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El CSD compró a Barrabés un 'software' para deportistas de élite alegando interés público

El contrato a Innova Next por valor de 3,6 millones de euros está siendo analizado por la Fiscalía Europea

El CSD compró a Barrabés un ‘software’ para deportistas de élite alegando interés público

Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez. | Ilustración de Alejandra Svriz

Una necesidad inaplazable. El Consejo Superior de Deportes (CSD) argumentó esa circunstancia y un supuesto interés público para acelerar la contratación de un software para deportistas de élite por la vía de urgencia. La adjudicación, que superó los 10 millones de euros, se dividió en dos lotes. El segundo se encargó a Juan Carlos Barrabés, el empresario que avaló Begoña Gómez con varias cartas de recomendación. El contrato por valor de 3,6 millones está siendo analizado por la Fiscalía Europea, ya que estuvo financiado con fondos comunitarios del programa Next Generation.

La Guardia Civil registró a finales de mayo la sede del CSD para conocer todos los detalles del contrato. Fue una orden expresa del juez que investiga a Begoña Gómez, que también solicitó los expedientes vinculados con el Ayuntamiento de Madrid y con Red.es, el organismo que adjudicó 10,6 millones de euros a las empresas de Barrabés meses después de la recomendación de la esposa del presidente Pedro Sánchez.

El organismo vinculado al Ministerio de Cultura y Deportes mostró a mediados de 2022 su intención de contratar un servicio de apoyo para el diseño y operación de un modelo y transformación digital en el ámbito del deporte para coordinar todos los programas de innovación desarrollados por el CSD. Lo curioso de la adjudicación es que se realizó por vía de urgencia, una fórmula excepcional regulada en los artículos 119 y 120 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Barrabés y Begoña Gómez

La normativa establece que los expedientes calificados de urgentes se deben tramitar siguiendo el mismo procedimiento que los ordinarios, pero con una serie de características, entre las que destaca la reducción de los plazos a la mitad. Los expertos consultados por THE OBJECTIVE sostienen que estos contratos deben responder a una necesidad inaplazable o a un interés público que permita acelerar los tiempos. Justo lo que alegó el CSD para adjudicar este contrato.

Estos expertos reconocen que no observan ningún motivo que valide el procedimiento en el contrato adjudicado a Barrabés. Su objeto, insisten, no reúne las características para ser considerado urgente: «No responde a la necesidad inaplazable ni a una cuestión de interés público». La memoria justificativa dividía el contrato en dos lotes. El primero, para el diseño e implantación del modelo de innovación, se lo quedó PricewaterhouseCoopers (PwC) por casi seis millones de euros.

El segundo lote, para el apoyo y acompañamiento en el lanzamiento y seguimiento de iniciativas del modelo de innovación y transformación digital, le cayó a Innova Next, una de las empresas de Barrabés. El contrato, por 3,6 millones de euros, se suscribió el 4 de agosto de 2022. Lo firmó el entonces director del CSD, José Manuel Franco, un hombre de plena confianza del presidente Sánchez que en la actualidad se desempeña como senador del PSOE.

El CSD emitió un informe para justificar la contratación asegurando que Innova Next no solo cumplía los requisitos, también «entrega una aplicación moodle que es el estándar aceptado». Además, sostenía que la empresa de Barrabés había creado un portal web que permitía «la interacción real del ecosistema» con «un enfoque eminentemente centrado en la innovación». Los técnicos otorgaron a esta oferta 89 de los 100 puntos en liza, la mejor calificación tras ser «la oferta económicamente más ventajosa».

Amaño de contrato

Los funcionarios advirtieron que la compañía de Barrabés fue la única que se había presentado al concurso, aunque luego rectificaron y afirmaron que habían sido dos. De hecho, este diario avanzó que un empresario denunció por escrito ante el CSD diversas irregularidades en el proceso de adjudicación.

La protesta, enviada a través del correo electrónico, giraba en torno a los plazos de presentación de ofertas, estipulado en 15 días. El denunciante se quejaba de que el periodo en este caso fue de 13 y, por tanto, se incumplió la ley. El empresario también tildó de «cuestionable» la justificación del procedimiento de urgencia. La Fiscalía Europea ha puesto sus ojos en este contrato, financiado con fondos Next Generation, creados para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia.

El órgano comunitario también investiga las adjudicaciones que recibió Barrabés de Red.es por valor de 10,6 millones. Las concesiones tuvieron lugar entre el 18 de marzo y el 2 de agosto de 2021, en un periodo de apenas medio año y después de que Begoña Gómez firmara cartas de recomendación a favor del empresario que le ayudó a crear una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que posteriormente se convirtió en un máster.

La primera adjudicación se produjo el 18 de marzo de 2021. El importe ascendió a los 2,1 millones de euros y el expediente estaba relacionada con los servicios de oficina de una pyme. La segunda concesión tuvo lugar el 30 de julio de ese año. En esa ocasión el contrato fue cercano a los cinco millones. La tercera y última asignación a través de Red.es se produjo el 2 de agosto y ascendió a los 3,6 millones.

El juez que investiga a Begoña Gómez canceló las declaraciones de los directivos del ente público tras ceder esa parte del caso a la Fiscalía Europea. No obstante, mantiene la citación de la esposa del presidente del Gobierno porque la causa cuenta con «otros dos bloques» que no conciernen a los contratos con Barrabés y tras haber recibido «nuevos documentos». El rector de la UCM, Joaquín Goyache, ha sido citado el mismo día en calidad de testigo. El magistrado también tomará declaración con carácter de prueba preconstituida al empresario, que se encuentra ingresado en un hospital.

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