La doble vara de la Abogacía: se querella contra Peinado y 'salva' al otro juez que citó a Sánchez
Carlos Valle rechazó la petición del presidente del Gobierno para declarar por escrito en ausencia del magistrado titular
Juan Carlos Peinado y Pedro Sánchez. | Ilustración de Alejandra Svriz
Hay enfado con Pedro Sánchez en la carrera judicial. Los jueces consultados por THE OBJECTIVE critican que haya presentado una querella por prevaricación contra Juan Carlos Peinado. El magistrado acudió el martes a Moncloa para tomarle declaración como testigo en la causa que instruye contra su esposa. Los togados también le reprochan que haya usado a la Abogacía del Estado para interponer una querella que señala a Peinado, pero que salva a Carlos Valle, el juez que rechazó la petición del presidente del Gobierno para declarar por escrito mientras sustituía al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Los jueces califican de «doble rasero» la querella que ha presentado la Abogacía del Estado. Consideran que si Peinado cometió prevaricación, también lo habría hecho Valle, que en ausencia del juez titular rechazó que Sánchez declarara por escrito cuatro días antes de la cita. El presidente solicitó prestar testimonio por esa vía en virtud al artículo 412.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). El precepto establece que la fórmula solo es válida para informar de «los hechos de los que tenga conocimiento por razón de su cargo».
Valle respondió a Sánchez que debía testificar sobre unas cuestiones que conoció por ser esposo de Begoña Gómez, no por su cargo. Peinado la investiga por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La intención era que el presidente del Gobierno explicara las reuniones de su pareja con el empresario Juan Carlos Barrabés, impulsor de su máster de Transformación Social Competitiva y a quien ella avaló por escrito en unas licitaciones públicas que acabó logrando.
Apartar a Peinado
El juez que sustituyó a Peinado, que se tomó unos días libres a finales del mes pasado, ofreció a Sánchez la posibilidad de poner por escrito aquellas cuestiones que conociera por su cargo, independientemente de recabar su versión como esposo de Begoña Gómez. No obstante, en la providencia que firmó el 26 de julio le obligaba a comparecer en persona porque «es obvio que el magistrado titular de este juzgado ha tenido en consideración el carácter en el que debe ser prestada la declaración del testigo».
La comparecencia se produjo finalmente en Moncloa, pero Sánchez guardó silencio. El presidente del Gobierno se acogió al artículo 416 de la LECrim, que dispensa de la obligación de declarar, entre otros supuestos, contra la cónyuge. Horas más tarde se querellaba contra Peinado a través de un texto firmado por la Abogacía del Estado «en defensa de la institución de la Presidencia».
La querella, que se dirige al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), insiste en que Peinado dictó una resolución «injusta» y «a sabiendas» al decretar la citación de Sánchez. «Hay múltiples elementos que hacen evidente que la toma de declaración practicada contraviene la normativa que la regula, despojando a quien ostenta la Presidencia de uno de los poderes del Estado de las garantías que ofrece la LECrim desde 1882», insiste el texto.
Sánchez solicita a través de la Abogacía del Estado recabar las diligencias llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y, en particular, las solicitudes de las acusaciones populares para la práctica de su declaración. Además, pide tomar declaración a Valle, el magistrado que dictó la providencia que le impidió testificar por escrito, «para que explique si su contenido lo hace propio o fue expresión del parecer exclusivo» de Peinado.
«Un asunto mediático»
«Tendría más sentido que Sánchez se querellara contra ambos, ya que Valle fue el juez que no atendió su petición de declarar por escrito», sostiene un prestigioso juez. En su opinión, el texto «no tiene ni pies ni cabeza» porque para denunciar una prevaricación esta debe ser muy evidente y, en este caso, existe un artículo que ampara al presidente del Gobierno, el 412 de la LECrim. Otra cosa es que el juez haya atendido su petición. E insiste: «La dignidad va emparejada con la persona, no con el cargo».
Otro magistrado con décadas de experiencia reconoce que la querella «no es un asunto jurídico, sino mediático». En su opinión, buscaba que los medios hablaran «de la cruzada» contra Sánchez en lugar de que un juez acudió a Moncloa para tomarle declaración. El jurista considera que si el presidente del Gobierno no se ha querellado contra Valle es porque el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid sería el encargado natural de sustituir a Peinado en la causa contra Begoña Gómez.
«Es muy difícil recusar a Peinado porque no concurren las causas descritas en la ley», sentencia otro prestigioso juez. El artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece 16 motivos por los que se puede obligar a un magistrado a apartarse de una causa, pero Peinado no incurre, de momento, en ninguna de ellas. Este profesional subraya que la querella busca «amedrentar al juez» y explica que Sánchez no tiene la posibilidad de presentar un recurso porque no es parte del procedimiento.
Quien sí podría hacerlo es Begoña Gómez, que el viernes registró ante el TSJM una querella contra Peinado por prevaricación y revelación de secretos. Le acusa de emprender una «cruzada personal» contra ella, ya sea «con la finalidad premeditada de buscar un impacto político social» o por «un desmedido afán de protagonismo mediático». El texto señala que el juez ha dictado diversas resoluciones «manifiestamente injustas» que retuercen el Derecho penal y obvian las garantías procesales.
Querellas contra Sánchez
En España, cada año se presentan unas 200 querellas contra jueces por prevaricación, aunque la mayoría son desestimadas. Los juristas consultados coinciden en que estas dos tienen «poco recorrido procesal», aunque la registrada por Begoña Gómez puede suponer un paso previo para pedir la recusación de Peinado. La LOPJ contempla que puede solicitarse contra un juez que haya sido denunciado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, aunque es necesario que se haya abierto un procedimiento penal.
Un veterano abogado del Estado también critica la estética de la querella de Sánchez. Considera que es «insólito» que una institución encargada de garantizar la defensa de los intereses nacionales proteja al presidente del Gobierno en una cuestión privada. Una opinión en la que coinciden la mayoría de jueces consultados, que consideran «burdo» el uso de la Abogacía del Estado y reconocen que su papel es clave para alimentar «una cortina de humo».
Tres de las cinco acusaciones del caso Begoña Gómez (Vox, Iustitia Europa y Hazte Oír) se han querellado contra el líder socialista por prevaricación y malversación al considerar que utiliza a la Abogacía del Estado para sus fines particulares. Los magistrados consultados también se quejan de que Sánchez señale a los jueces en su estrategia procesal, aunque la querella matice que no supone «un ataque al Poder Judicial» sino una defensa porque uno de sus miembros se ha «alejado» del adecuado ejercicio del Derecho.
