La Guardia Civil enviará a la Fiscalía «pruebas del cobro de comisiones» por parte de Ábalos
Según la investigación de la UCO, el exministro de Transportes habría recibido ‘mordidas’ a cambio de favores
José Luis Ábalos. | Archivo
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de la investigación del caso Koldo, ha elaborado un detallado informe que será remitido próximamente a la Fiscalía Anticorrupción y que incluye una serie de pruebas que implicarían al exministro José Luis Ábalos en una supuesta trama de corrupción. Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por THE OBJECTIVE, dicho informe demuestra de manera clara la participación de Ábalos en el «cobro de comisiones».
Los agentes de la Guardia Civil involucrados en el caso no albergan dudas acerca de la gravedad de las pruebas reunidas. De hecho, consideran que el contenido del documento es lo suficientemente sólido como para justificar que se eleve una exposición razonada ante el Tribunal Supremo, solicitando formalmente la imputación del que fuera número tres del PSOE y ministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez.
Las mismas fuentes subrayan que el informe de la UCO, por su nivel de detalle, proporciona indicios suficientes para sustentar esa solicitud ante el Alto Tribunal, ya que supuestamente demuestra «con pruebas» cómo determinadas empresas pagaron mordidas a Ábalos a cambio de favores del ministro.
Ábalos, acorralado
El cerco, pues, se estrecha sobre José Luis Ábalos, conocido entre algunos de los involucrados en el ‘caso Koldo’ como el «súper jefe», según los mensajes que los investigadores presuntamente han interceptado en el marco de la investigación. Este nuevo informe, que involucra directamente al exministro de Transportes, ha sido elaborado tras un minucioso análisis del material incautado durante todas las entradas y registros practicados en febrero de este año, cuando estalló la operación.
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El caso Koldo gira principalmente en torno a dos contratos clave relacionados con la compra de material sanitario en el contexto de la pandemia de Covid-19. El primero de estos contratos corresponde a la adquisición de ocho millones de mascarillas por parte de la empresa pública Puertos del Estado, un organismo dependiente del Ministerio de Transportes. Este contrato fue adjudicado el 21 de marzo de 2020 y tuvo un coste total de 20 millones de euros. La adjudicación se justificó alegando una «urgencia extrema» derivada de la necesidad de disponer rápidamente de material para afrontar la crisis sanitaria.
El segundo contrato relevante se otorgó el 27 de marzo de 2020. En este caso, el gestor ferroviario ADIF, también dependiente de Ábalos, adjudicó un contrato para la compra de mascarillas a la misma trama, esta vez por un valor de 12,5 millones de euros. Durante su declaración ante la Guardia Civil, la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera afirmó que, aunque no recibió órdenes directas, sí sintió una fuerte presión por parte del ministro y su equipo para que la adjudicación se realizara con la mayor celeridad posible, con el fin de garantizar la disponibilidad inmediata de mascarillas.
Además, los agentes también investigan las concesión de obras públicas ferroviarias por valor de seis millones de euros a empresas que habrían hecho pagos a la mujer de Koldo García, así como la adjudicación de un contrato de 14.999,8 euros a una empresa de Ignacio Palomo, ginecólogo de la familia de Ábalos, con quien viajó a la República Dominicana en 2021, según desveló THE OBJECTIVE. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que estos últimos contratos están adquiriendo mayor relevancia dentro del caso a medida que avanza la investigación.
Auditoría del Ministerio
Hace unas semanas el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno recibió una auditoría interna encargada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que se analizaban los dos contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión. Este dosier revelaba que se amplió la cantidad de mascarillas contratadas a la trama de cuatro a ocho millones de unidades en apenas 38 minutos, cuando ya se había firmado la primera orden ministerial del 20 de marzo de 2020. Además, ese informe oficial cuestiona que todo el material comprado por el Ministerio de Transportes hubiera sido finalmente entregado.
Por su parte, Ábalos ha contraatacado para evitar su imputación. Así, ha solicitado al juez que acepte su personación como perjudicado, dado que, «a pesar de no estar afectado por la investigación, siguen apareciendo informaciones y noticias que le afectan de forma personal y directa».
En su escrito, el exministro pone el foco en que ese informe era interno y «de forma deliberada por parte del Ministerio se ha procedido a su difusión pública». Entiende que esta acción, su publicación en la web del Ministerio, es «improcedente» y anuncia que ya ha solicitado otro informe pericial contradictorio que «viene a desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones que el citado informe proyecta y focaliza en su persona».
Imputación
Sin embargo, el fiscal anticorrupción elaborará un escrito basado en el informe de la UCO. Si las pruebas resultan ser tan contundentes como parecen, el fiscal solicitará al juez instructor que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo, el órgano encargado de investigar a Ábalos debido a su condición de aforado al ser diputado actualmente. Esto abriría la puerta a la imputación del exministro.
Además, hay que recordar que Iustitia Europa, que ejerce la acusación popular, ha pedido ya a la Audiencia Nacional que solicite la imputación de Ábalos, una vez terminada e incorporada a la causa la auditoría interna que el ahora titular del Ministerio de Transportes, Óscar Puente, encargó sobre la presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.
