. FGE, tampoco es un secreto, todo el país sabe que así sucederá», recalca la organización a García Ortiz, del que dicen «contemplará la sucia lluvia de lawfare, lawfare, lawfare… tras los opacos cristales de la FGE esperando que embarre bien al órgano que pudiera llamarlo a declarar como investigado».
«Ya ha adelantado que no dimitirá cuando ello ocurra. La indolencia ante tanto destrozo es un medio más para ahondar en el servilismo al que reduce al Ministerio Público todos los días», afirman, para finalizar: «Habrá un día después de usted, el día que señalará el inicio de un esforzado camino para recuperar al Ministerio Fiscal para el Estado de derecho y para la ciudadanía».
Junta de Fiscales
La Junta de Fiscales se decantó por el criterio del fiscal general frente al de los fiscales hasta ahora encargados de la causa del procés en el Supremo, que defendían que no era viable amnistiar la malversación de los encausados por el proceso independentista catalán, al entender que tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que, a su juicio, dejaba este delito fuera de la amnistía.
La mayoría coincidió con el fiscal general en que, tras la entrada en vigor de la ley, «procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados», lo que incluye la orden nacional de detención activa contra Puigdemont. Así las cosas, la Fiscalía enviará este jueves su respuesta al juez instructor Pablo Llarena y al tribunal del Supremo que juzgó el procés, toda vez que culmina el plazo de cinco días que ambos dieron a las partes para pronunciarse sobre la aplicación de la amnistía.
Pero la última palabra la tiene el Supremo. Tal y como ha adelantado THE OBJECTIVE, los magistrados del Alto Tribunal barajan no aplicar la amnistía al delito de malversación. La opción de acudir ante la UE empieza a perder peso porque los magistrados no tienen «dudas sobre la inaplicabilidad de esta ley en el delito de malversación», lo que convertiría en absurda una consulta prejudicial. De esta manera, según las mismas fuentes, si el tribunal no tiene dudas, no planteará una cuestión prejudicial y, por tanto, tampoco se levantará la orden de detención que pesa sobre los prófugos de la Justicia procesados por el procés.
