Llarena ve un posible delito en la no detención de Puigdemont y envía la causa a Barcelona
El juez considera que no se puede excluir «la participación de otros responsables no aparentes»
Carles Puigdemont. | Marti Segura Ramoneda (Zuma Press)
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha enviado a los juzgados de Barcelona los informes policiales relacionados con la entrada en España, y posterior huida, del expresidente catalán Carles Puigdemont el pasado agosto sin ser detenido, ante la posibilidad de que se cometiesen varios delitos.
El magistrado, que no tiene competencias para investigar estos hechos, considera que no se puede excluir «la participación de otros responsables no aparentes en los delitos» de omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento. Es más, los informes apuntan a «la posible participación de tres individuos en la fuga».
No obstante, Llarena entiende que su contenido «impide excluir la participación de otros responsables no aparentes en los delitos previstos en los artículos 408 y 451.3.b del Código Penal», que castigan la omisión del deber de perseguir delitos y el encubrimiento cometido por parte de funcionarios.
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) remite los informes «a los efectos legales oportunos» porque el TS carece de competencia para investigar los hechos del pasado 8 de agosto en Barcelona. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que el TS requirió dichos informes al considerar que el alto tribunal merecía una explicación oficial sobre lo ocurrido aquel día.
En la providencia emitida este mismo jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor del ‘procés’ indica que «los informes aportan una explicación detallada de las circunstancias en las que se produjo la aparición pública del procesado rebelde y de las razones por las que no fue detectada su entrada/salida de España y no pudo materializarse su detención». En concreto, señala que el informe de la policía autonómica manifiesta «la dificultad de abordar la detención del procesado en el seno de la aglomeración de personas a la que se incorporó».
Se le pudo detener
No obstante, Llarena considera que «los informes no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detección del procesado rebelde en su tránsito hasta el lugar donde se unió a esa aglomeración de personas que le esperaban, ni la imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance, hasta el punto de que se materializó su fuga del territorio nacional».
Fue el pasado 8 de agosto cuando Puigdemont, coincidiendo con la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de Cataluña, reapareció en Barcelona después de pasar más de seis años huido de la Justicia, que le procesó en rebeldía por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El líder independentista pronunció un discurso ante los manifestantes convocados por Junts en los alrededores del Parlament y, tras ello, se le perdió la vista. Finalmente, se supo que había vuelto a huir a Waterloo.
