La juez que discrepa de la malversación en 'el procés' gana enteros para presidir el Supremo
Ana Ferrer, partidaria de aplicar la amnistía, ya emitió un voto particular en la sentencia del ‘caso ERE’ en 2022
Ilustración de Alejandra Svriz.
Resuelto el culebrón de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), queda por despejar el enigma de su presidencia. PP y PSOE pactaron el 25 de junio un reparto «equilibrado» de los vocales, 10 cada uno, para que «ninguna sensibilidad pueda imponerse sobre otra». Ambas formaciones han recalcado que ahora serán sus miembros quienes decidan quién dirige el órgano de gobierno de los jueces y, por tanto, al nuevo presidente del Tribunal Supremo. Los magistrados consultados por THE OBJECTIVE afirman que existe una norma no escrita para elegir a una mujer, que se convertiría en la primera en ocupar el cargo.
En ese contexto emergen dos nombres propios, ambos de la órbita de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). El primero, Pilar Teso, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. La juez, de 63 años, ya disputó el puesto a Carlos Lesmes en 2013, aunque entonces la presidencia del CGPJ estaba pactada entre los dos grandes partidos.
La otra aspirante es Ana María Ferrer, de 65 años y magistrada de la Sala de lo Penal. De hecho, fue la primera mujer en la historia en ocupar un asiento en la Sala Segunda hace ahora una década, por lo que tiene experiencia en romper techos de cristal. La juez que emitió votos particulares contra la opinión mayoritaria de sus colegas del Supremo respecto a la aplicación de la amnistía (discrepa que existiera malversación en el procés) y el caso ERE ha ganado enteros en los últimos días para convertirse en la futura presidenta del Supremo.
Favorita al Supremo
El artículo 586 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que solo puede ser elegido presidente del Supremo y del CGPJ (el cargo es indivisible) un miembro de la carrera judicial con la categoría de magistrado en el alto tribunal o, en su defecto, «un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión». Ferrer reúne ambos requisitos. Quienes mejor la conocen la catalogan como una juez «seria, rigurosa y comprometida».
Las fuentes consultadas por este diario aseguran que esta magistrada cuenta con un perfil político más marcado que Teso y que varios vocales conservadores del nuevo órgano de gobierno de los jueces estarían dispuestos a votarle. Para alcanzar el puesto debe reunir, según el acuerdo de PP y PSOE, los votos de tres quintos del CGPJ, esto es, 12 de sus 20 miembros. «A pesar de su marcada tendencia ideológica, es capaz de llegar a acuerdos», destacan diversos juristas que han trabajado con ella.
Ferrer se mostró la semana pasada favorable a aplicar la amnistía. Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo rechazaron perdonar los delitos de malversación a los condenados por la consulta ilegal del 1-O. La magistrada emitió un duro voto particular contra sus colegas en el que advertía «del inequívoco propósito legislativo de amnistiar la aplicación de fondos públicos a la celebración de los referéndums que tuvieron lugar en Cataluña en 2014 y 2017».
La favorita para presidir el Supremo está de acuerdo en que existió desviación de fondos públicos. Su discrepancia se centra en entender el beneficio personal de los condenados, que se dio «en la medida en que no se vieron obligados a efectuar desembolsos patrimoniales para culminar el que era su proyecto político». Ferrer también defendió que se debería haber elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y riñó a sus compañeros porque «no podemos hacer interpretaciones que impidan la vigencia de la norma».
El delito de malversación
El voto particular de Ferrer recuerda que la sentencia que condenó a los miembros del Govern «nada dice de que, lo que guió la actuación de los condenados como autores de un delito de malversación por su deslealtad en la gestión de fondos que les habían sido encomendada, fuera el ánimo de obtener una ganancia personal de índole patrimonial. Nada dicen los hechos, porque fue una cuestión ajena al debate procesal». Esta no es la primera vez que la juez se desmarca de sus compañeros.
Cuando el Supremo ratificó en 2022 la condena al expresidente andaluz José Antonio Griñán y al resto de condenados por el caso ERE, Ferrer firmó otro voto particular junto a la magistrada Susana Polo. Un texto que ha servido para que los penados lleven la cuestión al Tribunal Constitucional, que en las últimas semanas ha enmendado la plana a la decisión del alto tribunal. La favorita para presidir el CGPJ subrayaba que el fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla no se ajustaba a derecho.
En el texto, de 88 páginas, Ferrer y Polo aseguraban que la resolución «adolece de un importante déficit argumentativo» y se basaba en «meras especulaciones». Exculpaban a Griñán y a otras cuatro personas del delito de malversación porque la ejecución de las ayudas fraudulentas a empresas en crisis correspondió a los funcionarios de la Consejería de Empleo. Incluso criticaron que sus colegas confirmaran dicho delito, ya que se les atribuía sin que existan «pruebas sólidas, más allá de las meras especulaciones».
Primera magistrada de lo Penal
Ferrer, que nació en 1959, se convirtió hace una década en la primera mujer en formar parte de la Sala de lo Penal del Supremo. Ingresó en la Carrera Judicial en 1984 y tuvo sus primeros destinos en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Linares, Aranjuez y Leganés. A continuación sirvió en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, donde fue instructora el caso Roldán, el entonces director general de la Guardia Civil detenido en Tailandia tras fugarse al ser acusado de corrupción.
La favorita a presidir el Supremo obtuvo plaza de magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid en 1996, órgano que presidió desde 2008. Ferrer ya sonó para convertirse en vicepresidenta del alto tribunal y para sustituir a Manuel Marchena como presidenta de la Sala de lo Penal si este era designado presidente del CGPJ en 2018. La renovación se frustró tras filtrarse un mensaje en el que el portavoz de los populares en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, reflejaba la politización del pacto al desvelar que su formación controlaría la Sala Segunda «por la puerta de atrás».
