El agente de la UCO que supervisó el 'caso Zaplana' en Antifraude volvió luego a su puesto
Los informes elaborados fueron claves para acusar al expresidente valenciano en la investigación de la trama Erial
Eduardo Zaplana
Los recientes cambios en la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana han generado cierta atención debido a eventos pasados en la institución. Con la llegada del nuevo director, Eduardo Beut, se ha producido una reestructuración significativa. Beut ha destituido al número dos y tres –Gustavo Segura, quien hasta entonces ocupaba el cargo de director de Investigación y también había sido interventor en Mislata, y Teresa Clemente, que era directora adjunta– por actuar con «secretismo y deslealtad». Esta medida ha revivido la memoria de ciertos episodios anteriores vinculados a la agencia.
Un caso relevante que resurge es el de Marcial González, un agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta unidad fue la encargada de investigar el caso Erial, el cual se centró en presuntas irregularidades en las concesiones de ITV y parques eólicos. El caso Erial involucró al expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana. La investigación comenzó en el año 2015. En 2019, Marcial González fue nombrado director de Análisis e Investigación en la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de Valencia.
En su nuevo puesto, González tenía la responsabilidad de supervisar la elaboración de un informe crucial sobre las irregularidades investigadas en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia. Este informe era de suma importancia para el avance del caso en cuestión. Sin embargo, solo nueve meses después de asumir su nuevo cargo en la agencia antifraude, González regresó a su puesto en la Guardia Civil. Este retorno ha suscitado inquietudes sobre la imparcialidad del informe que supervisó. Fuentes consultadas por THE OBJECTIVE han señalado que, dado que González había estado previamente involucrado en la investigación judicial, podría cuestionarse la independencia del análisis realizado en su nueva posición.
Encargo a Antifraude
El 28 de mayo de 2018, el fiscal Pablo Ponce solicitó al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, encargado del caso Erial, encargar un informe a la Agencia Antifraude de Valencia sobre las presuntas irregularidades que se estaban investigando en la causa entonces secreta.
Rezaba el escrito: «El fiscal en las diligencias previas 3568/15, declaradas secretas, y a la vista de la investigación que se lleva en dicho procedimiento, existiendo una importante fuente de documentación que resulta necesario analizar y que afecta a dos extensos y voluminosos expedientes de contratación administrativa, se hace preciso contar con el auxilio de personal especializado y cualificado en dicha materia a los efectos de auxiliar a los agentes de la UCO en el análisis forense de dicha documentación».
En su escrito, el representante del Ministerio Público solicitó a la instructora del caso que encargara a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana proporcionar los elementos necesarios y el personal adecuado para llevar a cabo un informe sobre las licitaciones en los parques eólicos en 2003 y las ITV en 1997. La juez aceptó esta solicitud y encargó el trabajo a la Agencia Antifraude.
Vuelta a la UCO
En febrero de 2019, mientras se encontraba en pleno proceso de elaboración de los informes solicitados, el agente de la UCO, Marcial González, fue nombrado director de Análisis e Investigación en la Agencia Antifraude. Entre sus responsabilidades en el nuevo puesto estaba la supervisión de los documentos que se estaban elaborando para el juzgado.
De manera coincidente, en noviembre de 2019, cuando los informes estaban a punto de ser finalizados, el agente de la UCO abandonó la institución debido a «problemas burocráticos». Joan Llinares, que era el director de la Agencia en ese momento, bajo el Gobierno de Ximo Puig, alegó que había «inconvenientes administrativos» que impedían que el guardia civil continuara en su puesto. El Ministerio de Defensa, al cual González estaba vinculado, le negó de manera repentina la condición de servicios especiales que permitía su permanencia en Antifraude. Así, Gustavo Segura consideró el cargo y recopiló los extensos informes, que tenían más de 120 folios cada uno, y los presentó en el Juzgado el 24 de enero de 2020, según la documentación que obra en la causa.
El abogado Saturnino Suanzes, que se representa a sí mismo en el caso Erial, preguntó en el juicio sobre este extremo a los funcionarios que habían elaborado el informe. «En cuanto al informe de los parques eólicos y de las ITV, ¿conocen ustedes a don Marcial González?», preguntó. «Marcial González era el director…», contestó el funcionario. Pero la respuesta fue interrumpida antes de que pudiera completarse la frase.
