El novio de Ayuso pide a la juez que sancione al PSOE por revelar el contenido de la causa
Alberto González denuncia que los socialistas difundieron una nota de prensa «con información reservada del proceso»
Alberto González Amador. | Europa Press
La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, solicita a la titular del Juzgado de Instrucción número 19 que sancione al PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa contra él por supuesto fraude fiscal y falsedad documental, por revelar contenido del caso al que habría tenido acceso en virtud de su rol en la causa. En un escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, recalcan que los socialistas han difundido una nota de prensa «revelando el contenido de las actuaciones procesales» y han utilizado, de esta forma, el procedimiento para «hacer política».
En la mencionada nota de prensa figura, añaden, «entremezclada información falsa con información reservada del proceso y datos del expediente tributario». Por ejemplo, el PSOE recogía en su comunicado que «de la documentación obrante en el expediente podría deducirse que las empresas Maxwell Cremona y Masterman&Whitaker eran utilizadas como empresas pantalla de las actividades profesionales personales de Alberto González Amador para a través de las cuales deducir gastos indebidamente, incluso personales, y, sin embargo, aparentemente estas no recogerían todos los presuntos ingresos de los servicios que realizaban, desconociendo el destino final de esos ingresos por servicios que se dicen prestar, pero no aparecen reflejados los mismos por tales actividades en las contabilidades de estas sociedades».
«En relación con la venta de la empresa Masterman&Whitaker, vendida en primer lugar, a la empresa Maxwell Cremona (propiedad exclusiva de Alberto González Amador), por casi 500.000 euros, para después sus participaciones ser vendidas, en un corto periodo de tiempo, a Alberto González por 3.300 euros. Venta de que la que pudieran derivarse otras consecuencias penales, pues hemos encontrado vínculos entre quien vende la sociedad Masterman&Whitaker, antes llamada Cículo de Belleza, y, los responsables de la empresa Quirón Prevención, que es el principal cliente de las empresas investigadas. Concurriendo además evidencias de vínculos societarios, especialmente en el extranjero, entre estos responsables de Quirón Prevención, y los investigados, en particular, Alberto González Amador, y otras empresas, con las que este tiene vínculos en sus actividades, como la empresa Mape Asesores», proseguía la nota de prensa.
Sanción al PSOE
Pero, además, el PSOE –que ha obtenido esta información por ejercer la acusación popular en la causa– difundió a través de sus redes sociales un vídeo en el que la portavoz de los socialistas, Esther Peña, difundía el contenido de la nota de prensa. El partido de Pedro Sánchez utilizó su posición privilegiada de acusación popular en el procedimiento para divulgar datos judiciales reservados con un fin político.
Es por ello que el letrado de González Amador solicita a la juez que sancione al Partido Socialista por «generar una inútil suspensión con el único fin de alcanzar réditos mediáticos mediante la revelación del contenido de las actuaciones sumariales mediante la difusión de la nota de prensa, en un importe de 6.000 euros y aumente la fianza exigible a la acusación popular».
Consejo de Estado
También, el abogado del novio de Ayuso reprocha la maniobra del PSOE y le acusa de dar acceso de los datos personales y del contenido reservado de las actuaciones a la directora de Comunicación del Consejo de Estado, Belén Labadié Campos, que es quien aparece como «autora» de la nota de prensa.
Una información que a media tarde del lunes también llegó a la redacción de THE OBJECTIVE, pero los periodistas de este medio pudieron contrastar que dicho hecho anecdótico tenía una explicación: Belén Labadié trabajó hasta hace 15 días en el departamento de prensa de Ferraz y al trasladarse a su nuevo puesto al Consejo de Estado dejó el ordenador –propiedad del partido– en el gabinete de prensa. Es por ello que ese portátil, que antes pertenecía a Labadié, ahora está siendo utilizado por otros trabajadores. Este periódico también contactó con la persona afectada que corroboró dicho extremo y, es por ello que este medio decidió no publicar la información.
