Acreedores de España inician un proceso de default técnico por los impagos a las renovables
La decisión, liderada por Blasket Renewable, afecta a un bono valorado en 237 millones de euros que vence en 2029
Aerogeneradores eléctricos en un parque de Austria. | Zbynek Burival (Unsplash)
La crisis por el impago a las renovables amenaza con saltar por los aires. Las compañías afectadas han enviado al Gobierno que lidera Pedro Sánchez una notificación prejudicial para alertar de la puesta en marcha de un procedimiento de default técnico. El grupo de afectados está encabezado por el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, que ya presentó hace año y medio un aviso similar alegando que España no había saldado las indemnizaciones reconocidas por los órganos internacionales de arbitraje.
Las empresas afectadas por la retirada retroactiva de primas a las renovables hace más de una década quieren cobrar cuanto antes. La decisión se toma respecto a un bono de deuda valorado en 237 millones de euros. El título vence en 2029 y, debido al procedimiento de default técnico, España puede verse obligada a saldar los pagos pendientes de inmediato.
Los acreedores entienden que el incumplimiento reiterado de los laudos que condenan a España a pagar 1.800 millones de euros por la retirada de ayudas a las renovables dan lugar a un escenario contemplado en la emisión de dicho título. La situación de default se produce cuando un país no puede hacer frente a las deudas con sus acreedores e incumple sus pagos. Un escenario que encarecería significativamente el coste de financiación de las emisiones de deuda soberana que emite España y que supondría, además, un grave problema en términos de seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica.
Impago de 1.800 millones
El default técnico constituye el primer procedimiento de incumplimiento que afecta a bonos del Tesoro español desde la Guerra Civil. Esta situación acarrearía serias implicaciones para la calificación crediticia de España, su reputación financiera internacional y el acceso a financiación en los mercados internacionales. Un estudio elaborado por las empresas afectadas estima que el daño económico provocado por el default técnico ascendería a 7.340 millones de euros.
La notificación prejudicial remitida al Gobierno sirve como antesala para un procedimiento de ejecución legal que echará a andar este mismo verano ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. La justicia británica ya ha dado la razón a los afectados cuando han reclamado otras medidas de compensación por los impagos, caso de los embargos que pesan sobre la indemnización por la catástrofe del Prestige (más de 900 millones de euros), la sede del Instituto Cervantes en Londres, cuatro cuentas bancarias o la propiedad en la que se sitúa la Escuela Internacional Vicente Cañadas.
La maniobra de los acreedores se produce escasas semanas después de que la justicia de Bélgica haya embargado 83,7 millones de euros a la empresa pública Enaire como medida de compensación por la retirada de ayudas a las energías renovables. Esta misma semana ha trascendido la decisión de los tribunales británicos de confiscar el derecho de usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, uno de los cinco que operan en Londres.
Cuando España emitió el título de deuda que quedará sujeto al procedimiento incluyó una cláusula que estipula que el impago por parte del emisor o de los intereses de cualquier deuda activaría un escenario susceptible de activar una situación de cross default o incumplimiento cruzado.
Bono que vence en 2029
En virtud a esa cláusula, los acreedores consideran que se puede reclamar la redención inmediata de los pagos pendientes a los tenedores del bono en cuestión, que vence en 2029. La forma en que está estructurado el bono, con un agente fiscal en lugar de un fideicomiso al uso, permite que cualquier tenedor de estos títulos emita el preceptivo aviso de incumplimiento técnico.
Los afectados recalcan que existen otros tres títulos de deuda contabilizados en dólares, yenes y euros cuyo valor combinado ronda los 750 millones de euros. El articulado recoge una cláusula idéntica, mediante la cual se puede invocar el escenario de cross default. España se expone de esta manera al pago anticipado de cuatro bonos del Tesoro cuyo valor ronda los 1.000 millones, más de la mitad de la cantidad reconocida en los arbitrajes internacionales.
Las compañías perjudicadas por la retirada de ayudas a las energías renovables han presentado 52 procedimientos contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo adscrito al Banco Mundial. De esta cifra, 26 han sido satisfactorios para los demandantes. Sin embargo, los afectados siguen sin recibir un solo euro. Para no pagar, nuestro país apela a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2021 que limita los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria.
Blasket Renewable Investments avisó originalmente de la notificación del evento de incumplimiento en una carta enviada al Gobierno en abril de 2023. Las empresas afectadas sostienen que, desde entonces, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha negado a entablar «una dinámica constructiva» y que ni siquiera ha respondido a las distintas cartas formales y solicitudes de comunicación formuladas.
