El Parlamento cántabro recurre la ley de amnistía tras el acuerdo aprobado por PP y Vox
Considera que es una norma «no cierra heridas ni cierra conflictos sino que los perpetúa»
La presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta | Juanma Serrano (Europa Press)
El Parlamento de Cantabria ha recurrido la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, tras el acuerdo en ese sentido que aprobó la Cámara regional en junio a propuesta del PP, con el apoyo de Vox, la abstención del PRC y el voto en contra de los socialistas.
Su presidenta, María José González Revuelta, ha explicado en rueda de prensa que el recurso se presentó el viernes y es el segundo que interpone la Cámara autonómica en toda su historia, lo que considera «un signo de su excepcionalidad y trascendencia». El recurso anterior se presentó en 1992 contra la ley de protección de las marismas de Santoña.
El Gobierno de Cantabria, del PP, también anunció un recurso contra la ley, que sigue su propia vía. Los argumentos del Parlamento para recurrir son la vulneración del principio de igualdad entre los españoles. En su opinión, con esta ley «se libera de responsabilidad política a delincuentes por su ideología», eximiéndoles de cumplir la ley.
Según González Revuelta, el Parlamento pretende defender la igualdad de los cántabros y frenar «el abuso» de una ley que «no cierra heridas ni cierra conflictos sino que los perpetúa».
La Cámara regional esgrime también en su recurso que la amnistía no puede ser aprobada por ley orgánica y no está reconocida en la Constitución como una potestad excepcional. Y que se ha vulnerado el derecho fundamental de participación al no haberse designado una ponencia dentro del procedimiento para aprobar la norma.
«Los independentistas deben responder de sus actos como cualquier otro ciudadano que comete una infracción penal», ha subrayado su presidenta. González Revuelta confía en que el Tribunal Constitucional admita a trámite el recurso y atienda los argumentos del Parlamento, que tiene la obligación, ha dicho, de actuar en defensa de los derechos de los ciudadanos cuando sean vulnerados.
