Piden al juez que investigue si las mascarillas de Ábalos se vendieron en el mercado negro
Una acusación popular solicita abrir una pieza separada para averiguar el destino de los cubrebocas
El exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García. | Ilustración de Alejandra Svriz
Una pieza separada para averiguar el destino de las mascarillas que adquirió José Luis Ábalos a la empresa investigada en el caso Koldo. Esa es la petición que ha realizado este jueves Liberum, una de las acusaciones populares. Lo hace tras conocer las últimas testificales ante el juez y las conclusiones de la auditoría encargada por el ministro de Transportes, Óscar Puente. El informe solo acredita el reparto de cinco millones de mascarillas de los 13 que se compraron a Soluciones de Gestión. La asociación sostiene que no se puede descartar «un desvío para su posterior venta en el mercado, generando así pingües beneficios».
Liberum considera «necesario y útil» para la investigación que se aclare la cadena de custodia de las mascarillas que compró el departamento que dirigía Ábalos. Solicita al magistrado Ismael Moreno que, además de incoar una pieza separada, cite a declarar en calidad de testigo al director comercial de Globalia en marzo de 2020; a la hermana de su antiguo CEO, Javier Hidalgo; a un alto cargo de Correos; otro de Transportes y al propietario de Raminatrans, la empresa que debía distribuir parte de los cubrebocas.
El escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, también demanda que se libre un oficio para requerir al Ministerio de Sanidad que aporte los albaranes o actas de recepción de 1,6 millones de mascarillas que puso a su disposición el departamento de Ábalos. También pide que se libre otro oficio para solicitar a Aena que identifique los vuelos que transportaron los cubrebocas de Soluciones de Gestión. Liberum considera que muchos pudieron ser desviados. Se basan en las «contradicciones» que manifestó Hidalgo durante su declaración.
La compra de Ábalos
La auditoría que publicó Transportes el 23 de agosto advierte de la falta de control en el reparto de mascarillas durante la etapa de Ábalos. El informe reconoce que solo ha podido acreditar con documentos el reparto de cinco millones de mascarillas de las 13 adquiridas a la empresa investigada en el caso Koldo, por lo que ocho millones carecen de justificantes de entrega. El dictamen apunta directamente al exministro, que habría duplicado de cuatro a ocho millones la compra de cubrebocas a Soluciones de Gestión en apenas media hora.
El informe divide las mascarillas que adquirió Ábalos al inicio de la pandemia en tres bloques: el 50% tenían como destino «las entidades públicas en el ámbito de transporte terrestre» y la otra mitad, el «sector del transporte terrestre y al personal del MITMA [Ministerio de Transportes]», todas ellas adquiridas por Puertos del Estado. En total, ocho millones, aunque no existe constancia de que se distribuyeran a sus destinatarios finales 6,8 millones.
Del tercer bloque tampoco se acredita el reparto de 1,1 millones de mascarillas de los cinco millones que compró Adif. A pesar de ello, Transportes pagó el 100% de las mascarillas a través de Puertos del Estado. Liberum da un paso adelante después de que las últimas testificales ante el juez no hayan aportado luz sobre el contenido de la auditoría de Transportes. Entre las alegaciones revela que faltan albaranes de entrega de los ocho millones de mascarillas que se encargó distribuir a Raminatrans y a Correos.
«Para esta acusación, la pérdida de cadena de custodia en las mascarillas adquiere gran relevancia en estas diligencias de investigación. Si merecen nuestra atención procesal las supuestas comisiones recibidas por funcionarios del Estado o el supuesto desvío de capital a terceros países, ha de esperarse el mismo interés sobre (…) el destino final de la mercancía adquirida con dinero público: las mascarillas», señala el escrito de Liberum.
