El juez del 'caso Koldo' cita a declarar al exCEO de Globalia como testigo el 12 de septiembre
El instructor da por válidos los argumentos de la Sala de lo Penal que considero «útil y pertinente» su declaración
El antiguo CEO de Globalia, Javier Hidalgo, en primera plana, junto al comisionista de la trama, Víctor de Aldama.
El juez de la Audiencia Nacional (AN), Ismael Moreno, ha citado a declarar como testigo al antiguo CEO de Globalia –empresa matriz de Air Europa–, Javier Hidalgo, el próximo 12 de septiembre por sus vínculos con la trama que investiga en el caso Koldo. El instructor reactiva así las diligencias en la causa, después de que el pasado viernes el Tribunal Supremo confirmase que debía ser la AN quien investigase el caso en detrimento de la Fiscalía Europea.
Según ha adelantado Vozpopuli, Hidalgo deberá declarar ante el juez el próximo 12 de septiembre a las 9.30 horas. El instructor da por válidos los argumentos de la Sala de lo Penal que considero «útil y pertinente» que el antiguo CEO de Globalia prestase declaración para esclarecer los vínculos que tanto él como la empresa que dirigía mantenía con la trama.
Por ello, el juez ha estimado el recurso interpuesto por la asociación Liberum, personada en la causa, en el que pedía que Hidalgo declarase en la causa, después de conocerse que los implicados en la trama recurrieron a Globalia para traer mascarillas a España durante la pandemia.
El instructor también escuchará como investigado al que fuera secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, que fue cesado el pasado mes de marzo. Lo hará la misma semana, quedando fijada su declaración para el 10 de septiembre a partir de las 09.30 horas.
Esta ronda de declaraciones se completará con la de varios testigos. Así, el magistrado interrogará el 13 de septiembre desde las 09.30 horas al presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo; a la jefa del área de Contratación y Gerencia de Riesgos del organismo, Aránzazu de Miguel; y a la jefa de departamento de contratación adscrita a la Secretaría General de Puertos del Estado, María Belén Caballero Martínez.
Unos días después, el 16 de septiembre, el magistrado tomará declaración a partir de las 09.30 horas como testigos a la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y al director de Recursos Humanos del ente, Martín José Navarro Vicent.
Cargos de ADIF
Esta batería de diligencias continuará con la testifical el 17 de septiembre del jefe de Recursos Humanos de ADIF, Jesús Ángel Díaz, y del secretario del Consejo de Administración de ADIF, Guillermo Martínez de Simón.
La ronda de declaraciones se cerrará con la testifical el 18 de septiembre del actual director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y ex director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes Javier Sánchez Fuentefría, y la del subdirector general de planificación y gestión de infraestructuras y medios para la seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, Daniel Belmar Prieto.
Fue a finales del pasado mes de mayo cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez que citase a todos ellos. En lo relativo a los investigados, el Ministerio Público aseguraba que del último informe aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la causa se desprendía que «podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas».
Cabe recordar que en este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
El juez investiga a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y a otras seis personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
