La justicia belga embarga otros 32 millones a España por los impagos de las renovables
Un tribunal de Bruselas decide intervenir los pagos de Eurocontrol a Enaire si persisten los incumplimientos
Aerogeneradores en un parque eólico de Canadá. | Jeff Mcintosh (Zuma Press)
Los impagos a las renovables provocan un nuevo dolor de cabeza al Gobierno. La justicia belga ha decidido embargar otros 32 millones de euros a España, que sigue sin hacer frente a los laudos que reconocen indemnizaciones millonarias por la retirada de ayudas al sector. Un juzgado de apelación de Bruselas resolvió el pasado 18 de junio intervenir los pagos de Eurocontrol a la empresa pública española Enaire si nuestro país persiste en los incumplimientos, siguiendo así la línea que abrieron los tribunales de Reino Unido y Australia. Las resoluciones internacionales obligan a nuestro país a compensar a las empresas afectadas con más de 1.800 millones, incluyendo intereses de demora y otros gastos.
Las compañías perjudicadas han presentado 52 procedimientos contra nuestro país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo adscrito al Banco Mundial. De esta cifra, 26 han sido satisfactorios para los demandantes. Sin embargo, los afectados por la retirada de ayudas a las renovables hace una década siguen sin recibir un solo euro. Muchos de ellos optaron por acudir a los tribunales ordinarios. Reino Unido y Australia fueron los primeros en embargar activos españoles para contrarrestar los impagos.
La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Sin embargo, las empresas afectadas sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Para no pagar, España apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2021 que limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria.
La guerra de las renovables
La justicia belga descarta la versión del Gobierno y amenaza con confiscar los ingresos de España por la gestión del tráfico aéreo. Estos pagos, transferidos cada mes por Eurocontrol a Enaire, pasarían a manos de Blasket Renewable Investments, una de las compañías afectadas por el impago de los 26 laudos condenatorios por la retirada de primas a las renovables. El fondo estadounidense, que reclama 32 millones, consiguió activar una cláusula en abril del año pasado que declaraba en «impago técnico» a nuestro país.
La resolución judicial responde a una petición registrada ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas y resuelta por la sala 17 de la Corte de Apelación. El juez Dominique Degreef señala que los artículos 1.412 y 1.539 del Código Penal belga abren la puerta al embargo de activos de terceros países. Este mecanismo ha sido invocado por los acreedores para solicitar el embargo de los ingresos que recibe España en virtud de las tarifas de control del tráfico aéreo que Eurocontrol abona a Enaire.
El fallo, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, llega en medio de los rumores que sitúan a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como futura comisaria europea. La resolución sostiene que el demandante tiene derecho a cobrar, lo que convierte a nuestro país en susceptible de sufrir el embargo reclamado. Degreef considera que no hay duda de que a España se le ha ordenado realizar los pagos correspondientes derivados de procedimientos plenamente ejecutables. Y añade que nada le impide «cumplir de forma voluntaria con su obligación de pagar a sus acreedores».
Blasket Renewable Investments, titular del caso Infrared, reclama una indemnización de 32 millones de euros por la retirada de primas a las renovables. El laudo original ascendía a 28 millones, pero desde entonces se han acumulado cuatro millones de euros adicionales por los intereses de demora. Además, España ha tenido que pagar más de 4,6 millones por este mismo caso, en concepto de condenas en costas. En total, la factura acumulada por esta disputa rondaría los 41 millones.
Los ingresos de Enaire
Si el Gobierno español sigue oponiéndose a indemnizar al fondo estadounidense, este podrá recibir el dinero que debe abonar Eurocontrol a Enaire hasta que se salde la deuda. Esta empresa pública está encargada de gestionar la navegación aérea en España. Su tarea resulta vital para que los aviones puedan moverse de manera segura y organizada dentro del espacio aéreo español. Con aproximadamente dos millones de vuelos al año, gestiona 2,2 millones de kilómetros cuadrados. Además, posee el 51% de AENA, el mayor gestor aeroportuario del mundo, y cuenta con 46 aeropuertos con un tráfico anual de más de 200 millones de pasajeros.
En el último ejercicio financiero, el de 2023, los pagos de Eurocontrol a Enaire ascendieron a 582 millones de euros. Eso supone que el saldo mensual promedio de la cuenta española ronda los 50 millones, por lo que bastaría lo que recibe durante tres semanas para saldar la deuda por los impagos de las renovables a Blasket Renewable Investments. El fallo de la justicia belga coincide con dos pronunciamientos recientes de los tribunales de Suiza y Alemania, que han fallado contra España en relación por el impago de los laudos de las renovables.
El primer país que autorizó el embargo de activos españoles en el extranjero fue Reino Unido. Entre los bienes confiscados de manera cautelar se encuentra la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina de promoción económica de la Generalitat, el Instituto Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias y el cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones. Unas semanas más tarde, Australia también acordó esa medida y, Estados Unidos, donde existe una decena de procedimientos, ha abierto la puerta tras una sentencia histórica contra Rumanía.
España lidia también con la amenaza de la activación de un procedimiento de default técnico que afectaría a cuatro títulos de
deuda pública. Esta controversia ha causado ya un daño de hasta 7.300 millones de euros a la economía española, en términos de mayor riesgo e incertidumbre y encarecimiento de la financiación, según un informe elaborado por la propia Blasket Renewable Investments. De hecho, nuestro país acumula más laudos pendientes de pago que Venezuela o Rusia.