Las entregas de Raminatrans
Álvaro Sánchez Manzanares, número dos de Puertos del Estado en el momento de la compra, afirmó en su declaración que contrató con Soluciones de Gestión por sugerencia de Francisco Toledo, presidente de la entidad pública. Como el investigado se acogió a su derecho a no declarar a las preguntas de las acusaciones populares, fue imposible preguntarle por qué Raminatrans o Transportes no disponen de los albaranes que certifiquen la entrega de 2,8 millones de mascarillas de los cuatro millones que conformaban el primer lote.
Toledo tampoco aclaró en su declaración por qué se contrató a Raminatrans para distribuir parte de la mercancía. Además de desconocerse la trazabilidad de las mascarillas que esta empresa debía entregar, tampoco hay constancia del paradero de otros 1,1 millones de cubrebocas pertenecientes al bloque de Adif. Liberum considera necesario conocer si este material sanitario llegó a su destino final o la ausencia de actas de entrega «fue fruto de una pésima gestión de control o de un interés espurio».
La asociación subraya que la declaración del propietario de Raminatrans es necesario para aclarar por qué faltan las actas de recepción de 2,8 millones de mascarillas del primer envío y otros 1,1 millones de las destinadas a Adif, no solo por la auditoría interna, también «por las repercusiones económicas que supone». Liberum aporta una serie de correos electrónicos que demuestran que, para obtener el reembolso por parte del ministerio y del resto de organismos destinatarios, era necesario disponer de los oportunos albaranes de recepción.
Los correos intervenidos señalan que Raminatrans era la encargada de la recepción y luego aconseja que sea Adif quien registre «el personal de la entidad que participe en el acto de entrega». La propia empresa envía un correo electrónico a un alto cargo de Transportes el 31 de marzo de 2020 en el que expone las vicisitudes del primer vuelo para reconocer una diferencia entre la cantidad de mascarillas esperada y la finalmente cargada. Ofrece como solución sus almacenes «de manera que la redistribución no afecte a las rutas ya previstas».
Sin actas de cesión
«Todo lo expuesto acredita la importancia que los responsables de Adif otorgaron a los albaranes o actas de entrega de las mascarillas», insiste el escrito. Sin estos, sería imposible su reembolso. Para Liberum, esa falta documental «pudo deberse a su desvío a otros destinos ajenos a los contratados». Tampoco queda acreditada la entrega de cuatro millones de mascarillas a sus destinatarios por parte de Correos, aunque este ente público emitió un certificado de distribución fechado el 17 de diciembre de 2020. No obstante, no se dispone de actas de cesión a las comunidades autónomas ni a las empresas ferroviarias.
Liberum también pone de relevancia la incongruencia en el número de fletes contratados con Air Europa para transportar los cubrebocas que compró Ábalos. En su declaración del pasado 12 de septiembre, Javier Hidalgo ofreció tres cifras distintas. Para la asociación cobra sentido la posibilidad de que «buena parte de las mascarillas adquiridas con dinero público finalmente pudieran tener un destino diferente, produciendo pingües beneficios, en caso de confirmarse mediante las oportunas diligencias».
Hidalgo, entonces CEO de Globalia, reconoció que el grupo no disponía de un protocolo ni de un encargado para recepcionar las mascarillas. En opinión de Liberum, eso supuso que el contratista, el también investigado Víctor de Aldama; Koldo García (asesor de Ábalos) u otros responsables de Transportes pudieran dar órdenes o instrucciones para el desvío de algunos de esos vuelos. Hidalgo también patinó sobre la persona que dirigía el holding, dio un nombre equivocado, ya que en ese momento ese cargo lo ostentaba su hermana, cuya testifical se solicita ahora.
La auditoría que encargó Puente desvela que Aldama «negociaba aviones» por orden de Ábalos. Además, afirma que constan emails de Raminatrans informando a Puertos del Estado de que su asesor les daba instrucciones directas desde el aeropuerto de Barajas sobre el destino de las mascarillas. «Todo esto acredita que Koldo García se arrogó la autoridad de decidir el destino final de la mercancía», insiste Liberum. La asociación considera «lógico» preguntarse si este u otra persona designada «dio instrucciones u órdenes para desviar el destino de las mascarillas».
