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Vox recurre al Supremo la elección de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado

Sostiene que la exministra no es una jurista de reconocido prestigio, lo que ya le costó el puesto a su antecesora

Vox recurre al Supremo la elección de Carmen Calvo como presidenta del Consejo de Estado

Félix Bolaños junto a Carmen Calvo en su toma de posesión como presidenta del Consejo de Estado. | Eduardo Parra (Europa Press)

El Consejo de Estado vuelve a estar en el disparadero. Vox ha registrado una demanda ante el Tribunal Supremo para que declare nulo el nombramiento de Carmen Calvo como presidenta. La formación verde considera que la exministra socialista «no puede tener la consideración de reconocido prestigio», uno de los dos requisitos que exige el artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado (LOCE) para acceder al cargo. Ese argumento ya le costó el puesto a su antecesora, Magdalena Valerio, tras un recurso de la Fundación Hay Derecho en el que se basa ahora el partido que preside Santiago Abascal.

Vox presentó la demanda, en la que también participa la Fundación Denaes, el pasado 10 de junio ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. El escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, sostiene que Calvo no puede ser considerada como una jurista de reconocido prestigio. El Consejo de Ministros la nombró presidenta del órgano consultivo el pasado 27 de febrero. El Gobierno la eligió para relevar a Valerio, que también fue ministra con Sánchez, después de que el Supremo anulara tres meses antes su designación.

«La notoria y sobresaliente trayectoria de Valerio acredita sin duda alguna su profunda experiencia en asuntos de Estado, pero no sirve para tenerla por jurista de reconocido prestigio. Su currículo muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido. Desde luego, nada consta en el expediente en este sentido y tampoco se halla en el procedimiento indicación alguna sobre la misma», insistía la sentencia del Supremo, de la que fue ponente el magistrado Pablo Lucas.

El currículo de Calvo

El artículo 6 de la LOCE establece que, para presidir el Consejo de Estado, deben reunirse dos méritos: ser jurista de reconocido prestigio y contar con experiencia en asuntos de Estado. Vox reconoce la valía de Calvo en el segundo punto, ya que ha ocupado diferentes cargos políticos, todos ellos gracias a «la confianza de la dirección del PSOE», pero que «por mucha experiencia que tenga en asuntos de Estado, no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido».

«En el presente supuesto ni existe un reconocimiento por parte de la comunidad jurídica ni tampoco un ejercicio continuado de la profesión de jurista. Hemos podido justificar con la presente demanda que la trayectoria jurídica de Calvo, a pesar de su amplia trayectoria política, no corresponde a la calificación de jurista de reconocido prestigio necesaria para su nombramiento, siendo esta una circunstancia exigida por el precepto invocado para el nombramiento del cargo», insiste Vox en la demanda.

El recurso se basa en los argumentos que ofreció el Alto Tribunal para anular la designación de su predecesora. Para explicar su posición, Vox desglosa la trayectoria de la número dos de Pedro Sánchez entre junio de 2018 y julio de 2021, cuando abandonó el Gobierno tras diversos enfrentamientos con Irene Montero. La demanda sostiene que el currículo de Calvo acredita una tesis doctoral en la Universidad de Córdoba en 1987. No obstante, dos de sus tres miembros no eran especialistas en la materia (el presidente, Francisco Escribano, profesor de Derecho Financiero y Tributario; y Horacio Roldán, profesor de Derecho Penal).

La formación verde subraya que la exministra socialista no obtuvo la calificación cum laude y que la tesis ni fue objeto de publicación ni está disponible en ninguna base de datos de uso científico. El Independiente ya avanzó que el trabajo, en el que contabilizó 179 erratas y 30 faltas de ortografía, no estaba disponible entre los 18.271 incluidos en el repositorio de la institución académica. Solo constan dos ejemplares en la biblioteca de Derecho para su consulta en presencia de los funcionarios con el compromiso de no tomar fotografías.

Publicaciones jurídicas

«Sobre las tesis doctorales dirigidas, solo acredita su intervención en una tesis doctoral, de la que fue codirectora (…) y nunca fue publicada», insiste la demanda. Esta alega que Calvo fue profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, pero que no ostenta la condición de catedrática. En relación con su cargo como vicedecana de la Facultad de Derecho entre 1990 y 1994, «se desconoce si durante ese periodo de tiempo pudo compaginar con sus funciones y tareas como profesora titular de Derecho Constitucional».

Para Vox es «muy relevante la inexistencia de datos en el currículo presentado sobre la obtención de la plaza de profesora titular, ni siquiera el tema de su oposición». En cuanto a las publicaciones acreditadas, señala que Calvo cuenta con una treintena de artículos desde que defendió su tesis en 1987, lo que supone una media de menos de uno al año. También pone de relieve que solo ha publicado un libro.

La obra versa sobre la vida y obra de Clara Campoamor, diputada durante la Segunda República y vital en la consecución del voto femenino. El libro fue editado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en 2022, lo que parece «obedecer a criterios de difusión de ideas políticas (…) más que a materia jurídica constitucional». Vox también incluye en la demanda una comparativa con algunos de los predecesores de Calvo, resaltando las cualidades que les acreditaron para ocupar la plaza.

Entre los anteriores presidentes del Consejo de Estado que menciona el recurso se encuentran varios elegidos durante los mandatos socialistas, como es el caso de Antonio Hernández Gil, Francisco Rubio Llorente o Teresa Fernández de la Vega. También se alude a mandameses durante otras etapas, como Antonio Jiménez Blanco (que ocupó el cargo entre 1980 y 1980) e Íñigo Clavero Lataillade (lo hizo entre 1996 y 2002).

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