Los jueces acosados por investigar a Puigdemont anticipan su jubilación
Manuel García-Castellón cerrará su juzgado el 2 de septiembre y Joaquín Aguirre se jubilará en 15 de enero
Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre. | Agencias
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y el juez Joaquín Aguirre han investigado a los independentistas catalanes por delitos que abarcan desde terrorismo hasta malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. Estos dos instructores han sido señalados por miembros del Gobierno –e incluso por el propio presidente Pedro Sánchez– y por los líderes separatistas que los han puesto en la diana, sometiéndolos a un ataque inaudito. Este acoso, respaldado desde el Ejecutivo central, ha provocado –entre otros motivos– que ambos hayan solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anticipar su jubilación, según ha podido saber THE OBJECTIVE.
En el caso de García-Castellón su jubilación forzosa, a los 72 años, estaba prevista para el próximo noviembre. Sin embargo, cerrará su juzgado el 2 de septiembre tras pedir un anticipo de dos meses. A este vallisoletano no le ha temblado el pulso en los casi 47 años que lleva ejerciendo como juez. Ha trabajado en casos complejos que abarcan desde el terrorismo hasta la corrupción política. Uno de los momentos más significativos de su carrera fue su participación en la investigación del atentado de ETA contra José María Aznar en 1995. Este caso, que intentó acabar con la vida del entonces líder del Partido Popular, fue un punto de inflexión en su trayectoria. García-Castellón, aún relativamente joven, demostró su capacidad para manejar investigaciones de alto perfil con determinación y rigor.
También estuvo a cargo de casos emblemáticos como el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Durante la operación de búsqueda del concejal del PP secuestrado por ETA, mostró su compromiso incansable, viajando al País Vasco y certificando su muerte en el Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu en San Sebastián. Este trágico evento reforzó su dedicación a combatir el terrorismo y buscar justicia para las víctimas. También envió al entonces intocable presidente de Banesto, Mario Conde, a prisión provisional.
La cacería contra el juez
En el ámbito de la corrupción política, ha instruido casos como Púnica, Lezo y Kitchen, los cuales implicaron a altos cargos del Partido Popular, incluyendo a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Su trabajo en estos casos reflejó su firmeza e independencia, enfrentándose a presiones políticas y mediáticas sin titubear. Por ejemplo, el caso Púnica reveló una red de corrupción y financiación ilegal dentro del Partido Popular de Madrid, mientras que el caso Lezo destapó un esquema de desvío de fondos públicos. Pero no fue hasta que comenzó a investigar la presunta corrupción de Podemos y los independentistas catalanes, incluyendo los casos CDR y Tsunami, cuando comenzó la cacería contra el juez.
Finalmente, el caso sobre los independentistas ha tenido que cerrarse debido a un error procesal en la prórroga de la instrucción durante la crisis de covid-19, cuando el juzgado estaba prácticamente vacío y los funcionarios teletrabajaban.
La persecución contra García-Castellón por parte de los independentistas se agudizó cuando Pedro Sánchez estaba negociando con Junts y ERC para diseñar la ley de amnistía a cambio de sus votos para permanecer en el Gobierno. En el Congreso de los Diputados, miembros del Gobierno y los portavoces de Junts, ERC y Bildu ha llegado a acusar al magistrado de «inquisidor», «saboteador» y de «hacer una guerra judicial contra el independentismo catalán». Todo ello, bajo la mirada de Sánchez, que no corrigió ni un ápice a sus socios del gobierno. Incluso el presidente del Gobierno llegó a atacar al magistrado asegurando que «Tsunami no era terrorismo» y acusándole, por ende, de prevaricación.
El ‘caso Voloh’
En los últimos meses, García-Castellón ha compartido esta situación de acoso con su compañero Joaquín Aguirre. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, manifestó (en referencia a García-Castellón y al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre): «Hoy van a por nosotros, pero mañana pueden ser ustedes. Hoy no es un día fácil, pero mientras los catalanes no seamos libres, seguiremos luchando».
El juez Aguirre afirmó en un auto que la Rusia de Vladimir Putin ofreció «soporte económico y militar» al entorno de Puigdemont para apoyar la causa independentista en un intento de desestabilizar la «democracia y la Unión Europea». También ha elevado a la Sala Penal del Supremo una exposición razonada en la que pide al alto tribunal abrir una causa al expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos de traición y malversación de fondos públicos. Aguirre también instruye el caso Negreira y, durante estas instrucciones, ha sufrido varios ataques.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona recibió en abril un «paquete bomba simulado, que pudo burlar la seguridad del juzgado». A raíz este hecho, el juez pidió al Consejo General del Poder Judicial que solicitasen a Interior escolta de Policía Nacional. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ignoró esta petición.
Ahora el juez Aguirre, de 66 años, que podría ampliar el servicio activo en la judicatura hasta los 72 años, ha solicitado el pasado 4 de junio al CGPJ pasar a la jubilación. Un hecho que se cumplirá el próximo 15 de enero de 2024.
Tanto García-Castellón como Aguirre, a lo largo de sus respectivas carreras, han mostrado una dedicación incuestionable a la justicia, manejando casos de gran complejidad y relevancia social. La capacidad con la que ambos se han enfrentado a las presiones y amenazas, así como el compromiso con la imparcialidad, ha hecho que se consoliden como figuras respetadas en el ámbito judicial, aunque esto no sea del agrado de los políticos investigados.
