Estados Unidos autoriza a embargar activos españoles por los impagos de las renovables
La compañía afectada ha detectado bienes para incautar por valor de más de 5.000 millones de euros
Planta de energía eólica al noroeste de China. | Hu Huhu (Xinhua News)
Seria amenaza para los bienes de España en Estados Unidos. Un tribunal federal ha autorizado la ejecución de un laudo que favorece a una de las compañías afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables hace más de una década. La japonesa JGC Corporation podrá iniciar ahora procedimientos de embargo de activos españoles en este país para recuperar el dinero pendiente, que asciende a 23,5 millones de euros. El proceso de identificación de activos embargables ha aflorado bienes por valor de más de 5.000 millones, según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Los laudos condenatorios para España alcanzan ya los 1.800 millones de euros. Se han presentado 52 procedimientos contra nuestro país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), de los que 26 han sido satisfactorios para los demandantes. Sin embargo, los afectados siguen sin recibir un solo euro. Muchos de ellos han optado por acudir a los tribunales ordinarios. Reino Unido, Bélgica y Australia ya han decidido embargar activos españoles para contrarrestar los impagos, entre los que destacan las sedes del Instituto Cervantes.
El Ciadi reconoció una indemnización de 23,5 millones de euros para JGC Corporation, a los que hay que sumar los intereses de demora y el reembolso de los costos legales del proceso. El arbitraje, que giró en torno a dos plantas termosolares ubicadas en Andalucía, arrancó en 2015 y finalizó en 2021. Sin embargo, el Gobierno español se ha negado hasta ahora a abonar la compensación.
La justicia de Estados Unidos
La Abogacía del Estado lleva años defendiendo que el derecho comunitario europeo no permite el pago de indemnizaciones decretadas en los arbitrajes internacionales que surgieron tras la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables. Sin embargo, las empresas afectadas sostienen que los laudos emitidos a su favor tienen plena cobertura legal bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Muchas de las compañías afectadas decidieron entonces llevar sus casos a la justicia ordinaria de terceros países.
La sentencia que acaba de emitir la Corte de Distrito a favor de JGC Corporation rechaza los argumentos de España, que alegaba la falta de jurisdicción del tribunal y la incompatibilidad con la legislación de la UE. Los jueces estadounidenses han entendido que el laudo debe ser reconocido y ejecutado de la misma manera que una sentencia emitida por la justicia del país norteamericano, conforme dicta la legislación en vigor y los compromisos internacionales asumidos por los países firmantes del convenio Ciadi, donde se comprometen a reconocer y registrar los laudos para garantizar su pago.
La decisión dictada por el magistrado Rudolph Contreras avanza en la línea que marcó la Corte del Distrito de Columbia este mismo verano, cuando emitió un fallo en el que tumbaba la pretensión de España de detener este tipo de denuncias alegando que la justicia estadounidense debería quedarse al margen de los impagos a las renovables. Los afectados sostiene que este fallo refuerza su capacidad para solicitar embargos en Estados Unidos, como ya ocurre en Reino Unido, Bélgica y Australia, aunque este último no ha puesto en marcha procesos de incautación debido a que las empresas afectadas han priorizado otras actuaciones.
Este mismo verano, la organización que se encarga de gestionar el tráfico aéreo en el continente, Eurocontrol, congeló 83,7 millones que debía abonar a España. La justicia belga ordenó a mediados de junio embargar los pagos si nuestro país seguía sin hacer frente a las indemnizaciones reconocidas por la retirada de ayudas a las energías renovables. La mayor parte de la cantidad bloqueada, casi 80 millones, corresponde a pagos pendientes a la principal accionista de Aena, aunque también se confiscaron otros 3,7 millones destinados al Ejército del Aire.
El origen de la disputa está en 2007, cuando el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Las ayudas suponían que los inversores consiguieran una gran rentabilidad con sus proyectos. Gracias a esa fórmula se captaron 70.000 millones de capital foráneo. Seis años más tarde, Mariano Rajoy eliminó las primas de manera retroactiva y las empresas comenzaron a solicitar indemnizaciones para paliar sus pérdidas.
