Dos investigaciones por corrupción acorralan a la exministra Carolina Darias en Las Palmas
El PP se persona en el ‘caso Valka’, en el que se investiga a cuatro empleados públicos y a un empresario
Darias interviene en un foro de liderazgo turístico el pasado enero en Fitur. | Gabriel Luengas (Europa Press)
El regreso de Carolina Darias a su tierra se ha convertido en una pesadilla. Dos investigaciones por corrupción acorralan a la exministra socialista, que desde el pasado verano ejerce como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. Ninguna le afecta directamente a ella, pero la oposición le reclama medidas sin éxito. En los últimos dos meses, la Guardia Civil ha registrado en varias ocasiones las dependencias municipales. La última, esta misma semana por la denominada Operación Valka, que indaga delitos relacionados con el urbanismo. En junio, el PP ya denunció ante la Fiscalía varias adjudicaciones de la Sociedad de Promoción.
Los agentes de la Guardia Civil se personaron a principios de semana en seis oficinas municipales. Entre ellas, la gerencia de Parques y Jardines y la sede de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas (Geursa), participada en su totalidad por el Ayuntamiento que lidera Darias. Durante dos días, lunes y martes, registraron a conciencia las dependencias y revisaron contratos y convenios firmados entre 2002, la última etapa del popular José Manuel Soria, y 2021.
La investigación se centra en la posible existencia de una trama organizada para favorecer ilícitamente a determinados empresarios a través de decisiones urbanísticas y administrativas contrarias al interés general. También se analiza si hubo adjudicaciones fraudulentas de encomiendas de obras y contratos. Uno de los proyectos bajo la lupa es el de Metroguagua, que debió finalizarse en 2017 y en el que se han gastado más de 180 millones de euros, el doble de lo previsto.
La disposición de Darias
Por el momento hay cinco investigados: cuatro empleados públicos (uno ya jubilado) y el empresario Felipe Guerra. Según Canarias7, este último fue socio de Miguel Ángel Padrón, antiguo jefe de Parques y Jardines, en la empresa EsVertical. La mercantil se constituyó hace una década y estuvo activa hasta octubre de 2021. Padrón ejerció como alto cargo municipal entre mayo de 2005 y junio de 2020. No aparece ninguna adjudicación directa, aunque constan varias subcontrataciones a la compañía, incluso estando extinguida.
La Guardia Civil investiga presuntas irregularidades en la urbanización Tamaraceite Sur desde el año pasado. De hecho, los agentes registraron las dependencias municipales nada más aterrizar Darias en la alcaldía. La Operación Valka es una pieza separada de ese caso, ya que la Fiscalía aprecia «hechos nuevos». A los investigados se les imputa siete delitos, entre ellos prevaricación administrativa y urbanística, tráfico de influencias, malversación y falsedad documental.
El origen de la investigación se remonta a mayo del año pasado, cuando Rehoyas Avanza interpuso una denuncia por irregularidades en las permutas de terrenos en Tamaraceite Sur. La asociación de vecinos considera que el canje afectó a bienes de dominio público y temía que ese patrón se reprodujera en su barrio. Ahora reclama a Darias que encargue una auditoría para revisar todos los convenios suscritos por los investigados. Una medida con la que también presiona la oposición política.
El portavoz de Coalición Canaria, David Suárez, tilda de «sorprendente» que Darias no haya tomado cartas en el asunto, aunque tenga constancia «de que se han adjudicado contratos en distintas áreas con la sociedad que es objeto de investigación». De hecho, en Geursa aún trabajan varios de los imputados y uno de ellos, además, desempeña las funciones de gerente.
Alcaldías de todo signo
Las Palmas ha sido gobernada durante las dos últimas décadas tanto por PP y PSOE. El pasado miércoles, Darias mostró su total disposición a colaborar con la investigación, aunque aseguró desconocer sus detalles. Además, recordó que las informaciones apuntan a irregularidades que se habrían producido desde principios de siglo. «Hay alcaldías de todo signo y de todo color, ¿de cuál de ellas hablo?», insistió la alcaldesa durante un acto.
El PP ha sido especialmente crítico con Darias. Entiende que, tras producirse los registros, debería haber anunciado «un análisis minucioso» de los expedientes afectados. Esta formación ha anunciado que se personaran en el caso. «La alcaldesa ha salido para echar balones fuera, para decir que todo sucedió en la época del PP, pero los investigadores ponen el foco desde 2008», asegura la portavoz popular, Jimena Delgado.
Ese año, entre los meses de enero y mayo, Darias ejerció como directora de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Las Palmas tras abandonar el Parlamento de Canarias. No duró ni medio año, ya que fue nombrada delegada del Gobierno en Canarias por José Luis Rodríguez Zapatero. Ocupó el cargo hasta marzo de 2011. Meses más tarde optó sin éxito a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Cuatro años más tarde se convirtió en presidenta de la Cámara regional y, en 2020, en ministra.
Darias ya padeció otro registro en las dependencias municipales a finales de junio. Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personó en la sede de la Sociedad de Promoción de Las Palmas tras una denuncia del PP ante la Fiscalía Anticorrupción que advertía de presuntas irregularidades en varias adjudicaciones realizadas por esta empresa pública. Las presuntas anomalías trascienden la etapa de la exministra en la alcaldía, ya que principalmente se remontan a la etapa de su predecesor, el también socialista Augusto Hidalgo.
Los populares consideran que en los últimos años se han fraccionado contratos de manera «sistemática» y se ha abusado de los procedimientos para eludir las normas de contratación del Sector Público. Las alarmas se encendieron con la organización del último carnaval, cuando observaron cómo la Sociedad de Promoción había realizado dos adjudicaciones por valor de 676.000 euros a través del procedimiento negociado sin publicidad, un método reservado para contratar aquellos servicios que solo pueden suministrar una determinada empresa.
