El hombre acusado de pintar una esvástica junto a una sinagoga en Madrid irá a juicio
La Fiscalía pide 15 meses de prisión por un delito contra la dignidad de la Comunidad Judía madrileña
El Ministerio Público de Madrid ha presentado una solicitud para condenar a 15 meses de prisión a J. G. A., acusado de pintar una cruz esvástica nazi de considerable tamaño en un bolardo cercano a una sinagoga en Madrid. Este suceso, que tuvo lugar en la madrugada del 31 de julio de 2021, ha llevado al acusado ante la justicia, enfrentándose ahora a un juicio que se celebrará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid.
El fiscal ha catalogado el acto como un delito contra la dignidad, argumentando que el acusado, «movido por sus prejuicios hacia las personas de fe judía», eligió deliberadamente un lugar y un momento de alta visibilidad y presencia de personas para realizar la pintada. Esta acción no solo buscaba denigrar a la comunidad judía sino que, según la Fiscalía, trivializa el genocidio judío y exalta figuras y regímenes de trágica memoria histórica.
Indemnización
La repercusión de este acto fue inmediata, provocando un profundo desasosiego entre los miembros de la comunidad judía local. El símbolo, que representa al partido Nacional Socialista Alemán, es un doloroso recordatorio de la persecución y el exterminio sufrido por millones de judíos. Ante la gravedad del hecho, el Ayuntamiento de Madrid intervino rápidamente para eliminar la pintada, incurriendo en un gasto de 25 euros, por el cual ahora se solicita compensación.
Además de los costes de limpieza, la Fiscalía ha pedido una indemnización de 1.500 euros para la Comunidad Judía de Madrid, como compensación por los daños morales ocasionados. Este caso resalta la importancia de la tolerancia y el respeto entre comunidades en una sociedad diversa y plural como la de Madrid.
La comunidad espera que este juicio sirva no solo para sancionar al culpable sino también para reafirmar el compromiso de la sociedad con los valores de respeto y convivencia pacífica. La respuesta legal ante estos actos es fundamental para preservar la dignidad de todas las personas y colectivos que forman parte de la ciudadanía madrileña.