La Fiscalía pide amnistiar a los 12 CDR acusados de terrorismo en el 'procés'

La Fiscalía ha solicitado este jueves a la Audiencia Nacional que aplique la amnistía a doce miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo por planear supuestamente acciones violentas contra sedes oficiales de Cataluña en 2019. El ministerio público ha apoyado la petición de las defensas para que se decrete el archivo de la causa, que ya estaba pendiente de juicio, al considerar que este procedimiento, seguido por varios delitos de terrorismo, entra en el paraguas de la ley de amnistía.

Durante la vista de previo pronunciamiento (similar a las cuestiones previas) celebrada este jueves, la teniente fiscal de la Fiscalía de la Audiencia, Marta Durántez, ha defendido que la «interpretación» de la norma «no ofrece género de dudas, es clara», y ha solicitado «que se declare extinguida la responsabilidad penal» de los acusados.

La ley plantea como excepción a la amnistía los actos calificados como terrorismo que hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos regulados en los artículos 2 y 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos y en el derecho internacional humanitario, como muerte o torturas.

Sin embargo, la Fiscalía, que hasta ahora solicitaba penas de entre ocho y 27 años de cárcel- ha negado que concurran estas circunstancias, y ha advertido de que «no podemos partir de suposiciones y del potencial daño que se pudiera haber causado, sino de certezas».

En este caso, ha explicado, no se ha producido «ninguna lesión» a los derechos humanos prevista en la ley porque, «suponiendo que la voluntad de los acusados» hubiese sido causar, además de daños materiales, un peligro a la vida o a la integridad física, «es una realidad» que no llegó a producirse.

En su escrito de acusación del año pasado, el fiscal atribuyó a los implicados pertenecer a una facción radicalizada de los CDR y de emplear la violencia y llevar a cabo acciones «contundentes» como cortes de carretera o sabotajes contra edificios públicos entre 2018 y 2019 con el «objetivo final» de «conseguir la independencia». Les acusó de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos, y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa, es decir, «los acusados no llegan a materializar acción alguna».

Durántez, que, según informan fuentes fiscales, ha acudido a la vista en sustitución del fiscal del caso por «un tema organizativo interno», ha señalado que el legislador «ha dejado muy clara» su «intención de despojar de carácter delictivo aquellos hechos que no han puesto en peligro derechos humanos y libertades fundamentales». Y ha subrayado que su obligación es interpretar técnicamente la norma, sin emplear argumentos «que desborden el plano estrictamente jurídico y que podrían ser contrarios al principio de separación de poderes».

Ha discrepado de plano la acusación popular que ejerce la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), representada por Fuster-Fabra Abogados, que ha considerado que la ley «no es aplicable a este caso» y que los indultos generales están prohibidos en la norma.

Durante su exposición crítica con la ley, el presidente del tribunal, Alfonso Guevara, le ha instado a que se centre en si es aplicable al caso: «Está criticando la ley; a nosotros tres nos da lo mismo. Si está bien o está mal hecha, solo si viola o no alguna norma constitucional. Nada más». Las defensas, por su parte, han reclamado en bloque la aplicación «inmediata» de la amnistía, al considerar «evidente» que los hechos encajan en la norma.

Han argumentado que «no concurren las excepciones» previstas para no aplicarla porque «en modo alguno se ha provocado ninguna vulneración de derechos humanos» y han pedido una «tramitación preferente y urgente» del perdón para que finalice la «auténtica pena de banquillo» de los acusados. A la salida de la vista, uno de ellos, Xavier Buigas, ha aseverado que «la esperanza llegará» y ha mostrado su satisfacción por el dictamen de la Fiscalía. 

La fiscal ha defendido que la «interpretación» de la norma «no ofrece género de dudas, es clara», y ha solicitado, por tanto, «que se declare extinguida la responsabilidad penal» de los acusados. Esta norma contempla algunas excepciones para el perdón en el caso del terrorismo -como haber causado graves violaciones de derechos humanos regulados en una directiva europea y en el derecho internacional-. No obstante, la Fiscalía -que hasta ahora solicitaba penas de entre ocho y 27 años de cárcel por estos delitos- ha defendido que no concurren dichas circunstancias y, por tanto, los acusados deben ser amnistiados.