La Rioja registra este martes el recurso contra la ley de amnistía en el Constitucional
Considera que la norma «vulnera la Constitución y quiebra los principios fundamentales del Estado»
Imagen de recurso de la sede del Tribunal Constitucional | Eduardo Parra (Europa Press)
La Rioja registrará este martes, 10 de septiembre, el recurso contra la Ley de Amnistía en el Tribunal Constitucional, según ha anunciado el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez. Entre otras cuestiones, se presenta porque «vulnera la Constitución y quiebra los principios fundamentales del Estado».
Domínguez ha realizado este anuncio en la comparecencia de prensa en la que se ha dado cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Ayer fueron otras cinco comunidades, con gobiernos autonómicos del PP, los que presentaron dicho recurso- Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia- a los que se sumó el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, liderado por el socialista, Emiliano García-Page, mientras que está mañana lo ha anunciado también la Junta de Castilla y León, según recoge Europa Press.
El portavoz del Ejecutivo riojano ha recordado que hace dos meses cuando se promulgó la conocida como Ley de la Amnistía, se solicitó un dictamen al Consejo Consultivo de La Rioja para que «nos asesorara sobre la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad frente a esta ley». Ha añadido que se recibió dicho dictamen, a finales de julio, que «era favorable y recomendaba la interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a esta Ley».
A partir de ahí, ha señalado Domínguez, los servicios jurídicos «estuvieron analizando los argumentos presentados por el Consejo Consultivo y analizando también el resto de argumentos que existían acerca de la previsible inconstitucionalidad de la Ley de la Amnistía». Con ello, «el Gobierno de La Rioja ha acordado hoy autorizar a los servicios jurídicos a interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Amnistía, que será interpuesto en el mismo día de hoy ante el Tribunal Constitucional».
Ha señalado que en los argumentos se cita que «la Ley de Amnistía supone la quiebra de algunos principios fundamentales de la organización territorial del Estado, y además, supone no solo una amnistía penal, sino una amnistía dineraria, de todas aquellas condenas por delitos de malversación, que existen en cuanto a los elementos más característicos del proceso».
«Esto -ha añadido- afecta a la Hacienda del Estado español y, por tanto, también afecta a la Hacienda de las Comunidades Autónomas». Tanto el Consejo Consultivo como el Gobierno riojano entienden que la Ley «vulnera varios aspectos y varios apartados de la Constitución española».
Domínguez ha explicado que «la tramitación de la norma adolece de importantes defectos, incluidas vulneraciones constitucionales puestas de manifiesto por organismos e informes», entre ellos, el Consejo de Europa a través de la Comisión de Venecia, el Consejo General del Poder Judicial y la Secretaría General del Senado.
En concreto, el portavoz del Gobierno riojano ha subrayado que «los procedimientos legislativos acelerados no son apropiados para la adopción de leyes de amnistía dada su naturaleza controvertida, y, en este caso, se utilizó la proposición de Ley y el procedimiento de urgencia, de manera que se omitieron informes de órganos consultivos en una Ley de indudable trascendencia constitucional».
Además, «la amnistía no aparece regulada ni mencionada en la Constitución», porque «fue voluntad del legislador no incluirla» y, en cualquier caso, del hecho de que no figure en la Carta Magna «no se puede interpretar que las Cortes Generales tienen total libertad para decidirlo todo, menos lo expresamente prohibido por la Constitución». «La prohibición de indultos generales en la Constitución -ha incidido- abona esta idea». Por ello, la regulación de la amnistía «exigiría previamente una reforma constitucional en forma y fondo, no de forma encubierta y fraudulenta».
Por último, Alfonso Domínguez ha advertido de que esta Ley «dinamita decisiones firmes adoptadas por el poder judicial», quiebra el principio de igualdad jurídica, así como el de seguridad jurídica, al actuar en un ámbito amplio e indeterminado, y manifiesta una rotunda arbitrariedad puesto que solo tiene una concreta y evidente finalidad: obtener los 7 votos de Junts per Catalunya para la investidura del presidente del Gobierno de España».
Recusación de magistrados
Por otra parte, preguntado por si el recurso de La Rioja incluye la recusación de algunos magistrados del Tribunal Constitucional, el portavoz del Ejecutivo riojano ha señalado que «no la incluye por diferentes argumentos presentados por los servicios jurídicos y porque tampoco es una cuestión por la que se haya pronunciado el Consejo consultivo, pero, desde luego, el Gobierno de La Rioja estamos de acuerdo en que hay razones para la recusación».
Por tanto, el Gobierno de La Rioja «se adherirá a las recusaciones presentadas por otros Gobiernos y por otras instituciones cuando llegue el momento ante el Tribunal».
