La Abogacía del Estado se une a los 'indepes' y pide no destruir pruebas del atentado del 17-A
En su recurso ante la Audiencia Nacional manifiesta «respetuosa discrepancia» con la decisión de liquidar dichas pruebas
Audiencia Nacional. | Europa Press
La Abogacía del Estado ha solicitado a la Audiencia Nacional que paralice la destrucción de una prueba del atentado yihadista que tuvo lugar en Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017 y que tanto los Mossos d’Esquadra como la Fiscalía pidieron liquidar. El escrito de la letrada Zaida Isabel Fernández Toro sostiene que, a la luz de la presentación de nueva demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado por este atentado, «interesará un nuevo examen» del material. La Audiencia Nacional, en una diligencia del pasado 18 de septiembre, había ordenado destruir dicha prueba tras haberse culminado las investigaciones judiciales relativas al ataque terrorista.
La Abogacía del Estado ha presentado este lunes un recurso de reposición, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, para que se reexaminen los «indicios físicos» del vehículo Seat Ibiza II, con número de matrícula 2538 BWK, que fue utilizado por Younes Abouyaaqoub, el terrorista que accedió a Las Ramblas de la capital catalana y acabó con la vida de 17 personas y dejó 350 heridos. El vehículo en cuestión es propiedad de Omar Abouyaaqoub, padre de Younes, que autorizó su «achatarramiento» una vez el caso fue cerrado por el Tribunal Constitucional. Younes Abouyaaqoub fue abatido días después por la policía autonómica tras huir de Barcelona en un coche robado.
El hecho de que un familiar de una de las víctimas del atentado haya elevado un recurso ante el tribunal europeo para analizar al detalle la «conexión» entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, considerado el jefe de la célula terrorista, ha propiciado que la Abogacía mueva ficha para evitar que se destruya la prueba.
«Esta circunstancia, de admitirse a trámite la demanda ante el TEDH, podría implicar el análisis de pruebas y evidencias del Sumario, por lo que en virtud de una posición de cautela y prudencia, esta parte se ve obligada a interesar, a través de un recurso de reposición, que se conserven las evidencias, que subsisten, hasta que quede culminada toda vía posible de resolución de las actuaciones que nos ocupan», expone la letrada en su recurso.
Fiscalía y Mossos piden su destrucción
De esta forma, se alinea con el recurso de casación interpuesto en su momento por el recurrente ante el Tribunal Constitucional para, según rezaba el texto, «intentar aclarar puntos oscuros que se han vuelto esenciales para el devenir de la resolución de la totalidad de estos atentados terroristas, al margen de los hechos ya sentenciados».
El equipo legal que ha llevado el caso a Estrasburgo desconfía de la versión oficial de los atentados y cuenta ahora con el aval de otra de las partes para evitar que se destruyan pruebas. Si bien la Abogacía del Estado no comparte estos argumentos, y muestra deferencia ante las conclusiones a las que llegaron en su día los Mossos d’Esquadra, con su recurso refuerza la tesis de que el atentado del 17-A no es un caso cerrado.
«Si bien esta parte es conocedora, tal y como informa el Ministerio Fiscal en su escrito de 16 de septiembre de 2024, que los indicios físicos del vehículo cuya destrucción se interesa están debidamente constatados en el correspondiente informe realizado por los Mossos de Escuadra (pieza dos) que obra en la presente causa, se manifiesta respetuosa discrepancia respecto a la decisión de destrucción», afirma la abogada del Estado.
«El papel del CNI»
En la demanda ante el TEDH, capitaneada por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, reclaman una «mayor aclaración oficial sobre el destino de Es Satty y sobre el papel del servicio de inteligencia español en el período previo a los ataques». Cuevillas, que hasta 2021 fue diputado de Junts per Catalunya en el Parlament, señaló una posible inacción o negligencia de los servicios secretos del Estado en la evitación de los atentados, dados los vínculos que el CNI mantenía con Es Satty.
De acuerdo con los demandantes, el Estado español habría vulnerado los artículos 2 y 13 del Convenio Internacional de los Derechos Humanos. Y destacan que «lo importante es el impacto que tuvo el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones procesales en el acceso del solicitante a otros recursos disponibles y efectivos para establecer la responsabilidad de los funcionarios u organismos del Estado por actos u omisiones que impliquen la violación de sus derechos».
Esta solicitud por parte de la Abogacía se produce poco antes de que el PSOE haya pactado con Junts per Catalunya la desclasificación de documentos del CNI sobre los atentados del 17-A.
