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Las escuchas a unos 'narcos' demuestran que el Gobierno podría estar usando Pegasus

Marlaska negó en 2022 haber tenido acceso al ‘software’ con el que se espió a dirigentes independentistas

Las escuchas a unos ‘narcos’ demuestran que el Gobierno podría estar usando Pegasus

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado mayo en el Senado. | Diego Radamés (Europa Press)

Se podía decir más alto, pero no más claro. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó en 2022 que el departamento que dirigela Policía Nacional y la Guardia Civil hubiesen tenido acceso a Pegasus. Se trata del software con el que fueron espiados decenas de líderes independentistas, pero que también sufrieron varios miembros del Gobierno, entre ellos, el presidente Pedro Sánchez y el propio Marlaska. Las escuchas a unos investigados por narcotráfico ponen en duda su tesis. Un auto al que ha accedido THE OBJECTIVE demuestra que el Ejecutivo podría estar usando este spyware de origen israelí.

Marlaska defendió en abril de 2022 que «el Gobierno de España cumple la ley estrictamente» y que «ni ha convenido ni ha negociado con la empresa titular de ese sistema», que utiliza una decena de países, Estados Unidos, entre ellos. The Guardian reveló que el FBI compró el programa en 2019, en la etapa de Donald Trump. También dispone de Pegasus Marruecos, al que algunos expertos señalan como responsable de los pinchazos a los teléfonos de Sánchez y varios de sus ministros.

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, suscribió la tesis de Marlaska este miércoles, durante la comisión de Interior en el Congreso. No obstante, las escuchas a las que fueron sometidos varios investigados por narcotráfico el año pasado pondría en entredicho sus palabras, según las fuentes jurídicas consultadas. Las pesquisas que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional comenzaron en junio de 2023 tras una querella de la Fiscalía Antidroga. La organización sobre la que se puso el foco está asentada tanto en Sudamérica como en España, concretamente en la Costa del Sol y Madrid.

Pegasus y los independentistas

La investigación contó con la ayuda de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional. Los agentes, que se infiltraron en la organización, informaron al juez de los preparativos que realizó la trama para enviar un cargamento de 1.500 kilos de cocaína desde Sudamérica al aeropuerto de Barajas a través de un vuelo privado. Durante la operación, se acordó interceptar las comunicaciones telefónicas de los investigados e instalar un software en sus terminales, aunque el auto no concreta cuál.

«El análisis remoto de los terminales telefónicos permite detectar varias videollamadas a través de la aplicación Signal en las que comentan que estarían teniendo problemas para la salida del cargamento de cocaína, ya que los dos entramados delictivos implicados estarían discutiendo sobre la cantidad de estupefacientes que puede poner cada una», especifica el texto. En él se hacen diversas menciones a Signal, una app que garantiza el cifrado de los mensajes y se emplea para conversaciones sensibles.

Los expertos consultados subrayan que para acceder a los mensajes de esta aplicación se necesita un programa sofisticado. Descartan que se trate de Sitel, la estructura para interceptar llamadas telefónicas que utilizan de forma habitual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En su opinión, penetrar en Signal solo es posible con Pegasus, que nació para vigilar a sospechosos de terrorismo. Un antiguo alto cargo de la Policía Nacional revela que la Udyco cuenta con un grupo de encriptado que utiliza el programa israelí, aunque «siempre lo negarán».

«Esas escuchas demuestran que Marlaska habría mentido. No existe un programa con prestaciones similares a Pegasus, por lo que tiene que ser ese», insisten las fuentes jurídicas. Estas contradicen al ministro del Interior porque «no hace falta negociar con Israel» para hacerse con el software, ya que basta con «negociar con la empresa en Luxemburgo». El uso del citado programa está reservado a Estados y fuerzas de seguridad, por lo que descartan que esté al alcance de empresas y particulares.

La denuncia de Aragonès

Marlaska aseguró hace dos años que su departamento jamás había usado Pegasus. Días antes, el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, amenazó con romper el acuerdo que su partido, ERC, mantenía con el Gobierno en la pasada legislatura. El ministro del Interior trató de tranquilizar al dirigente independentista, uno de los 18 líderes espiados por sus presuntos vínculos con Tsunami Democràtic, la plataforma que encabezó las movilizaciones contra la sentencia del procés en octubre de 2019.

Aragonès denunció el espionaje ante el Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona. Un escenario que confirmó la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, en mayo de 2022 a puerta cerrada en el Congreso. Explicó que la operación contó con el beneplácito del Tribunal Supremo. El Gobierno se desvinculó del espionaje al dirigente de ERC, que presionó a Moncloa para que la cesara.

El origen del caso Pegasus se remonta a abril de 2022, cuando un laboratorio de la Universidad de Toronto denunció el espionaje de al menos 65 teléfonos pertenecientes a figuras políticas catalanas, sus familiares, abogados y representantes de la sociedad civil vinculadas al independentismo catalán. Semanas más tarde, se descubrió que también habían sido espiados activistas, entre ellos defensores de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. El Gobierno reveló en mayo de 2022 que habían intervenido los teléfonos de Sánchez y tres ministros: Margarita Robles (Defensa), Luis Planas (Agricultura) y Marlaska.

El Gobierno presentó una querella ante la Audiencia Nacional. El juez José Luis Calama archivó el caso de forma provisional en julio del año pasado por la «absoluta» falta de cooperación jurídica de Israel. A pesar de las trabas, el magistrado reabrió la causa el pasado abril, tras recibir nueva información de las autoridades francesas. Unos meses antes, el Congreso creó una comisión de investigación. Robles compareció en mayo y aseguró que la información sustraída (aún no se sabe por quién) no afectó a la seguridad nacional.

La ministra también ese caso con los seguimientos que realizó el CNI a los independentistas catalanes, que se hizo «con control y autorización judicial». Un extremo que rechazan los afectados, que mantienen causas abiertas en diferentes juzgados de Madrid y Barcelona. Robles también rechazó las conjeturas que señalan a Marruecos como autor del espionaje. Casualidad o no, los ataques coincidieron con el momento de mayor tensión con Rabat en los últimos años, con la entrada irregular en Ceuta de más de 10.000 migrantes.

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